Costos y beneficios de la justicia internacional

El lunes se conocerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el límite marítimo entre Perú y Chile. Son 38.000 metros cuadrados que se encuentran en la frontera. Lo que decidan los jueces será de aplicación obligatoria para ambos países desde el mismo día de la sentencia. Es por ello que los temores chilenos son tan grandes y, a diferencia de sus vecinos, allí prima el pesimismo. “Nuestras autoridades deben tener siempre presente que las naciones deben pagar un precio por vivir en civilización”.

Matías Mori – América Economía

A medida que se acerca la fecha mencionada, en Chile aumenta la tensión sobre el resultado de este juicio, y surgen críticas, opiniones y teorías de variada profundidad intelectual acerca del mismo. Este procedimiento tiene un carácter técnico y no político. La sentencia será dictada por un cuerpo colegiado de alto prestigio internacional y acatarlo es el precio de la civilización que deben pagar las naciones.
La CIJ es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue creada en 1946 sucediendo a la Corte Permanente de Justicia Internacional. La CIJ se rige por un estatuto que es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas de acuerdo al cual desempeña una doble misión: (a) el arreglo conforme al Derecho Internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados; y (b) la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de la ONU que tengan autorización para hacerlo.

La CIJ se compone de quince magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en votación independiente, por un periodo de nueve años. La Corte no puede incluir a más de un nacional de un mismo Estado. Se debe destacar que los magistrados no representan a sus respectivos gobiernos, sino que son jueces independientes.

En el caso Perú vs. Chile está en el interés de los Estados cumplir con el fallo cualquiera sea su resultado. Nadie conoce su contenido, salvo los jueces que se pronunciarán sobre el fondo del asunto, y adelantar resultados es una mera especulación.

Las instituciones internacionales surgen de la necesidad de resolver problemas en los cuales permitir el actuar individualmente motivado deriva en resultados ineficientes para el colectivo. Son estas instituciones las llamadas a poner límites al accionar interno de los estados e impedir que la política doméstica actúe inspirada por su interés particular. En el caso que comentamos, los incentivos de política interna podrían estar en ampliar las fronteras de cada uno de los países en controversia. De permitirse dicho actuar -en ausencia de regulación- se podría llegar al a resultados no deseados como el extremo de agresiones armadas.

El fallo debe cumplirse atendida la importancia de la reputación internacional de los países. El Estado que cumple podrá invocar en el futuro tratados internacionales en particular ante infracciones por parte de terceros. Finalmente, contar con una reputación saludable en esta materia permite a los Estados alcanzar acuerdos futuros con otros Estados lo cual puede ser de suma importancia. Una política exterior de aislamiento de la comunidad internacional no se condice con los tiempos que vivimos y experimentos en esta dirección han demostrado con creces su fracaso.

En los próximos días conoceremos la decisión final de la Corte, se abrirán nuevas instancias necesarias de debate, y también veremos a grupos políticos avanzar sus idearios con la finalidad de obtener ventajas específicas de corto plazo. En ese escenario, es preciso mantener la cabeza fría y ser racional en el análisis de los pasos a seguir. Nuestras autoridades deben tener siempre presente que las naciones deben pagar un precio por vivir en civilización.

 

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