Contra la liberación de represores de la dictadura Pinochet

Familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fueron hasta la Corte Suprema de Chile para reclamar contra la excarcelación en los últimos días de siete condenados por homicidios, desapariciones, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.

La agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó en el Palacio de Tribunales una carta dirigida al presidente de la Corte, Haroldo Brito, en la que manifiestan su malestar por la “grave y oprobiosa agresión a las víctimas y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado”.

En la nota, los familiares reclamaron no sólo por las excarcelaciones dictadas la semana pasada por la Sala Penal del máximo tribunal chileno, sino también por las bajas de penas que en general imponen los jueces a los agentes de Pinochet, “sancionándolos como si hubiesen cometido crímenes comunes”.

Sobre la libertad condicional otorgada la semana pasada a siete genocidas presos, la AFEP señaló que transgrede “el derecho interno y el derecho internacional”.

Lo ocurrido “es una situación extremadamente dolorosa y nos lleva a recordar los terribles 17 años de la dictadura, época en la que el Poder Judicial fue cómplice del plan criminal de una de las dictaduras más nefastas y tristes de nuestra historia”, manifiesta la carta.

Las víctimas no entienden “cómo sujetos que no tienen conciencia de sus crímenes causados, del daño causado y justifican hasta hoy la comisión de crímenes de lesa humanidad, se encuentren corregidos y rehabilitados para su incorporación a la vida en sociedad”, plantea el texto. Los familiares les pidieron a los jueces que dictaron las resoluciones que reflexionen “desde el derecho y desde lo ético”.

Además reiteraron que esos fallos “desconocen acuerdos y tratados en materias de derechos humanos, suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes, y normas consuetudinarias de derecho internacional”.

Mientras parlamentarios de oposición estudian la posibilidad de acusar constitucionalmente a los jueces autores de los fallos, “por notable abandono de sus deberes”, la misma Sala Penal de la Corte Suprema que otorgó las excarcelaciones negó hoy el beneficio solicitado por la defensa de un represor condenado.