Contra la comunidad LGTBI y las mujeres: Guatemala quiere prohibir el matrimonio igualitario y criminalizar aún más el aborto

Una iniciativa para restringir derechos agitan las elecciones legislativas en Guatemala. Un grupo de diputados desempolvó un viejo proyecto que buscan endurecer el castigo para el aborto, eliminar la educación sexual en las escuelas y poner un cerrojo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo. “Presenta serias inconsistencias con respecto a las normas sobre derechos humanos que afectan directamente el acceso a derechos de determinados grupos de personas, así como estigmatizan conceptos diversos de familia”, advirtió la ONU.

La polémica iniciativa 5272, titulada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, generó una disputa en el Congreso entre grupos conservadores y defensores de derechos humanos en plena campaña electoral para los comicios generales del 16 de junio.

El proyecto quiere intensificar los castigos con multas y cárcel para las mujeres que recurran a la interrupción de su embarazo, cuya práctica ya está prohibida en el país. Lo que busca es ampliar la pena, que actualmente es de 1 a 3 años de prisión (y, que pueden evitarse con el pago de una fianza), a 5 o 10 años sin pago de fianza. La otra parte de la controvertida iniciativa es plasmar en el código civil la prohibición definitiva para el matrimonio gay.

“Guatemala está siendo arrastrada por corrientes internacionales, especialmente tendencias que llegan a introducir a nuestros países temas como la ideología de género y entonces básicamente la ley lo que trata es de proteger a la familia de este tipo de corrientes”, justificó el diputado Aníbal Rojas, el principal impulsor del proyecto.

Rojas, del partido derechista Visión con Valores (VIVA), aseguró que tales “ideologías que vienen del extranjero” pretenden “degradar” a la sociedad introduciendo “temas como el aborto y el matrimonio homosexual”.

El proyecto fue presentado en 2017 y ha superado dos votaciones en el plenario legislativo, la última en agosto pasado. Reapareció en agenda la semana pasada para su discusión en tercer debate, por petición de grupos religiosos. Su aprobación requiere de al menos la mitad más uno de los 158 congresistas y Rojas asegura que cuenta con el respaldo de 80%, “tal vez un poco más”, de los parlamentarios.

La diputada Sandra Morán, de la bancada DIGNA, condenó el debate que se abrió en el Congreso. “Preocupa primero la ampliación de las penas en contra de la mujer, lo segundo es que incluso califican de delito el aborto natural y esto implicaría que los médicos en su conjunto se conviertan en policías”, señaló.

Morán consideró que Rojas y el resto de diputados que le apoyan buscan “ganar votos de la Iglesia evangélica y también de la Iglesia católica”, que abarcan 45% y 42% de los 17 millones de guatemaltecos, respectivamente, según encuestas privadas.

El proyecto también incluye definir como familia nuclear la formada por padre, madre e hijos, lo que Morán considera como discriminatorio a las familias diversas y monoparentales.

Con el resurgimiento de la iniciativa, la Procuraduría de los Derechos Humanos recordó al Congreso los compromisos internacionales que Guatemala ha adquirido “para abstenerse” de promulgar leyes que atenten contra los principios de no discriminación e igualdad ante la ley.

En esa misma línea, AI, exhortó a cada candidato a que demuestre “claramente su compromiso “con la creación y consolidación de una sociedad más justa, libre e igualitaria”.