«Uso desproporcionado de la fuerza»: la CIDH y Amnistía condenaron el decreto que da impunidad a las Fuerzas Armadas

Luego de que la autoproclamada presidente boliviana Jeanine Añez firmara un decreto para eximir a las Fuerzas de cualquier responsabilidad penal en la represión, los organismos de derechos humanos internacionales encendieron las alarmas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la medida “desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos y estimula la represión violenta” en tanto que Amnistía Internacional reclamó que sea derogado inmediatamente.

El decreto de Añez, que se filtró el fin de semana, deja exentos a los oficiales que transgredan la legislación nacional o la normativa internacional de derechos humanos, una decisión “grave” en tanto “contraviene la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, según denunció la CIDH.

La medida o del gobierno de facto en Bolivia que «promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente», y la autoproclamada presidenta Jeanine Añez «tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas», advirtió por su parte AI.

«La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo«, subrayó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Áñez, quien asumió al gobierno sin quórum reglamentario luego del golpe de Estado contra Evo Morales, firmó una norma que ampara a los efectivos que participen en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros «actúen en legítima defensa o estado de necesidad».

“La CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales”, indicó por su parte el organismo internacional.

El exceso de las fuerzas de seguridad

La CIDH condenó además “el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba”, sede de las protestas que se replican desde el golpe de Estado. El organismo compartió además un video dramático que muestra a cuatro personas fallecidas por el accionar represivo de las fuerzas.

“Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, recordaron, al tiempo que recordó al Estado su obligación de “asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente”.

De acuerdo al informe de su Sala Situacional (SACROI), solamente el viernes hubo por lo menos 22 personas heridas, cinco personas fallecidas atingidas por balas y tres periodistas agredidos en ejercicio de su profesión “durante intensa represión a las protestas sociales”.

Evo Morales repudió el decreto

Por su parte, el expresidente Evo Morales, asilado en México, denunció que las nuevas autoridades «en lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado».

Aseguró que el expresidente Carlos Mesa, «cómplice del golpe junto a (el líder cívico Luis Fernando) Camacho, intenta culparnos por las 24 muertes causadas por su ‘presidenta’ autonombrada«.

«El coautor del golpe que atentó contra nuestra vida, miente y dice que dejé vacante la presidencia. El asilo por político no es incompatible con el ejercicio del cargo. Mesa, Camacho y Áñez tienen miedo de que vuelva para pacificar el país porque quieren escarmentar al pueblo», acotó.