Confirman que las nenas argentinas asesinadas por el Ejército de Paraguay tenían 11 años

La Justicia paraguaya confirmó que las niñas argentinas asesinadas en el ataque al campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como había dicho un médico forense. La información fue confirmada por el fiscal Federico Delfino, que investiga el caso, y suscitó duros pronunciamientos de organismos internacionales.  

Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del gobierno paraguayo, a quienes se les achaca la responsabilidad de las muertes y malos procedimientos.

Una de las críticas partió del representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien hoy calificó la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.

El forense Cristian Ferreira había dicho que las edades de las niñas sería de entre 15 y 18 años, aunque ayer se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como había informado la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.

La mujer precisó que las fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.

Qué dijo el gobierno argentino

En un comunicado, la Cancillería argentina identificó a las dos niñas fallecidas como ciudadanas nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, ambas de 11 de años. “No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas”, advirtieron desde el Palacio San Martín.

Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, líder del EPP, había asegurado que las dos nenas habían nacido en Argentina y son hijas de Magna Meza y Liliana Villalba, respectivamente, y ambas de Osvaldo Villalba, todos ellos líderes del grupo insurgente.

“Fueron criadas como hermanas en Argentina, con su abuela en Misiones. Son nenas bien educadas, buenas estudiantes, jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte; nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres, ellas vivían en Argentina con su abuela”, dijo Oviedo.

Sin embargo, el general Héctor Grau, asesor del Comando en Jefe paraguayo, aseguró que los documentos argentinos que se publicaron hoy en la prensa paraguaya y que fueron verificados por la Cancillería argentina son falsos y aseguró que las menores fueron registradas de forma irregular en el territorio vecino.

“Lógicamente que Magna Meza y Osvaldo Villalba están en la clandestinidad, ellas –las fallecidas– nacieron así y lógicamente migraron con los tíos y familiares, donde obtuvieron documentos que tienen origen en la falsedad de datos, fueron inscritas de forma irregular en la República Argentina”, aseguró Grau en contacto con la radio Monumental 1080 AM.

En este marco, el Gobierno de Paraguay aseguró que el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) contra un campamento del EPP ubicado en Yby Yaú, en el norte del país, fue un “éxito”, a la vez que responsabilizó a la organización insurgente por la muerte de las niñas, que fueron expuestas “de manera cobarde”.

Críticas de los organismos de DDHH

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertaron que el enfrentamiento informado por el Gobierno presenta características inquietantes de un crimen de Estado. “Además de lo criminal del operativo, resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”, denunció el comunicado.

Para la Codehupy, el tono triunfalista con el que el Gobierno informó lo sucedido está más cerca de ser caracterizado como un acto de terrorismo de Estado que un logro en materia de seguridad.

“Es de por sí incompatible con todo principio de derechos humanos”, advirtió la organización, que exigió esclarecer el hecho y abrir nuevamente el debate sobre la modificación de Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, al igual que el decreto respectivo que instituye a las Fuerzas de Tarea Conjunta y permite el actuar de los militares en la seguridad interior.