Condenaron a seis ambientalistas en Honduras por una protesta contra una minera

Un juzgado de Honduras declaró culpables a seis ambientalistas que en 2018 participaron en una movilización contra la minera Los Pinares, que explota un yacimiento de óxido de hierro en la cercanía de una reserva natural, ubicada jurisdicción de Tocoa. Las penas contra los activistas podrían llegar a ser hasta de 14 años por que se les imputan los delitos de «daños y privación de libertad». Los organismos de derechos humanos ya condenaron la sentencia y denunciaron que están criminalizando a los ambientalistas.

El problema empezó en 2018, cuando el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa montó un campamento que obstaculizó el trabajo de la minera. En un enfrentamiento contra custodios de la empresa, un ambientalista resultó herido de bala y los manifestantes habrían respondido reteniendo al jefe de seguridad de la compañía, Santos Corea, e incendiando un vehículo. 

En Honduras, el país en el que fue asesinada Berta Cáceres por manifestarse contra los delitos ambientales, la Justicia decidió declarar culpables por estos hechos a Porfirio Sorto, Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Orbin Hernández y Ewer Cedillo, mientras fueron liberados Arnold Alemán y Jeremías Martínez, todos integrantes del comité. 

Los ambientalistas reclamaban a las autoridades que evaluaran las consecuencias ambientales que genera la minera. De acuerdo al comité, la instalación de la minera daña la reserva forestal y contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que bajan de la montaña y abastecen a unos 16.000 habitantes.

Con 96.755 hectáreas, el Parque Nacional Botaderos recibió el estatuto de «área protegida» en agosto de 2012. Pero un año después, tras una modificación aprobada por el Congreso, la minera se instaló en 217 hectáreas que fueron excluidas de esa protección. 

La reserva de Botaderos tiene 34 cuencas hidrográficas, alberga árboles de alto valor y especies exóticas, animales en peligro de extinción y restos arqueológicos prehispánicos.

La reacción nacional e internacional

«Este veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender los derechos humanos», criticó la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara.

“Debe anularse de forma inmediata. No cederemos de demandar a las autoridades hasta que sean liberados inmediatamente», enfatizó.

La comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, manifestó por su parte  «su preocupación por la sentencia condenatoria» y agregó que junto a otros organismos ya habían brindado recomendaciones “en aras de evitar el uso de tipos penales para criminalizar a defensores del medio ambiente».

«Este fallo expone al Estado de Honduras como un Estado adverso para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente y renuente a observar compromisos internacionales», añadió la funcionaria.

«Nunca se acreditaron las pruebas de que ellos fueran culpables de haber cometido los delitos», denunció el no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Con 96.755 hectáreas, el Parque Nacional Botaderos recibió el estatuto de «área protegida» en agosto de 2012. Pero un año después, tras una modificación aprobada por el Congreso, la minera se instaló en 217 hectáreas que fueron excluidas de esa protección.