Condena ejemplar para ex represor: 5160 años de prisión por delitos de lesa humanidad

La Justicia guatemalteca condenó a 5160 años de prisión al militar retirado Santos López Alonzo por haber participado en la masacre de la comunidad de Dos Erres en diciembre de 1982. El tribunal declaró por unanimidad que el sexagenario fue responsable del asesinato de 171 personas y le impuso 30 años por cada víctima más otros 30 por los delitos de lesa humanidad. La sentencia, que es simbólica porque las leyes del país sólo permiten 50 años de encarcelamiento, llegó a dos semanas de que se cumplieran 36 años de la brutal matanza.

De acuerdo al fallo, un comando integrado por 40 kaibiles (fuerza elite militar) llegó en 1982 a Dos Erre, en el municipio de La Libertad, buscando supuestamente armamento robado. Pero los kaibiles, que alegaron estar custodiando a la comunidad los tres días que estuvieron allí, violaron a mujeres y asesinaron a niños, hombres y ancianos, a quienes llevaron a un pozo en construcción para lanzarlos al fondo después de golpearlos en la cabeza con una maza. Los hechos sucedieron durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, quien falleció en abril de este año.

Solamente dos niños sobrevivieron a la masacre. Uno de ellos fue Ramiro Antonio Osorio Cristales, quien fue apropiado por López Alonzo. El niño fue inscripto “de forma anómala” en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, como Ramiro Fernando López García, de la misma forma que represores argentinos robaron la identidad a cientos de niños durante la última dictadura militar.

López Alonzo, que fue deportado de Estados Unidos en 2016, era juzgado por 199 asesinatos, pero la Justicia lo condenó por 171, la cantidad de cuerpos encontrados. La Justicia encontró al militar retirado culpable de asesinato, delitos contra deberes de humanidad y supresión y alteración del estado civil en concurso real.  “Conozco a este hombre. Todos los que llegaron, mataron. Lo vi. Un grupo se llevó a los hombres para fusilar a los hombres y otro grupo se llevó a las mujeres para matarlas”, declaró en el juicio uno de los sobrevivientes.

El equipo argentino de antropología forense argentino integró el grupo de peritos que participó de la exhumación de las víctimas hace más de 20 años. La argentina Silvina Turner también declaró en la causa en octubre y recordó el trabajo que realizó junto con un equipo de antropólogos en 1995.

“Debido a una denuncia en donde se documentaron a 222 víctimas se hicieron las excavaciones. El pozo tenía más de ocho metros de profundidad y había restos fósiles de niños y adultos”, aseguró Turner. Las excavaciones se realizaron en tres lugares: Pozo Arévalo, La Aguada y Los Salazares, donde fueron enterradas las víctimas después de haber sido asesinadas por kaibiles del Ejército.