Con los derechos humanos en la mira: Bolsonaro revisará las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

En otra provocación a los organismos de derechos humanos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro comunicó que auditará las indemnizaciones que cobran las víctimas de la dictadura que más de una vez reivindicó. La persona a cargo de revisar los pagos del Estado será la polémica ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia, Damares Alves. Según la funcionaria, los beneficios económicos que da la Comisión de Amnistía a personas que fueron presas, exiliadas y torturadas durante los años de plomo forman parte de la “farra de las indemnizaciones”.

“Siguiendo la determinación de transparencia y responsabilidad con los recursos públicos, prioridad de nuestro gobierno (…) se realizará una auditoría de los beneficios sospechosos concedidos a ‘víctimas de la dictadura’ por la Comisión de Amnistía”, escribió el presidente brasileño en la red social al confirmar el ajuste que se estaba rumoreando en los últimos días.

De acuerdo al diario Folha de San Pablo, esta medida se da en el marco de una Comisión paralizada por decisión del gobierno. La justificación, en palabras de la pastora Damares, es que “la dictadura militar acabó hace 35 años”. “Hay una gran confusión e información desencadenada acerca de lo que se ha concedido de indemnizaciones durante los años que el PT estuvo en el poder, vamos identificando las distorsiones para organizarlo todo y haremos revisiones en los criterios”, prometió Alves a la revista IstoÉ la semana pasada. La ministra se refiere al hecho de que la mayoría de los pedidos de amnistía fueron aprobados entre 2004 y 2005, en el gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT).

Hoy el presidente, fiel defensor del proceso dictatorial, cumplió el deseo de Alves y confirmó la revisión de los beneficios, al poner en duda que los cobren realmente “víctimas”. Bolsonaro siempre expresó su postura a favor de la dictadura de Brasil (1964-1985). Inclusive, dedicó su voto a favor del impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff al torturador de la dictadura militar, ex Coronel Carlos Alberto Brillante Ustra.

La medida de Bolsonaro se emite apenas unas semanas después de que Rousseff solicitara percibir el pago de las indemnizaciones por ya no contar con un cargo público. “La tendencia es no reconocer eso”, dijo la ministra Damares el 31 de enero sobre el pedido pendiente de la expresidenta, presa política y torturada en Río de Janeiro y Minas Gerais cuando militaba en el grupo de resistencia a la dictadura.

“Este gobierno trata a los adversarios como enemigos y desconoce la Comisión de Amnistía del Gobierno federal”, denunció Rousseff en una carta. La expresidenta recibió la indemnización correspondiente por parte de los estados de Rio y de Minas Gerais y los donó a la organizacón de derechos humanos “Tortura Nunca Más”. Rousseff aseguró que nunca cobró esa indemnización porque desde 2003 ocupaba cargos públicos y entonces lo consideraba “indebido”.

No obstante, aclaró que una vez que abandonó su puesto en el Palacio de Planalto volvió a hacer la solicitud para que el Estado cumpliera con el pago del beneficio. “Después de haber sido destituida en 2016 por un vergonzoso golpe de Estado apoyado en un fraudulento impeachment, decidí pedir, sin obstáculos de orden ético, a lo que tengo derecho. Reafirmo haber sido víctima de la tortura como centenares de otros jóvenes y viejos militantes de izquierda”, aseguró la expresidenta, quien impulsó durante su gobierno la Comisión de la Verdad para investigar los delitos de civiles y militares durante el régimen de facto brasileño.

La Comisión de Amnistía fue creada en 2001 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para cumplir el artículo de la Constitución de 1988 que obliga al Estado a reparar económicamente a las víctimas del régimen de facto brasileño, una dictadura que hoy es reivindicada por Bolsonaro y gran parte de su gobierno.