Comenzó el juicio contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas a miles de peruanas

Después de 25 años de dilaciones, el lunes comenzó un nuevo proceso judicial contra el expresidente Alberto Fujimori, quien tendrá que dar explicaciones por su plan de esterilización forzosa de 350 mil mujeres y 25 mil hombres campesinos y de pueblos originarios, ejecutado durante su gobierno entre 1990 y 2000. El fiscal a cargo de la causa afirmó que los imputados “jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño” causado. 

Fujimori y los otros investigados, entre ellos tres exministros de Salud, “hicieron mucho daño con su política”, afirmó el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos en una audiencia a distancia que contó con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son indígenas que no dominan el español.

Se estima que más de 300 mil peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó adelante en sus últimos cuatro años en el poder.

La mayoría de las víctimas eran indígenas y muchas padecieron severas secuelas físicas e incluso complicaciones derivadas de la cirugía que las llevaron a la muerte. Tampoco se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas. Las víctimas también padecieron secuelas psicológicas y muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos al no poder tener hijos.

Las mujeres que piden justicia hace 25 años

Las supervivientes piden justicia desde entonces. “Nos cortaron el vientre como a animales”, aseguran. “Todavía escuchamos decir: ‘Pero si fue un cortecito de nada de dos puntos, no sé por qué exageran tanto’, cuando la realidad es que miles de mujeres sufrieron graves infecciones, e incluso muertes, y su salud mental se vio seriamente afectada de por vida. Es increíble la falta de sensibilidad de autoridades, funcionarios y parte de la sociedad civil”, lamentó María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (GREF).

Uno de los casos más significativos fue el de Mamérita Mestanza, una campesina indígena que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada. Llegó a recibir cerca de 10 visitas de funcionarios del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar hasta que fue operada sin su consentimiento. En 2003 su caso llegó a la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y el Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas práctica

El Estado peruano reconoció el mes pasado el derecho de las víctimas tras la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con grupos irregulares entre 1980 y 2000.

La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos” contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.

Fujimori -quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos-, no participó en la audiencia, porque solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.

Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (médico personal de Fujimori y actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Tambien hay otros dos exfuncionarios locales acusados.