Colombia: el entierro de cadáveres por el Covid-19 pone en riesgo la identificación de desaparecidos

La Procuraduría General de Colombia ordenó la semana pasada a las autoridades locales el entierro de los cuerpos no identificados que permanezcan en las morgues, para disponer de espacios para víctimas del coronavirus. Movimientos de derechos humanos cuestionaron que se incluya a los cadáveres no reclamados que pueden pertenecer a víctimas del conflicto armado.

“Expresamos nuestra consternación y rechazo a la resolución proferida el 3 de abril por la Procuraduría General (…) ordenando a los autoridades distritales y locales que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios”, señaló el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en un comunicado.

El mensaje está firmado por 72 organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada. Afirman que resulta “extremadamente peligroso” ordenar a las autoridades locales deshacerse “de los miles de cadáveres que en los 1200 municipios del país han permanecido a la espera de los procedimientos y protocolos necesarios para su identificación y regreso a sus familias”.

La resolución de la Procuraduría señala que los alcaldes deben verificar los cuerpos que actualmente se encuentran en las morgues municipales en condición de no identificados, identificados no reclamados o cualquier otra forma de “cadáveres de personas pobres de solemnidad”, con el fin de proceder a la inhumación.

De esta manera, el Ministerio Público espera que ante “el riesgo de que se produjeran varias muertes simultáneas” por coronavirus “se encuentren disponibles los lugares en donde disponer los cuerpos”. Sin embargo, para las organizaciones de víctimas, “esta medida es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y (…) el derecho a conocer la verdad”.

El comunicado del Movice asegura que con esta disposición la Procuraduría “está ejerciendo facultades reglamentarias que no le competen”, al tiempo que está “emitiendo órdenes ejecutivas sin conexión o causa directa con las orientaciones que en materia de manejo y disposición final de cadáveres por COVID-19 ha expedido el Ministerio de Salud”.

Igualmente manifestaron que “ni los cadáveres que han permanecido en morgues municipales en condición de no identificados o aún no reclamados pueden ahora ser catalogados de manera arbitraria por la Procuraduría como relacionados con la epidemia de COVID-19”.

Ante este reclamo, el Ministerio Público precisó “que las indicaciones dadas a los alcaldes municipales y distritales en esta comunicación solo tienen alcance para casos relacionados con víctimas fatales del COVID-19”. Añadió que “en ninguna situación podrán ser aplicadas sobre restos en proceso de identificación”.