Tras la visita de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, el gobierno de Venezuela dijo estar dispuesto “a corregir» lo que haga falta, en línea con los consejos que brinde el organismo internacional. Los miembros del Gabinete de Nicolás Maduro reconocieron la crisis que vive el país y esgrimieron que la situación es consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017.

Luego de meses de expectativas, la visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a Venezuela, como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, se concretó este miércoles. La invitación había sido cursada por el presidente Nicolás Maduro, en medio de la fuerte crisis económica y política que atraviesa el país. Durante su visita de diez días, Bachelet prometió reunirse tanto con Maduro como con Juan Guaidó, el jefe parlamentario que se proclamó presidente interino, y con miembros de la Asamblea Constituyente (oficialista) y de la Asamblea Nacional (antichavista).

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hará una visita de dos días la próxima semana a Venezuela, invitada por el gobierno de Nicolás Maduro y luego de largas tratativas en las que se discutió el armado de su agenda. Según la oficina de Bachelet en Ginebra, la visita se concretará entre el 19 y el 21 de junio, lapso en el cual mantendrá reuniones con Maduro y con Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado del país en enero pasado.

El gobierno venezolano responsabilizó a Estados Unidos por el fallecimiento de dos niños enfermos de leucemia que no lograron acceder a un tratamiento eficaz “como consecuencia del bloqueo criminal”. En tanto que los familiares de pacientes crónicos hicieron un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que interceda.

Noruega confirmó que representantes del presidente venezolano Nicolás Maduro y del opositor Juan Guaidó entraron esta semana en contacto con Oslo, en el marco de una “fase exploratoria para apoyar la búsqueda de una solución a la situación de Venezuela”. Maduro ratificó y reafirmó “el camino del diálogo como única vía” para atravesar la crisis, mientras que Guaidó matizó la convocatoria. «No hay ningún tipo de negociación con Maduro”, ponderó.

El gobierno de Estados Unidos cumplió sus amenazas y desalojó hoy a los activistas que ocupaban pacíficamente la embajada Venezolana en Washington en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. “ Debe respetarse la inmunidad y el espacio territorial”, advirtió el presidente venezolano, quien responsabilizó a Donald Trump por “esta grave violación a la luz del derecho internacional, no solo legal sino moral”. Las organizaciones denunciaron “detenciones ilegales”.

El presidente boliviano Evo Morales acusó este martes a la “derecha venezolana” y al gobierno de Estados Unidos de planear una intervención militar contra el gobierno de NIcolás Maduro a través de la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El músico Roger Waters, conocido ser uno de los fundadores de Pink Floyd pero también por su compromiso político, publicó un video para solidarizarse con los activistas que tomaron pacíficamente la embajada de Venezuela en Estados Unidos para defender su soberanía, tras el intento de sublevamiento fallido de hace dos semanas. Waters denunció que la sede diplomática está bajo asedio del gobierno de EE. UU. “En las afueras de la embajada había gente amenazando a los activistas que permanecen dentro de la sede diplomática”, advirtió el artista.

En cumplimiento con la orden del Tribunal Supremo de Justicia, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron por la noche al vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, por su participación en el levantamiento militar fallido. El opositor Juan Guaidó acusó al presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo un «desmontaje» del Parlamento venezolano, mientras que la ONU advirtió que el arresto “mina los esfuerzos para buscar una solución pacífica”.

El Tribunal Supremo de Venezuela abrió un proceso penal contra seis diputados opositores por haber incurrido en “traición a la patria y conspiración” al apoyar la fallida rebelión militar que encabezó Juan Guaidó. La medida, que incluye también un pedido de desafuero contra los procesados, recae sobre el expresidente del Parlamento Henry Ramos, así como en los diputados Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Andrés Delgado.