Venezuela denunció que Twitter bloqueó algunas cuentas de las instituciones del gobierno de Nicolás Maduro, hecho que relacionó con «el cerco mediático perpetrado desde el Ejecutivo de Estados Unidos». Caracas recordó que no es la primera vez que esta red social bloquea cuentas oficiales relacionadas con el gobierno, incluida la del presidente, para evitar «la difusión de los logros y trabajos realizados por el Ejecutivo Nacional».

En medio de las críticas y del festejo del gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela obtuvo finalmente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras la votación de la Asamblea General, en la que se impuso por 105 votos, ocho más de los necesarios, el país tendrá una banca en el CDH para el período 2020-2022. Maduro celebró su «victoria», mientras que Estados Unidos y los países que respaldan al autoproclamado presidente Juan Guaidó se quejaron del resultado.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos confirmó la firma de un acuerdo entre el organismo internacional y el gobierno venezolano para aumentar su cooperación en este campo, con el objetivo de abrir una oficina permanente en ese país. El Memorando de Entendimiento, que tendrá vigencia por un año, fue firmado hace cuatro días por Bachelet y el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.

Tras haber denunciado más casos de “posibles ejecuciones extrajudiciales” en Venezuela, la Alta comisionada de la ONU en derechos humanos, Michelle Bachelet, puso ahora el acento en la liberación del “resto de los presos políticos”. Lo hizo al referirse a la reciente excarcelación condicional del vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Edgar Zambrano.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció más casos de «posibles ejecuciones extrajudiciales», así como de «torturas y malos tratos» de detenidos en Venezuela. Lo hizo en el marco de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Desde allí, la expresidenta de Chile amplió el informe sobre la situación en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump reforzó las sanciones impuestas contra Venezuela con un congelamiento de los activos del gobierno en Estados Unidos, bajo el argumento de que existe una “usurpación del poder por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”. El ejecutivo venezolano acusó a la Casa Blanca de querer fomentar la ruptura del diálogo con la oposición, en una dura expresión de rechazo contra las “acciones arbitrarias de terrorismo contra el pueblo de Venezuela”. Guaidó, por su parte, defendió la medida por considerar que “busca proteger a los venezolanos».

Los cancilleres de los países que integran el Grupo de Lima se reunieron en Buenos Aires para reiterar su apoyo al opositor Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino de Venezuela, y volver a pedir la convocatoria a elecciones democráticas. Además resolvieron remitir a la Corte Penal Internacional el informe que elaboró Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El gobierno venezolano realizó al menos 70 observaciones al informe de Michel Bachelet, al denunciar que el texto “presenta una visión y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en el país. «Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles», respondió Venezuela en un escrito dirigido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, en su rol como Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, exigió al gobierno de Nicolás Maduro que tome al menos 13 medidas de forma inmediata para detener los “patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. La ONU advirtió sobre mecanismos de tortura aplicados a los 135 personas “privadas ilegalmente de su libertad”, que incluyen “simulacros de ahogamiento” y “violencia sexual”, además de denunciar el registro de al menos 5.287 “ejecuciones extrajudiciales”.