Como cada año, desde 1996, miles de uruguayos se congregaron anoche en las calles para exigir Justicia por los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Detrás de una pancarta con la consigna “Que nos digan dónde están. Contra la impunidad de ayer y hoy”, madres y familiares de desaparecidos caminaron portando carteles con las caras de sus seres queridos, en el marco de una gran Marcha del Silencio por Verdad y Justicia.

Luego de ser separado de su cargo por cuestionar los juicios de lesa humanidad, el ex jefe del Ejército uruguayo Guido Manini Ríos anunció su candidatura a presidente en un acto en el que advirtió que la sociedad está «fragmentada» y vive en «un gran desconcierto» y «estado de temor generalizado». El anuncio se dio dos semanas después de que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, decidiera destituir a funcionarios del Ministerio de Defensa y altos mandos militares por un grave caso de violación a los derechos humanos.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó al ministro y al viceministro de Defensa, al recién nombrado jefe del Ejército y a dos generales de alto rango luego de que se conociera que la cúpula militar ocultó información sobre declaraciones de uniformados que reconocieron haber arrojado cuerpos al río en los años 70.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pasó a retiro a su comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por «graves cuestionamientos al Poder Judicial». Según el comunicado de la Presidencia, Manini Ríos incurrió en esa falta al cuestionar los fallos contra represores condenados por violaciones a los derechos humanos. Para el Presidente, la objeción del militar era “incompatible con el cargo” que desempeñaba.

Mientras el gobierno de Tabaré Vázquez intenta minimizar la polémica y el parlamento uruguayo discute si aprueba o no el ingreso de las fuerzas de seguridad estadounidenses, organizaciones sociales, sindicatos y referentes políticos de Uruguay repudiaron la iniciativa y la calificaron como un “riesgo para la soberanía nacional». Para los sindicatos, apoyar la presencia de las tropas significa contribuir en «posibles escenarios de represión» a las movilizaciones previstas en rechazo al G20.

El Congreso uruguayo sancionó la Ley Integral para Personas Trans, que consagra el derecho de las personas transgénero, una demanda histórica de la comunidad LGTBI de ese país. Con 62 votos afirmativos de un total de 88, la Cámara de Diputados ratificó la media sanción dispuesta por el Senado en una sesión extraordinaria tras 10 horas de sesión.La iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El Senado uruguayo aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que consagra el derecho de las personas transgénero, una demanda histórica de la comunidad LGTBI de ese país. Con 17 votos afirmativos de un total de 29, los legisladores aprobaron la iniciativa que establece medidas de protección y reparación para este sector vulnerable de la población. Identificadas con pañuelos amarillos, las impulsoras festejaron la media sanción tanto adentro como afuera del Palacio Legislativo.

El número de víctimas de explotación infantil en Uruguay creció abruptamente en el último año. Mientras que en 2009 la cifra de niños abusados no superaba los 20 casos, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay reveló que el año pasado hubo 352 chicos obligados a prostituirse. Si bien el número preocupa, para las autoridades habla de un avance en la lucha contra este delito. Aseguran que la sociedad civil y el Estado están logrando que este grave problema de la sociedad uruguaya se visibilice y desnaturalice, poniendo en jaque las prácticas sociales que permiten su producción y reproducción.