La oposición de Nicaragua suspendió su participación en el diálogo con el gobierno en respuesta a “la violencia y represión” del fin de semana, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados más de 100 manifestantes, entre ellos dos delegados de la mesa de conversaciones. De acuerdo a la Alianza por la Justicia y la Democracia, hay una “falta de voluntad política” por parte del presidente Daniel Ortega. El grupo presentó hoy “cinco puntos fundamentales” que están dispuestos a discutir si se retoman las negociaciones.

El gobierno de Daniel Ortega y la alianza opositora finalizaron este jueves el segundo día de diálogo, que por el momento se mantuvo en cuestiones relativas a la metodología de negociación. Un punto de discrepancia fue la exigencia opositora de contar con garantes internacionales en las discusiones con el gobierno, que rechaza esa posibilidad. El diálogo entró en crisis también por la detención de uno de los 100 “presos políticos” que habían sido liberados.

Ante el inicio de una nueva ronda de negociaciones con la oposición, el gobierno nicaragüense liberó a decenas de “presos políticos” para bajar la tensión entre los diferentes sectores de la sociedad. La mediación se había suspendido a causa de las últimas manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega que terminaron con un violenta represión y al menos 325 personas muertas.

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inició hoy el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas. Los países miembros del ALBA calificaron al proceso como una “violación de las normas más elementales del Derecho Internacional”, al denunciar que Estados Unidos quiere “imponer medidas coercitivas unilaterales” en el país.

El gobierno nicaragüense reconoció que hay 273 personas presas por participar en las protestas que desde abril se realizan contra el presidente Daniel Ortega. El Ejecutivo negó que sean “presos políticos” y aseguró que se respetan sus derechos humanos, que se les brinda asistencia médica y se les permiten visitas familiares.

El presidente Daniel Ortega expulsó del país a una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), luego de que denunciara un “alto grado de represión” de las protestas contra el Gobierno.