Ante el inicio de una nueva ronda de negociaciones con la oposición, el gobierno nicaragüense liberó a decenas de “presos políticos” para bajar la tensión entre los diferentes sectores de la sociedad. La mediación se había suspendido a causa de las últimas manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega que terminaron con un violenta represión y al menos 325 personas muertas.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inició hoy el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas. Los países miembros del ALBA calificaron al proceso como una “violación de las normas más elementales del Derecho Internacional”, al denunciar que Estados Unidos quiere “imponer medidas coercitivas unilaterales” en el país.
El gobierno nicaragüense reconoció que hay 273 personas presas por participar en las protestas que desde abril se realizan contra el presidente Daniel Ortega. El Ejecutivo negó que sean “presos políticos” y aseguró que se respetan sus derechos humanos, que se les brinda asistencia médica y se les permiten visitas familiares.
El presidente Daniel Ortega expulsó del país a una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), luego de que denunciara un “alto grado de represión” de las protestas contra el Gobierno.
Ya hay más de 200 muertos producto de la represión a las manifestaciones contra el Gobierno. Los obispos católicos de Nicaragua participan desde mayo pasado como mediadores del diálogo. El Papa llamó al cese de la violencia.
Para avanzar sólidamente en un proceso de cambio social y económico en América Latina se necesita alcanzar una democracia participativa en todos los ámbitos de la sociedad, crear y redefinir las fronteras de la economía para lograr un estado presente, que se complemente con los procesos de integración regional y, por último, reconocer que los procesos alternativos dependen de una fuerte conexión con la educación.
El 95 % de las interrupciones en el embarazo que se realizan en Latinoamérica son inseguras. Las políticas restrictivas en nuestro continente generan una de las más elevadas tasas de muertes por abortos del mundo. Los debates en torno al punitivismo en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Chile. El retraso generalizado en las legislaciones del resto de los países.
El gran vacío en este momento de la historia es el del feminismo latinoamericano, encabezado por el burgués. Por eso no sorprende que ningún colectivo se haya expedido rechazando la destitución a Dilma Rousseff o la persecución judicial contra Cristina Kirchner. No merecen congéneres como ellas. No se lo han ganado. No han luchado. Y su silencio lo evidencia otra vez.
Hacia fines de los 80s del siglo XX se plantaron estrategias neoliberales que tienden a reemplazar políticas de bienestar impulsadas por el Estado, por otras en que predominan planes de mercado y privatización de los servicios públicos, entre ellos la educación. Los debates entorno a los mecanismos actuales de evaluación en América Latina y El Caribe.
El juicio político se ha transformado en un arma indispensable de la derecha local que le permite revertir procesos de cambio social, democráticos y de izquierda. Rompen la voluntad popular y hacen posible en tribunales, el congreso y el senado lo que no consiguen en las urnas. Los casos de Paraguay y Brasil abren la puerta a una contrarrevolución.
El Senado aprobó una ley que obliga a celebrar las elecciones a más tardar el próximo 18 de octubre. Los movimientos sociales reclamaban que se mantuviera la fecha del 6 de septiembre.
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