Al menos 27 personas murieron ahogadas al naufragar este miércoles un barco pesquero en aguas del Caribe de Honduras. En el bote viajaban 56 personas, que zarparon el lunes desde Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, hacia Nicaragua en búsqueda de langostas. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ordenó una rápida investigación “para
identificar las causas de esta tragedia”. Esta mañana, los familiares comenzaron a recibir los cuerpos de sus seres queridos. Hay aún nueve desaparecidos por el accidente.

Un equipo de científicos descubrió en la “Ciudad Perdida” de Honduras una gran cantidad de raras especies vivas de animales, algunas de ellas consideradas extintas hace más de 70 años. En este asentamiento precolombino, descubierto en 2015, se encontraron serpientes con pestañas y salamandras gusanos, además de más de 200 especies de mariposas y polillas, 30 tipos de murciélagos, 57 anfibios y reptiles, entre otros peces, insectos y mamíferos.

Los hondureños volvieron a salir a las calles para reclamar mejor educación y salud, y la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández, pero otra vez se encontraron con la respuesta policial y militar. Ya se registraron al menos tres personas asesinadas y una treintena de lesionados por la represión desplegada por el gobierno para dispersar las manifestaciones, que incluyeron saqueos y quemas de neumáticos en autopistas.

Mientras el presidente Donald Trump endurece sus políticas antimigratorias, una nueva caravana partió hoy desde Honduras con el objetivo de llegar a la frontera de México con Estados Unidos.

El Gobierno de Honduras alertó que murieron dos de sus ciudadanos que participaban de la masiva caravana de migrantes, que marcha desde hace dos semanas por México rumbo a Estados Unidos. Según confirmó la vicecanciller de Honduras, Nelly Jérez, uno de ellos ya fue repatriado y otro está aún en la frontera mexicana. Advirtieron además que hay 30 personas desaparecidas.

Cientos de indígenas marcharon este viernes en la capital de Honduras en contra de la aprobación de una ley, con la que según ellos el Gobierno y los empresarios pretenden  despojarlos de sus territorios para desarrollar proyectos hidroeléctricos y mineros.