Miles de transportistas bloquearon este lunes las calles en Honduras para exigir un subsidio ante la falta de trabajo debido a la cuarentena y otras medidas que tomó el gobierno para frenar la pandemia del nuevo coronavirus. Los choferes atravesaron sus micros y colectivos en el kilómetro 16 de la carretera que lleva de Tegucigalpa a las fronteras con El Salvador y Nicaragua, la principal que conecta con San Pedro Sula, La Ceiba y Tocoa en el Caribe y otras regiones del país.

Un juzgado hondureño resolvió este miércoles elevar a juicio oral y público la acusación contra un supuesto autor intelectual del asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres. La persona señalada es David Castillo, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Él habría dado la orden a los siete asesinos, ya condenados con penas de entre 30 y 50 años de cárcel por el crimen.

El gobierno hondureño confirmó que tuvo que desechar 250.000 pruebas de coronavirus por mal manejo en las temperaturas y almacenamiento, mientras el país centroamericano vive un fuerte auge de los contagios. La ministra de Salud, Alba Flores, dijo que por la pérdida “tiene que responder el ente que compró y transportó” las pruebas sin las condiciones requeridas de refrigeración.

Juan Orlando Hernández, anunció que contrajo covid-19 y que también se contagió su esposa, Ana García. Dijo que seguirá ejerciendo sus funciones vía “teletrabajo”. Se trata del primer jefe de Estado de la región en dar positivo por la enfermedad.

En un momento en el que la cuarentena pone en primer plano el trabajo en el hogar, se dio a conocer un informe que da cuenta de la situación de precariedad que viven las mujeres hondureñas que realizan tareas remuneradas en los hogares. “Hay trabajadoras domésticas menores de 15 años, que están trabajando en hogares de manera cautivas”, aseguran.

El gobierno de Honduras decretó el “toque de queda” para “contener el avance del coronavirus”, al confirmar dos nuevos casos y un total de ocho contagiados. La medida, que suspende las garantías constitucionales y regirá durante siete días, limita la libre circulación de las personas y todas las actividades laborales tanto del sector público como privado. “Quedan restringidas a nivel nacional, por un plazo de siete días, las garantías constitucionales”, sostiene el decreto aprobado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por el presidente, Juan Orlando Hernández, y los jefes de los demás poderes del Estado.

Tal como habían adelantado las autoridades mexicanas, la Guardia Nacional frenó el paso y deportó en los últimos días a más de 2 mil hondureños que llegaron en la llamada “caravana 2020”, iniciada a mediados de enero de este año rumbo a Estados Unidos. Según detallaron desde la Secretaría de Gobernación (interior) y el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, se trató de un “retorno asistido” a través de ocho aviones y camiones de la Policía.

Al menos 36 pandilleros murieron este fin de semana en enfrentamientos “orquestados” en las cárceles de Honduras, sobre las que el ejército y la policía tratan de recuperar el control perdido tras una serie de asesinatos vinculados a las maras.

Un tribunal hondureño condenó a siete personas implicadas en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Según la sentencia, los ejecutivos de la empresa energética DESA ordenaron su asesinato en el marco de las movilizaciones que encabezaba para impedir la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena.

Los hondureños viven días críticos por la falta de agua potable en el país, situación que se extiende desde el 5 de septiembre cuando el presidente Juan Orlando Hernández declaró la emergencia nacional por la sequía. Las dos represas que abastecen al 65% de los 1,3 millones de habitantes de Tegucigalpa están en niveles bajísimos de abastecimiento y por eso las autoridades impusieron un estricto racionamiento del agua.