Estados Unidos calcula que este año 60 mil niños habrán llegado a su territorio desde los países centroamericanos. Barack Obama habla de una crisis de la que se han sacado muchas conclusiones erróneas. Las leyes no han cambiado, la violencia no es peor que hace unos años en los países de origen y los menores de edad no se van solos, los llevan.
Miles de niños centroamericanos serán deportados desde Estados Unidos. Washington cree que muchos de los 52 mil menores de edad que llegaron allí en los últimos meses no cumplirán con los requisitos para quedarse en ese territorio por motivos humanitarios. Esta tragedia de proporciones insospechadas rememora otro éxodo doloroso de niños, ocurrido en el siglo pasado.
Dos integrantes de una ONG extranjera deben dejar el país tras participar de una protesta contra un emprendimiento minero. El gobierno los acusa de incitar a las poblaciones a la rebeldía. Diversos medios de comunicación se hicieron eco de esas acusaciones. Otras voces sostienen que la ausencia de testigos foráneos facilita la opresión a las comunidades.
Las revelaciones de que unos 50 mil niños centroamericanos migraron solos a EEUU y que allí fueron víctimas de todo tipo de abusos puso otra vez sobre el tapete un tema conocido. El problema conlleva otros males: la corrupción oficial y particular, la trata, la explotación, la ausencia o connivencia de autoridades centroamericanas, mexicanas y de EEUU.
Los grupos oligárquicos, junto al gobierno y las transnacionales, vienen diseñando estrategias para mantener sus privilegios. La llegada del militar Otto Pérez Molina al poder garantiza esos fines y reafirma un pacto de impunidad. Se perpetúan así las desigualdades, mientras la mayor presencia de efectivos en las calles no reduce la inseguridad sufrida por el pueblo.
Los diputados decidieron que durante el conflicto armado guatemalteco no hubo genocidio. Así lo expresaron en una resolución que atiende a los intereses de quienes estuvieron involucrados en actos atroces y temen el accionar judicial, tras el proceso a Efraín Ríos Montt. Los congresistas pretenden con este acto negar el pasado, la memoria, la verdad y la posibilidad de justicia.
El ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala Erwin Sperisen es juzgado por el Tribunal Criminal de Ginebra, acusado de organizar ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2006. Huyó a Suiza, país del que es ciudadano, tal vez creyendo que allí estaría protegido de las denuncias de sus víctimas. Su detención en 2012 fue celebrada por organizaciones de DDHH, que esperan su condena.
El racismo está arraigado en el país, donde se rechaza la cultura y la sabiduría originaria, paradójicamente atractivos para los foráneos. El desprecio a los indígenas, su forma de vida, su color, su lengua proviene de las estructuras del Estado, cuyas leyes y Constitución no tienen incorporada la tradición de los pueblos que conforman las dos terceras partes de la población.
El nuevo tipo de minería industrial ha despertado la alarma entre diversas organizaciones ambientalistas, indígenas y de campesinos,que se han levantado contra la destrucción del medio ambiente, base de sustentación de su propia vida. El modelo extractivo minero es un monstruo multiforme, producto del capital transnacional, que puede cambiar de razón social, como de nacionalidad. Una batalla contra las nuevas formas del imperialismo y el neocolonialismo.
Cientos de comunidades indígenas campesinas de Guatemala resolvieron desconectar los medidores de energía en protesta contra las empresas distribuidoras, que cobran costos excesivos a los usuarios. Todo se inició hace una década pero ahora son más de mil los poblados que se conectaron de manera directa al sistema de electricidad. Reclaman la renacionalización del servicio de distribución, privatizado en pleno neoliberalismo y subvencionado por el Estado, pero impagable para muchos ciudadanos.
