El tratamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Manuela -una salvadoreña que murió en prisión condenada por homicidio agravado por un aborto espontáneo- puso de manifiesto las dramáticas consecuencias de la penalización del aborto en uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe la interrupción del embarazo de manera absoluta, donde el dilema de “la cárcel o la muerte no es broma”, según afirmó la activista feminista salvadoreña Morena Herrera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) comenzó este miércoles a tratar el caso de Manuela, una salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por un “parto precipitado” y extrahospitalario que fue tipificado de homicidio agravado. “El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso (Manuela), en el marco del contexto sobre criminalización del aborto en El Salvador”, consignó la Corte en un resumen del proceso.

Más de 5.000 salvadoreñas salieron a las calles para reclamar la despenalización del aborto y denunciar violaciones de sus derechos, en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Con banderas violetas, música y coreografías, se movilizaron desde el Parque Cuscatlán en el sector oeste de San Salvador y hasta la céntrica plaza Gerardo Barrios. “Salimos a la calle para demandar que despenalicen el aborto porque hay muchas injusticias y muchas ingratitudes”, declaró Sonia Martínez, de 67 años.

Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele sacaban este lunes una clara ventaja sobre sus rivales en el conteo de votos tras las elecciones legislativas en El Salvador, que podrían darle al gobernante el control del Parlamento. El partido Nuevas Ideas (NI), que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez, junto a la Gran Alianza Nacional (Gana), obtenían entre ambas más de la mitad de los votos, según los resultados preliminares con un escrutinio de 64% difundidos en tiempo real por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Iglesia católica de El Salvador anunció el miércoles que abrirá sus archivos a un juez que busca información relacionada a la masacre de El Mozote en la que fueron ejecutadas casi mil personas durante la guerra civil (1980-1992). El juez de la ciudad de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, solicitó a la iglesia acceso a su archivo para “hacer una inspección y darse cuenta de lo que hay referente a la masacre de El Mozote”, aseguró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.

“Rojito” tiene 80 años y aún no se jubiló. En medio de una pandemia que pone en riesgo su salud -y ni hablar su oficio-, no perdió el ánimo que lo caracteriza y salió a celebrar como corresponde su día: el Día del Payaso en El Salvador. “Nosotros siempre vamos a transmitir alegría, aunque muy dentro de nuestro ser sepamos que estamos muy golpeados por esta pandemia”, se sinceró “Rojito”, o Eduardo Antonio Alfaro, como lleva su nombre en el documento, que hace 57 años es payaso.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apeló a la seguridad nacional para denegar que un juez busque entre los archivos militares pruebas relacionadas con la matanza de casi mil personas en 1981, como había solicitado la Corte Suprema. El mandatario consideró como “un show” los intentos del magistrado por ingresar a las instalaciones militares para revisar los archivos. “Una de dos, o quieren hacer el show, o quieren exponer a la Fuerza Armada y ninguna de las dos cosas las voy a permitir”, sentenció Bukele.

La justicia salvadoreña liberó a Cindy Erazo, una mujer que en 2015 fue condenada a 30 años de prisión tras ser culpada de homicidio por padecer un aborto espontáneo. El caso de Cindy podría influir en el de las otras 18 salvadoreñas en prisión que fueron criminalizadas por una emergencia obstétrica, bajo las estrictas leyes contra el aborto en el país.

El Ministerio de Defensa de El Salvador recibió duras críticas de organismos internacionales por negar a la justicia el acceso a archivos militares para buscar pruebas sobre una masacre ocurrida en la época de la guerra civil (1980-1992). El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada le impidió a un juez el acceso a sus archivos para investigar la masacre de El Mozote, en la que cerca de mil personas fueron asesinadas en manos de soldados.