El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apeló a la seguridad nacional para denegar que un juez busque entre los archivos militares pruebas relacionadas con la matanza de casi mil personas en 1981, como había solicitado la Corte Suprema. El mandatario consideró como “un show” los intentos del magistrado por ingresar a las instalaciones militares para revisar los archivos. “Una de dos, o quieren hacer el show, o quieren exponer a la Fuerza Armada y ninguna de las dos cosas las voy a permitir”, sentenció Bukele.

La justicia salvadoreña liberó a Cindy Erazo, una mujer que en 2015 fue condenada a 30 años de prisión tras ser culpada de homicidio por padecer un aborto espontáneo. El caso de Cindy podría influir en el de las otras 18 salvadoreñas en prisión que fueron criminalizadas por una emergencia obstétrica, bajo las estrictas leyes contra el aborto en el país.

El Ministerio de Defensa de El Salvador recibió duras críticas de organismos internacionales por negar a la justicia el acceso a archivos militares para buscar pruebas sobre una masacre ocurrida en la época de la guerra civil (1980-1992). El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada le impidió a un juez el acceso a sus archivos para investigar la masacre de El Mozote, en la que cerca de mil personas fueron asesinadas en manos de soldados.

Tras un proceso de más de cuatro años, finalmente la Justicia salvadoreña dejó firme la absolución de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica en la que perdió su embarazo. La condena contra la joven de 21 años había quedado sin validez en agosto de 2019, pero la Fiscalía apeló ese fallo, extendiendo aún más el proceso judicial. “Evelyn es inocente”, celebraron el lunes las organizaciones de derechos humanos que acompañaron su reclamo.

El gobierno de Nayib Bukele extendió por decreto la cuarentena “absoluta” impuesta para mitigar el impacto del coronavirus, mientras el Congreso de mayoría opositora aprobó una ley para establecer medidas sanitarias pero sin algunas de las restricciones dispuestas por el Ejecutivo.

El presidente salvadoreño dijo que “el uso de la fuerza letal está autorizado” para los cuerpos de seguridad, luego de que se registrara un alza en los homicidios en plena cuarentena por el coronavirus. Cuestionamiento de organizaciones de derechos humanos.

El Salvador construirá una planta generadora de energía eléctrica que utilizará las aguas y los desechos que arrastran las contaminadas aguas de un río que recorre 18 municipios del país. “Va a ser un proyecto en el cual se va a tratar casi el 90% de las aguas residuales que llegan al río Acelhuate”, indicó en un comunicado Daniel Álvarez, presidente de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Luego de militarizar el Congreso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró que finalmente se abstendrá de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional, tal como le había solicitado la Corte Suprema de Justicia. Luego de que el mandatario llamara a una virtual insurrección, La Corte había ordenado una serie de medidas cautelares para que se respete el principio de separación de poderes en pos de la democracia.

Se agudiza la tensión en El Salvador luego de que el presidente Nayib Bukele llamara a una virtual insurrección civil y diera un plazo de una semana para que el Parlamento apruebe un crédito externo para financiar un programa de seguridad. El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que incluyó la militarización del Congreso, escaló cuando los bloques opositores que controlan el recinto confirmaron su negativa a votar a favor del proyecto. Desde la ONU y la OEA llamaron al “diálogo” y pidieron “respeto” por las instituciones democráticas.

Cientos de salvadoreños marcharon este viernes en la capital para exigir la derogación de la ley sancionada en 1996 que creó las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), por considerarlas responsables del empobrecimiento de los trabajadores. Con pancartas y camisas amarillas con la leyenda “no más AFP”, los manifestantes se concentraron en el centro de San Salvador y marcharon hasta calles cercanas a la sede del Congreso.