El accionar de las fuerzas de seguridad colombianas durante el conflicto social estará bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó ayer al país en una visita histórica que se extenderá hasta el 10 de junio. En ese tiempo evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó una investigación “independiente” sobre los muertos por violencia en Cali, tras un fin de semana trágico con 13 fallecimientos. Mientras tanto, el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro fracasaron en llegar a un acuerdo durante la quinta ronda de diálogo para superar la crisis social. 

Al menos 60 muertos, más de 700 heridos -46 de ellos con lesiones oculares-, casi 40 casos de agresiones sexuales de diversa modalidad cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y pérdidas millonarias en dólares por los bloqueos de rutas son las principales cifras que marcan la tensión y gravedad del conflicto social surgido en Colombia hace un mes. 

Colombia le pidió a la Conmebol posponer la Copa América, que debía recibir junto con Argentina a partir del 13 de junio, informó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. En medio de las violentas protestas sociales que vive el país y la tercera ola de covid-19 que tiene a los hospitales al borde del colapso, el gobierno pidió reagendar el torneo para “finales de este año”. 

La “Segunda Marquetalia”, nombre de una de las disidencias de las FARC, confirmó este martes la muerte de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. El jefe guerrillero que apoyó al proceso de paz y pasó por el Congreso murió finalmente en la clandestinidad tras haber retomado la lucha armada.

Apenas un día después de acceder a analizar los reclamos de los manifestantes, el presidente colombiano, Iván Duque, ordenó el “máximo despliegue” de “todos los niveles de la fuerza pública” para frenar los cortes de calles y rutas que se replican desde que comenzó el Paro Nacional. 

El gobierno de Colombia aceptó analizar la exigencia de los manifestantes a tener “garantías para el ejercicio de la protesta” antes de sentarse a negociar, cuando el país completa 19 días de sangrientas movilizaciones contra el presidente Iván Duque.

El Gobierno de Colombia renovó su oferta de negociar con las organizaciones que participan de multitudinarias protestas sociales en las que la represión de las fuerzas de seguridad causó más de 40 muertes, y el presidente Iván Duque procuró dar otro gesto con una nueva visita sorpresiva a Cali, epicentro de las protestas, aunque solo se reunió con autoridades. La Defensoría del Pueblo ajustó su número de muertos en las protestas a 41 civiles y un miembro de la fuerza de seguridad, lo que se acerca más a la cifra que manejan las organizaciones civiles y líderes de las protestas.

El Comité Nacional del Paro no llegó a un acuerdo con el presidente Iván Duque para poner fin a las multitudinarias movilizaciones en el país, que en once días dejaron al menos 27 muertos, un millar de heridos y numerosos desaparecidos. Los voceros del Comité denunciaron que “No hubo empatía por parte del Gobierno” con las víctimas de la violencia institucional ni tampoco con el pliego de reclamos.