Los 15 representantes del Consejo de Seguridad de la ONU que viajaron hasta Colombia para verificar la marcha del acuerdo de paz concluyeron su visita con un duro mensaje. Remarcaron su preocupación frente al aumento de los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros y el efecto que esto tiene en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC. Según la Defensoría del Pueblo colombiana, entre el 1° de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales.

Una decena de activistas se concentraron frente al centro Plaza Mayor de Medellín, donde se celebra la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para pedir que cesen los asesinatos de líderes sociales colombianos y de exguerrilleros de las FARC. Durante el acto, realizado en la Plazoleta Interamericana, los manifestantes se tendieron en el piso y se cubrieron con mantas blancas para simular ser víctimas de homicidio y exigir, con carteles con el mensaje “SOS nos están matando”, medidas efectivas de protección a la vida.

El recién liberado exjefe de las FARC Jesús Santrich juró a su banca en el Congreso colombiano, como parte de los acuerdos de paz con el disuelto grupo armado y ante el rechazo abierto del gobierno de Iván Duque. El presidente colombiano había dicho ayer en Buenos Aires que Santrich era un “mafioso” al reclamar su condena. “No debe prejuzgar sino dejar que las cortes actúen”, le respondió el flamante legislador.

En su primera visita oficial a la Argentina, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con su par Mauricio Macri para firmar acuerdos sobre comercio e inversiones entre ambos países. “Esta es una visita importante. Espero que después de ella tengamos mucha más actividad económica en nuestro país que sea proveniente de Argentina”, dijo desde el aeropuerto el recién llegado mandatario colombiano. Los presidentes se llamaron “amigos”, intercambiaron halagos y apuntaron contra Venezuela.

Tras su fallido intento de modificar los Acuerdos de Paz con la exguerrilla FARC, el presidente colombiano Iván Duque tuvo que firmar la ley que sustenta el sistema de justicia surgido del pacto para juzgar y sancionar los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado. Sin el apoyo de la oposición para hacer los cambios, el mandatario validó ayer las reglas para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Más de 29 mil hechos de violencia contra mujeres se registraron en el primer trimestre del año en Colombia, según el Instituto de Medicina Legal, que destacó que entre enero y abril de este año fueron abusadas sexualmente 6.085 niñas menores de edad y asesinadas otras 33. “El problema es que seguimos siendo un país donde la niña, y luego la mujer, es vista y tratada como un objeto sin derechos”, denunciaron las organizaciones.

La Corte de Suprema de Justicia de Colombia ordenó liberar al exjefe de la disuelta guerrilla FARC, Jesús Santrich, a quien Estados Unidos había pedido extraditar bajo sospecha de narcotráfico. El máximo tribunal consideró que su encarcelamiento era ilegal en tanto Santrich goza de fueros parlamentarios, aunque nunca pudo ocupar su escaño en el Congreso por el requerimiento de EE. UU. Su abogado adelantó que ahora asumirá la banca.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC), el partido legal en el que se transformó la antigua guerrilla tras el acuerdo de paz, reunirá en junio a su conducción para analizar la marcha de los acuerdos que firmó con el gobierno colombiano y su situación interna. La reunión fue convocada por las versiones sobre una división interna de la FARC por las críticas de su líder, Rodrigo Londoño, al número dos, Iván Márquez, quien consideró que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado mentiroso”, en queja por las complicaciones en la implementación de los acuerdos.

La dirigente colombiana Paula Andrea Rosero Ordóñez, reconocida por su lucha por los derechos humanos, fue asesinada en el distrito colombiano de Nariño donde vivía, en la frontera con Ecuador. Entre enero y marzo de este año fueron asesinados 25 dirigentes sociales en ese país. La Procuraduría General de Colombia y la Defensoría del Pueblo condenaron “el asesinato de la Personera del municipio de Samaniego-Nariño, Paula Andrea Rosero Ordóñez, de 47 años de edad” y pidieron medidas urgentes para garantizar la vida de los líderes sociales.