La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la identidad que asumió la antigua guerrilla colombiana al convertirse en partido político, advirtió que pedirá la intervención de las Naciones Unidas para impedir que la paz sea “destrozada” por las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció que nueve altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia están vinculados a casos de ejecuciones de civiles que fueron presentados como “guerrilleros muertos en combate” durante el conflicto armado en el país. Según la ONG de defensa de derechos humanos, “existen evidencias creíbles” de que los uniformados están relacionados con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por integrantes de la fuerza pública entre 2002 y 2008, destinadas a incrementar las bajas de presuntos guerrilleros para obtener prebendas y promociones.

El alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alberto Brunori, exhortó con urgencia al gobierno de Iván Duque a que se protejan los derechos de los líderes sociales, defensores comunales y de DD. HH. En lo que va del año, ya hubo 19 asesinatos a líderes sociales. El último fue José Arquímedes Moreno, acribillado cuando llegaba a su vivienda en el norte de Santander. Las FARC también denunciaron la situación.

El gobierno de Colombia responsabilizó este viernes al ELN del ataque con coche bomba en el que murieron ayer 21 personas en una academia de policías, además del agresor. “El gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz”, sentenció el comisionado de paz, Miguel Ceballos.

Al menos 21 personas muertas, entre ellas un panameño y una ecuatoriana, y otras 65 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba dentro de la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá. El presunto responsable, quien falleció en el acto, tenía 56 años y fue identificado por la fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez. El Ejército Nacional de Liberación se adjudicó el atentado.

En su séptima manifestación tras casi dos meses de paro universitario, estudiantes de las 32 facultades públicas del país vuelven a marchar en Bogotá, ante la falta de acuerdo con el gobierno de Iván Duque para llegar a un presupuesto financiero que dé mayor garantía a la educación pública superior.

Universitarios, indígenas y sindicalistas coronaron un mes de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque para exigir mayor inversión en la universidad pública y protestar contra la reforma tributaria que impulsa el oficialismo. Como en las últimas marchas, la Policía reprimió y detuvo a los estudiantes. 

El expresidente colombiano Ernesto Samper advirtió este viernes que aumentó el conflicto entre ambos países por lo que llamó a “desarmar los espíritus” para evitar cualquier enfrentamiento. Según Samper, algunos sectores estarían interesados en agregar “un conflicto armado” a la ya difícil relación.