El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó que se registraron 103 casos nuevos positivos por coronavirus, lo que totaliza 342 en todo el país, por lo que anticipó que para fin de año proyectan más de un millón y medio de contagios. “Se están duplicando los casos positivos cada tres días, más o menos lo que habíamos anticipado”, explicó el titular de Salud durante el anuncio.

El gobierno de Chile decretó el “estado de excepción constitucional de catástrofe” por 90 días ante la emergencia por el coronavirus, lo que permite la restricción de reuniones y ordenó el cierre de todos los centros comerciales. El estado de excepción entrará en vigencia a partir de este jueves, explicó el presidente Sebastián Piñera al formular el anuncio poco después de que las autoridades sanitarias entregaran detalles de los casos detectados hasta ahora, que suman 238 infectados.

Un video viral puso en la mira nuevamente al accionar represivo de las fuerzas de seguridad en Chile. En las imágenes se ve cómo dos agentes toman del cuello y golpean salvajemente a un adulto mayor, que había acompañado a su esposa e hija a la marcha del 8M en Plaza Dignidad. “Soy de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan, no tienen un criterio formal”, lamentó el hombre en medios locales después de la golpiza.

Cientos de miles de personas se congregaron el domingo en el centro de Santiago, la capital de Chile, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en una de las marchas más pacíficas y numerosas de los últimos tiempos. La concentración fue más multitudinaria incluso que la del 8 de marzo del año pasado, cuando se calcula que participaron unas 800.000 personas.

En dos sesiones históricas consecutivas, el Congreso chileno sancionó la paridad de género para el proceso constituyente, una de las medidas más esperadas por todo el colectivo feminista. El mecanismo aprobado plantea, entre otras cosas, la participación igualitaria de las mujeres en la redacción de la nueva Constitución, en caso de que resulte positivo el plebiscito del 26 de abril.

El clima de protesta volvió a las calles de Santiago, después de un impasse que pareció abrirse con el debate por una nueva constitución. El primer lunes de marzo terminó con grandes movilizaciones, algunos disturbios y una fuerte represión por parte de los Carabineros. El presidente Sebastián Piñera no descartó volver a declarar el estado de emergencia para frenar una nueva ola de protestas.

En el estudio que hizo la administración sobre la calidad en derechos humanos de la región, los especialista le dedicaron un capítulo aparte a la situación que se vive en ese país desde octubre, cuando se desató el estallido social y el gobierno hizo desfilar los tanques militares por las calles de Santiago. AI hizo especial hincapié en que aquellas manifestaciones que rechazaron la desigualdad se encontraron con una «fuerte» represión policial.

A diez años del feroz terremoto de 8,8 de magnitud que azotó el centro y el sur de Chile, el país completó la reconstrucción de las localidades devastadas y consolidó buena parte de la ingeniería antisísmica. Sin embargo, muchos de los pobladores de las zonas costeras arrasadas por el tsunami intentan todavía adaptarse a vivir lejos de mar. Aquel sismo, el segundo más fuerte en la historia del país andino, destruyó 220.000 viviendas, 3.700 escuelas, 17 hospitales y 1.550 km de rutas.

Los directivos de la red social Facebook salieron al cruce del informe de Big Data del que se vanaglorió el gobierno de Sebastián Piñera. En el documento, decían haber registrado intervenciones extranjeras desde la red que fomentaron el estallido social que se desató en octubre. La compañía de Mark Zuckerberg indicó que ese tipo de comportamiento extraño siempre es informados por la empresa, pero en este caso no habían detectado ninguno.

La revista chilena “Capital” reveló que el presidente Sebastián Piñera está llevando adelante una recopilación de datos masiva de los asistentes del esperado Festival Viña del Mar, que empezará el domingo 23 de febrero. Según los mismos funcionarios, el despliegue pensado por el Ministerio del Interior para el evento incluye “procesos de inteligencia previos” para revisar los datos de todas las personas que compraron sus entradas por Internet, bajo el argumento de “verificar, identificar y hacer seguimiento a personas que podrían afectar el orden público”.