Mujeres indígenas de 113 pueblos de todos los estados el país se organizaron por primera vez para protestar contra las “políticas genocidas” de Jair Bolsonaro contra los pueblos originarios. Con una presentación en la Cámara de Diputados, con marchas y tomas pacíficas de entidades públicas, visibilizaron las medidas que tomó el ultraderechista contra los pueblos originarios. “Es una reacción a la quita de derechos, a la situación de los servicios de salud y al freno de la demarcación de tierras”, explicaron.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro elogió al fallecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, responsable de al menos 45 crímenes durante la dictadura militar y 502 casos de torturas a presos políticos, incluida la expresidenta Dilma Roussef. El ultraderechista, que más de una vez se deshizo en halagos hacia el exgenocida, celebró esta vez que el “héroe nacional evitó que Brasil cayese en aquello que la izquierda quiere hoy día”. La frase la pronunció tras recibir a la viuda del torturador en el Palacio do Planalto.

Una comitiva formada por veinte jueces y juezas brasileños envió una carta abierta simbólica al expresidente Lula Da Silva en la que lo definieron como un «preso político», un día después de que una magistrada intentara trasladarlo a una cárcel común. Los miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) viajaron hacia el penal de Curitiba para hacerle llegar al líder del PT la misiva, que contiene una dura crítica hacia el lawfare y “el uso de la máquina pública por parte del poder judicial”. “Lula es el paradigma del creciente deseo de encarcelamiento”, subrayaron.

Por 10 votos contra uno, los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió el traslado del expresidente Lula da Silva a una prisión común de San Pablo, tras el reclamo del Partido de los Trabajadores. La Corte determinó que el líder del PT continúe en la sede policial de Curitiba, hasta que el máximo tribunal analice si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción. Lula busca ahora un resultado favorable de un habeas corpus pendiente de análisis en ese tribunal.

La Justicia brasileña había ordenado el traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva al complejo II de la prisión de Tremembé, ubicado en el interior del estado de San Pablo, donde cumplen pena algunos de los presos más mediáticos de Brasil. Ubicado a unos 150 kilómetros de la capital paulista, Tremembé fue construido en 1948 y, desde 2002, recibe presos que cometieron delitos con gran repercusión, por lo que la prensa brasileña la bautizó como la «cárcel de los famosos». El traslado de Lula quedó en suspenso por decisión del Supremo después de que la defensa apelara la medida.

Los abogados del expresidente brasileño Lula da Silva pidieron la suspensión del fallo que ordena su traslado a una cárcel común al considerar que primero debe expedirse el Supremo Tribunal sobre la anulación del proceso por el cual fue condenado. «La jueza negó al expresidente Lula el derecho a una sala de un Estado Mayor y determinó la transferencia a un establecimiento a ser definido en San Pablo. Lula es víctima de una trama ilegal del sistema de justicia y debe ser liberado», apelaron desde la defensa.

La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del exjuez Sergio Moro.

Un narcotraficante brasileño, condenado a 73 años y diez meses de prisión por diversos crímenes, intentó fugarse de un penal de máxima seguridad disfrazado de mujer. Fue descubierto al pasar por el control usando una máscara de silicona, peluca, anteojos y ropa con la que simulaba ser una adolescente, más precisamente su hija.

A días de negar la desaparición y muerte de un un preso político durante la dictadura militar y luego de cuestionar las resoluciones de los organismos que esclarecen los crímenes de lesa humanidad, el presidente brasileño Jair Bolsonaro destituyó a cuatro integrantes de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos y puso en su lugar a sus aliados, incluidos entre ellos dos militares retirados. «Ahora el presidente es de derecha», dijo sobre el nuevo titular de la Comisión.

Cuatro presos sobrevivientes de la masacre del Centro de Recuperación de Altamira, en el estado de Pará, fueron asesinados mientras eran trasladados en un vehículo penitenciario. El lunes, un enfrentamiento entre bandas dejó un saldo de 58 reclusos muertos, 16 de ellos decapitados. Con estas nuevas víctimas, sube a 62 la cifra de muertos por la guerra entre bandas que controlan las cárceles y el tráfico de drogas en la región amazónica, punto clave para el traslado de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia hacia los puertos brasileños en el Atlántico. El presidente Jair Bolsonaro hizo polémicas declaraciones.