A dos meses de las elecciones generales en Bolivia, que tienen como principal favorito al MAS, la Fiscalía General de Bolivia imputó este lunes al expresidente Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo y solicitó nuevamente su detención preventiva. El mandatario derrocado, refugiado en Argentina, rechazó las acusaciones en su contra y tildó de “ilegal e inconstitucional” la resolución de la Fiscalía.

Luego de varias publicaciones sobre irregularidades en la auditoría de la Organización de Estados Americanos en las elecciones de Bolivia, el grupo que reúne a dirigentes progresistas de toda la región cuestionó duramente el rol de la organización en ese proceso y en el posterior golpe de Estado contra Evo Morales. También advirtieron sobre intentos del gobierno de facto de proscribir a candidatos del MAS.

Hace apenas un mes, la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez llevaba en su cuello la tarjeta Virus Shut out a base de dióxido de cloro, que prometía propiedades para evitar el contagio del coronavirus. Este lunes, el mismo comité científico que asesora al gobierno de facto advirtió que utilizar productos a base de esta sustancia, que se usa para la creación de desinfectantes, puede tener “graves daños para la salud”. Sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca anunció que distribuirá el polémico tratamiento para que lo tomen sus ciudadanos y otras dos regiones analizan su uso.

“Alentó con su espíritu revolucionario la construcción de una Bolivia diversa culturalmente y más justa”, la recordó el expresidente Evo Morales. Lazarte fue la primera indígena presidenta de una Asamblea Constituyente en América y encabezó la redacción de la Constitución que redefinió al país como Estado plurinacional.

Al menos seis hospitales del país cerraron las puertas ante la falta de camas, el contagio de personal sanitario, la falta de insumos de bioseguridad y el incremento incontrolable de los casos positivos de coronavirus que hicieron colapsar al sistema sanitario. Uno de los principales laboratorios que procesa los test de la Covid-19 se declaró en emergencia también porque dice estar “rebasado” en su capacidad de atención, además de no contar con equipos necesarios.

La presidenta de facto boliviana promulgó finalmente la ley que establece la fecha para los comicios generales, después de que el Congreso advirtiera que avanzaría con la convocatoria si la mandataria se negaba. Mientras tanto, este domingo se celebró la llegada del Año Nuevo Andino Amazónico 5528, con ceremonias afectadas por la pandemia de coronavirus.

Un canal de televisión de Bolivia transmitió imágenes en vivo de la agonía y muerte de un paciente con coronavirus mientras los médicos intentaban salvarlo. La decisión del informativo generó un amplio debate en el país y la Defensoría del Pueblo cuestionó el “sencionalismo” de los periodistas que participaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que los últimos 300 miembros de la etnia Yuqui de Bolivia están en “grave riesgo” por la pandemia del coronavirus, que ya generó un colapso sanitario en el país andino. Al ser una comunidad demográficamente muy pequeña, la posibilidad de que el virus se expanda entre los miembros preocupa al organismo internacional.

Con guitarras, caretas y bailes folklóricos, músicos, artesanos y bordadores bolivianos marcharon al centro de La Paz para exigir a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez que restituya el Ministerio de Culturas, una de las carteras eliminadas por el gobierno de facto. Añez redujo de 20 a 17 los ministerios bolivianos y dispuso el cierre de las Embajadas de Bolivia en Nicaragua e Irán, bajo la excusa de revisar “los gastos innecesarios” en el Estado en medio de la pandemia del coronavirus.

La apoderada legal de Evo Morales está encarcelada desde fines de enero bajo los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Denuncian que en la cárcel perdió un embarazo y le niegan la atención médica. “Patricia Hermosa está siendo víctima de acoso y violencia política”, planteó el expresidente, quien pidió la intervención de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos.