La apoderada legal de Evo Morales está encarcelada desde fines de enero bajo los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Denuncian que en la cárcel perdió un embarazo y le niegan la atención médica. “Patricia Hermosa está siendo víctima de acoso y violencia política”, planteó el expresidente, quien pidió la intervención de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos.

El New York Times publicó un artículo en el que recoge las conclusiones de un estudio realizado por tres investigadores estadounidenses que consideran “defectuoso” el informe de la Organización de Estados Americanos que denunció un fraude en las elecciones del 20 de octubre del año pasado en Bolivia. Ese planteo de la OEA alimentó las protestas que derivaron en el golpe de Estado contra Evo Morales.

Científicos hallaron por primera vez fósiles marinos en una reserva natural del centro de Bolivia, ubicada a varios cientos de kilómetros del océano. De acuerdo a los especialistas, el descubrimiento demuestra que Bolivia estuvo sumergida “en un profundo mar”.

Ante los incumplimientos de las medidas de distanciamiento social, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció que intendentes de La Paz y El Alto marcarán con carteles las casas de los enfermos de Covid-19 que no cumplan con el confinamiento. «Gente que esté con coronavirus y que no quiera aislarse, vamos a poner un letrero en su casa diciendo: ¡aquí hay covid-19!», lanzó Arias, miembro del gabinete de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez.

Los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegaron a un acuerdo para fijar la fecha de los comicios en los que se elegirá a las autoridades que reemplacen al gobierno de facto de Jeanine Áñez. La convocatoria todavía debe ser confirmada por el Parlamento. El nuevo presidente podría asumir en noviembre.

“Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco; no quiero discriminar, pero ésas, mis condiciones, no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del MAS”, había dicho Fernando Vásquez, hasta ayer ministro de Minería del gobierno de facto. “El racismo que deshumanizó a los indígenas retornó a Bolivia”, aseguró el expresidente Evo Morales

El gobierno de facto ordenó detener al juez Hugo Huacani, a cargo de la investigación por la compra de respiradores con sobreprecio a España, y lo liberó al otro día, en medio de denuncias de la comunidad internacional por violaciones a la independencia judicial. Al escándalo de corrupción por los 2 millones de sobreprecio ahora se sumó un caos institucional. La Asociación de Magistrados y jueces de la Paz denunció que se trató de una “aprehensión ilegal”, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidieron que se aclare la situación.

La autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, está involucrada en el mayor escándalo de corrupción de la región relacionado con la pandemia del coronavirus. Mientras la escasez de recursos golpea las puertas de los hospitales bolivianos, el Ministerio de Salud hizo una compra a España de respiradores con sobreprecios por más de 2 millones de dólares, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La mandataria interina recién destituyó al titular de la cartera, Marcelo Navajas, cuando fue detenido por los presuntos delitos.

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, apareció en un acto público con la “tarjeta bloqueadora de coronavirus”, un dispositivo considerado fraudulento por Estados Unidos y China. La mandataria, quien ya había instado a los bolivianos a rezar contra la Covid-19, ahora apareció con el producto “Virus Shut Out”, que promete tener propiedades para evitar el contagio del virus, aunque su eficacia fue cuestionada por expertos de todo el mundo.

El Gobierno de facto de Bolivia anuló las tres disposiciones que penalizaban informaciones sobre el coronavirus que el Ejecutivo considerara falsas. La medida había sido duramente criticada dentro y fuera del país por gremios de prensa y organismos internacionales de derechos humanos, al considerar que atentaba contra la libertad de expresión y de información.