Cierre apresurado del caso Ayotzinapa

México 

Con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de dar por cerrada la investigación por la desaparición de los 43 normalistas se intenta dejar atrás un Crimen de Estado. Esta medida profundiza aún más la crisis de las instituciones del país. Para salir del momento actual, no sirve hacer de cuenta que nada pasó. Debe esclarecerse el caso y formarse una Comisión de la Verdad.

 Murillo Karam,  titular de la Procuraduría General de la Repúbica (PGR)- Foto: cuartoscuroGuillermo Fabela Quiñones- Revolución Tres Punto Cero (México) 

El gobierno federal decidió cerrar el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pocas horas después de la gran concentración en el Zócalo capitalino para protestar por la falta de avances en las indagaciones, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció las que consideró conclusiones irrefutables. El grupo delictivo comandado por “El cepillo” asesinó a los estudiantes, luego los incineraron y arrojaron las cenizas al río San Juan. Lo que se temía, que ocurriera el “carpetazo”, sucedió y de aquí en adelante los padres de los sacrificados no podrán exigir que los devuelvan vivos.

​Sin embargo, una cosa es que la PGR diga que ya sólo falta aprehender a unos cuantos delincuentes prófugos para dar por concluida plenamente la investigación, y otra muy distinta es que se lo crea la ciudadanía. La desconfianza al régimen será mayor de aquí en adelante, porque la salida que se le quiere dar a este crimen de Estado no es creíble bajo ningún punto de vista. Al paso de las semanas fue quedando muy claro que el gobierno federal estaba entrampado, tanto por su impericia como por la necesidad de darle una solución aceptada por los familiares y amigos de los normalistas sacrificados. Esperó a que la temporada navideña calmara los ánimos, pero las cosas no ocurrieron así.

​No se necesita ser un criminólogo experto para saber que “El cepillo” es un delincuente común que aceptó declarar lo que se le dijo, a fin de obtener algún beneficio. El problema para el gobierno federal es que hay peritajes científicos que no permiten concluir las indagatorias como dijo el procurador Murillo Karam. Hay muchas interrogantes que de antemano sabemos que no van a tener respuesta, porque pondrían en evidencia la dramática descomposición de las instituciones del Estado mexicano, su carácter fascista y su abierta complicidad con grupos de la alta delincuencia organizada.

​Es obvio que Murillo Karam recibió la orden terminante de poner fin al caso, sin que importaran las consecuencias. En Los Pinos se debe haber consideradoque más desgastante es la movilización para encontrar la verdad de la masacre de Iguala, que las protestas que se produzcan porque el gobierno federal asuma que los normalistas fueron asesinados y desaparecidos sus restos. Con todo, aunque “El cepillo” se incriminara y dijera que la organización delictiva a la que pertenece fue la autora del homicidio de los 43 normalistas desaparecidos, la ciudadanía se quedará con la convicción de que se trata de una simulación para dar el necesario “carpetazo”.

” Una cosa es que la PGR diga que ya sólo falta aprehender a unos cuantos delincuentes prófugos para dar por concluida plenamente la investigación, y otra muy distinta es que se lo crea la ciudadanía. La desconfianza al régimen será mayor de aquí en adelante, porque la salida que se le quiere dar a este crimen de Estado no es creíble bajo ningún punto de vista “

​Se podrá acallar el enojo de los familiares de los estudiantes desaparecidos, pero lo que no se podrá cambiar es el sentir ciudadano de que el sistema político está metido en un pantano de corrupción que está a punto de ahogarnos a los mexicanos. La ciudadanía no confía en los partidos, tampoco en el Ejecutivo, y cuando eso sucede es imposible poner remedio al divorcio entre gobernantes y gobernados, entre la clase política en el poder y los ciudadanos cada vez más envilecidos y más descontentos con una realidad descorazonadora y apabullante. Mucho menos cuando quien encabeza al Ejecutivo “no entiende que no entiende”, como le dijo The Economist a Enrique Peña Nieto en un reciente editorial.

Es preciso recordar que Adolf Hitler pudo apuntalar su régimen dictatorial gracias a su eficaz política populista que dio esperanzas al pueblo alemán de una vida mejor, como así fue durante los primeros cuatro años. Aquí no hay esa expectativa, porque no hay condiciones mínimas para brindar una leve esperanza de cambios positivos: la oligarquía mexicana no tiene una pizca de humanidad, y la alta burocracia sólo aspira a enriquecerse aún más durante el sexenio.

Peña Nieto no tiene empacho en decir que está haciendo bien su trabajo y que “las buenas cosas se olvidan fácilmente”, por eso no se cansará de hablar una y otra vez de los beneficios de las reformas estructurales. El problema de fondo es que la sociedad mayoritaria sólo ve desgracias y horrores, que constatan organismos internacionales, como la Cepal. Acaba de informar que la tasa de indigencia en México fue de 8.7 por ciento en 2005, pero en 2012 aumentó a 14.2 por ciento. No dio datos aún referidos al año 2013. Sin duda serán más devastadores.

 

Imanol Ordorika/ Adolfo Gilly- La Jornada (México) 

El 27 de enero, a 43 días de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de otros cuatro, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, repitió los argumentos, versiones y testimonios ya presentados el 7 de noviembre de 2014. Con un agregado: ahora los declaró verdad histórica. Con esta presentación pretende cerrar el caso, suspender toda investigación y cortar la interlocución con los familiares de las víctimas.

Con la expresión verdad histórica el procurador quiere significar que su versión de los hechos de Ayotzinapa es ya caso juzgado, aunque diga que la investigación sigue abierta para encontrar otros posibles “culpables. Con esta declaración también cierra el paso a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes acordada con los padres.

Resulta sorprendente que el procurador no tenga idea de que una verdad histórica, por el hecho mismo de serlo, sólo puede ser establecida en los tiempos de la historia y con sus métodos, jamás por la voluntad, las acciones o los dichos de los protagonistas de los sucesos, en este caso la PGR con su apresurada investigación.

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El procurador reitera sus hipótesis con muy pocos fundamentos. Se basan casi exclusivamente en testimonios de los presuntos delincuentes detenidos, de cuya veracidad, propósitos y procedimientos para su obtención no nos presenta ninguna prueba o simple evidencia. El procurador dice y el dudoso y fragmentario video elaborado por la PGR ilustra su dicho. ¿Qué es esto, adónde hemos llegado? En todo proceso penal la confesión constituye el eslabón más débil de la prueba. En la historia de los procesos penales en este país el uso de métodos violentos –incluidas las amenazas y las promesas– para arrancar confesiones es proverbial y sigue vigente.

” La pretensión de cerrar el caso Ayotzinapa y el llamado presidencial a no quedar atrapados en esa tragedia no hacen más que profundizar la crisis de esas instituciones. Actúa así como germen y estímulo de disensos y divisiones dentro del mismo aparato del gobierno federal “

La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado, por la elemental razón de que fue cometido por cuerpos armados del Estado mexicano, como lo son las policías municipales, en cumplimiento de órdenes de funcionarios del Estado, como los presidentes municipales y no sólo ellos
en este caso. El Estado no es tan sólo la Presidencia de la República, sino el conjunto de las instituciones en el territorio de la nación.

La pretensión de cerrar el caso Ayotzinapa y el llamado presidencial a no quedar atrapados en esa tragedia no hacen más que profundizar la crisis de esas instituciones. Actúa así como germen y estímulo de disensos y divisiones dentro del mismo aparato del gobierno federal. A nivel del territorio nacional esta crisis se hace visible en la imbricación entre fuerzas y servidores públicos, y no sólo en el estado de Guerrero, con elementos del crimen organizado; en la complicidad o encubrimiento de esos hechos por funcionarios municipales y estatales, sea por conveniencia o por legítimo temor; en la inoperancia de las instituciones de seguridad y de impartición de justicia en todos los niveles; y, por tanto, en la carencia de credibilidad y legitimidad de gobiernos y funcionarios en los tres niveles: municipal, estatal y federal. Una sola pregunta: ¿por qué no se ha llamado a declarar cuanto pueda saber al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero en los momentos del crimen de Ayotzinapa? No es la única omisión, pero es una de las más clamorosas en la verdad histórica de la PGR.

Las manifestaciones en demanda de que se esclarezca el paradero de los 43 estudiantes no cesan y este miércoles, estudiantes de UAM-Xochimilco y padres de normalistas marcharon en el sur de la ciudad de MéxicoFoto Carlos Ramos Mamahua

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Esta crisis configura lo que en la doctrina y en la práctica se denomina una crisis de Estado. Reconocerla es premisa indispensable para superarla. Y para eso es preciso abrir todas las puertas, echar aire y luz sobre todas las investigaciones, revisar todos los archivos y documentos, o sea, lo contrario de la propuesta, la política y las acciones del gobierno federal, a través de su procurador general, en este caso.

Pues Ayotzinapa no es un caso aislado. La desaparición forzada de 43 estudiantes en una sola acción criminal llevada a cabo por policías municipales uniformados y la muerte de otros cuatro es un punto culminante de la interminable tragedia de miles y miles de desapariciones, asesinatos, feminicidios, trabajo esclavo, que viene asolando al territorio nacional en lo que va del siglo XXI y también antes. ¿Olvidamos Acteal? ¿Olvidamos San Fernando? ¿Olvidamos Ciudad Juárez y toda la frontera? ¿Olvidamos el olvido?

” Esta crisis configura lo que en la doctrina y en la práctica se denomina una crisis de Estado. Reconocerla es premisa indispensable para superarla. Y para eso es preciso abrir todas las puertas, echar aire y luz sobre todas las investigaciones, revisar todos los archivos y documentos, o sea, lo contrario de la propuesta, la política y las acciones del gobierno federal “

Establecer la verdad donde sea que tope en el caso Ayot-zinapa es abrir las puertas y las avenidas para conocer y, entonces sí, empezar a salir de esta tragedia interminable. Ayotzinapa no es un cierre, es una dolorosa e ineludible ocasión para la sociedad mexicana y también sus instituciones estatales para comenzar a ir más allá de la tragedia recurrente en que vivimos.

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La crisis y la pérdida de credibilidad de las instituciones de Estado de cara a la sociedad han hecho aparecer al gobierno federal y a su PGR como juez y parte en las investigaciones y la construcción jurídica del caso Ayotzinapa. No hay razón válida para que la aprobada e indispensable visita y tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa se siga postergando. La CIDH es indispensable.

Es preciso, sin embargo, ir además más lejos. Urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada y a la cual se le abran todas las puertas: cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios. Todo.

Es necesaria, es indispensable ya, la conformación de una comisión de la verdad independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida, su independencia de criterio y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza de los padres, madres, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos.

Conocer la verdad verdadera sobre Ayotzinapa exige una comisión de la verdad con plenos poderes de acción e investigación. Es la respuesta al carpetazo oficial.

 

 

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