Bolsonaro tuvo que retroceder: ya no se podrá portar fusiles militares

Ante la presión de distintos sectores de la sociedad civil, el presidente brasileño Jair Bolsonaro modificó un cuestionado apartado del decreto de flexibilización de armas, aquel que permitía a los ciudadanos adquirir fusiles militares. Sin embargo, el nuevo texto otorga mayor poder a los propietarios rurales, que forman parte de su base de sustentación política. Solamente para ellos la liberación de armas es total.

A través de otro decreto, el ultraderechista introdujo correcciones al otro que había firmado el 7 de mayo, que generó un reclamo de 14 gobernadores y pedidos de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal.

Según informó el gobierno en un comunicado, la versión rectificada veda «expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles [fusiles, carabinas, escopetas]» al ciudadano común, que solo podrá adquirir armas de menor calibre, llamadas «de porte». No obstante, el decreto permite la obtención de fusiles militares en el campo a quienes demuestren «la justa posesión de tierras».

Sólo los propietarios rurales podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus casas, añadió el gobierno, tras admitir que los cambios fueron introducidos «a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general». Además, mantiene la liberación de la importación de municiones y armas para todas las personas autorizadas a portarlas.

El primer texto complementaba un decreto de enero pasado, que flexibilizó las normas para la adquisición de armas, y establecía nuevas reglas para que las personas que las posean puedan circular con ellas por las calles, incluso cuando se tratase de fusiles. Tanto este como el anterior fueron duramente condenados por las organizaciones de derechos humanos.

El Supremo Tribunal Federal (STF) analiza si el decreto es inconstitucional, como alegan sus críticos, que consideran que desfigura el Estatuto del Desarme, una ley aprobada por el Congreso en 2003 que sólo puede ser derogada por una nueva ley, y no por decreto.

Según las normas, entre los autorizados a portar armas están los políticos que ejerzan un cargo electivo, camioneros, periodistas volcados a la crónica policial, abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, entre muchos otros, que incluyen a cazadores y socios de clubes de tiro.

La polémica creció esta semana, cuando la empresa fabricante de armas Taurus anunció que tenía 2.000 encomiendas de fusiles T4, una poderosa arma semiautomática calibre 5,56, que se vende en el país a partir de 8.000 reales (unos 2.000 dólares).

En ese momento salió a la luz que el decreto presidencial daba luz verde a que las personas compren fusiles que disparen proyectiles encima de los 407 joules (energía balística), como el rifle de combate T4, fabricado en Brasil por la empresa Taurus. Se trata de un aparato bélico cuyo uso estaba antes restringido al Ejército brasileño.

Entonces creció el temor de que la medida acabe alimentando la espiral de violencia que en 2017 se reflejó en casi 64.000 asesinatos en todo el país: una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes, tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de violencia endémica.

Los gobernadores de catorce de los 27 estados de Brasil, algunos de ellos oficialistas inclusive, criticaron la decisión en una carta pública. “Consideramos que las medidas previstas en el decreto no aumentará la seguridad en nuestros estados. Por el contrario, tales medidas tendrán impacto negativo en la violencia”, señalaron.

Según los jefes de las administraciones regionales, la flexibilización de la legislación “aumentará la cantidad de armas y municiones en poder de criminales y aumentará los riesgos de que discusiones y peleas entre ciudadanos terminen en tragedias”.