Bolsonaro flexibilizó la venta de armas a civiles por decreto, pero la oposición promete anularlo

El presidente brasileño Jair Bolsonaro flexibilizó la compra y tenencia de armas “para las personas de bien”, una de sus más polémicas promesas de campaña, alegando que “el pueblo lo decidió” en el referéndum de 2005. La nueva ley rubricada por el ultraderechista y ex capitán del ejército permite a los brasileros comprar hasta cuatro armas, además incluye una autorización especial para los dueños de empresas comerciales o industriales. La oposición, encolumnada detrás el Partido de los Trabajadores, ya adelantó que intentará suspender los efectos de la medida por considerarla “inconstitucional”.

“El pueblo decidió comprar armas y municiones y nosotros no podemos negárselo”, aseguró Bolsonaro durante una breve ceremonia en la que estuvieron presentes algunos de miembros de su gabinete, entre ellos el cuestionado ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. El presidente se refiere al referéndum de 2005, en el que el 63 % de los brasileños se pronunció en contra de que se prohíba la venta de armas a civiles.

Según el ultraderechista, extender y flexibilizar el acceso a las armas de fuego garantiza a las “personas de bien” el derecho a la “legítima defensa”. “Como Presidente voy a usar esta arma”, dijo mostrando la lapicera con la que firmó el decreto en el palacio de Planalto, en Brasilia. La liberación de la venta de armas fue uno de los emblemas de la campaña que llevó a Bolsonaro a ganar las elecciones de octubre pasado, en la que aseguró que esa medida le permitirá a la sociedad ejercer el “derecho a la autodefensa” ante una violencia que cada año causa unas 60.000 muertes, según datos oficiales.

El Partido de los Trabajadores anunció horas después que pedirá su suspensión en el Supremo Tribunal Federal porque considera que el decreto de Bolsonaro “supera la competencia del Poder Ejecutivo”. “Creemos que la medida extrapola los límites de la competencia del Ejecutivo, estipulados por la ley. El decreto de las armas invade la competencia del Poder Legislativo “, afirmó Paulo Pimenta, líder del PT en la Cámara Baja.

En esa misma línea, el Partido Socialismo y Libertad anunció que va a proponer un proyecto legislativo para anularlo porque entiende que Bolsonaro no dialogó con la sociedad ni con expertos sobre el tema para dictar el decreto. El proyecto se presentará el primer día de la nueva legislatura, que tomará posesión el 1 de febrero.

El decreto, que flexibiliza el “Estatuto del Desarme” de 2003, deja intactos algunos criterios para obtener el permiso de poseer armas: ser mayor de 25 años, no tener antecedentes criminales, tener una ocupación lícita y ser capaz de demostrar la capacidad técnica y psicológica para su uso. No se extiende hasta la circulación con armas por la vía pública, que sigue siendo una facultad limitada a los miembros de las fuerzas de seguridad.

La ley incluye entre los motivos de “efectiva necesidad” para tener un arma en casa a los “residentes de áreas rurales” y los “residentes en áreas urbanas con elevados índices de violencia”, aquellas zonas en las que haya una tasa de homicidios mayor a 10 por cada 100.000 habitantes.

El gigante sudamericano es uno de los países más violentos del mundo, con un récord de 63.880 homicidios en 2017, un promedio de 175 por día y una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes. Según un sondeo reciente de Datafolha, un 61% de los brasileños considera que la posesión de armas de fuego debe ser prohibida porque representa una amenaza a la vida de otras personas.