Bachelet habló de “torturas” y “ejecuciones extrajudiciales”: las claves de su informe sobre el gobierno venezolano

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, en su rol como Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, exigió al gobierno de Nicolás Maduro que tome al menos 13 medidas de forma inmediata para detener los “patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. Tras la visita al país del 19 al 21 de junio, la ONU advirtió sobre determinados mecanismos de tortura aplicados a los 135 personas “privadas ilegalmente de su libertad”, que incluyen “simulacros de ahogamiento” y “violencia sexual”, además de denunciar el registro de al menos 5.287 “ejecuciones extrajudiciales”.

“El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”, concluye el informe de Bachelet, basado en 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes como profesionales de salud, de los medios, defensores y defensoras de los derechos humanos y ex militares y oficiales de seguridad. El análisis incluyó también 159 reuniones “con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales”, según puntualizó Bachelet.

Para la expresidente, durante más de un decenio “Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”. “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política”, agrega el informe.

Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos

En este apartado, la ACNUDH señala que son al menos 15.045 los detenidos por “motivos políticos” entre enero de 2014 y mayo de 2019, entre los cuales 135 (23 mujeres y 112 hombres) son consideradas como la ONU detenciones arbitrarias, hasta denomina a algunas “desapariciones forzadas” en tanto que “las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones”.

De acuerdo a Bachelet “a menudo, las detenciones carecían de fundamento legal” y en la mayoría de los casos se llevaron a cabo “en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica”.

“En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, puntualizó sobre los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, “para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.

Además, el informe le dedica un párrafo aparte a “los casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención”. “Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones”, subrayó..

Ejecuciones extrajudiciales

La alta comisionada de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que atribuye en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad», durante operaciones policiales en 2018. “Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”, alertó Bachelet.

Migración

El informe calcula que al menos 4 millones de personas se vieron obligadas a abandonar Venezuela, a junio de 2019, la mayoría hacia Colombia, seguida por Perú, Chile, Argentina, Ecuador y el Brasil. “Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales”, indicó Bachelet, al destacar que “muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad”.

“Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración”, insistió al hacer foco en que muchas veces los migrantes recorren trayectos físicamente extenuantes pudiendo ya estar “en un estado de salud precario”.

Situación de la oposición

Sobre este punto, Bachelet denuncia una retórica pública que “desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él”. “La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y ‘agentes desestabilizadores’”, enfatiza el informe.

También destaca que hay leyes y reformas legislativas que han “facilitado” la “criminalización” de la oposición mediante “disposiciones vagas”. Incluidos “aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos”.