Avanza en Chile el proyecto de indulto a detenidas y detenidos por el estallido social

A pesar del rechazo del presidente Sebastián Piñera, el proyecto de “indulto general por razones humanitarias” fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, en tanto que dos tercios de la Convención Constituyente se pronunció a favor de la iniciativa. Por lo tanto, ahora se discutirá en la sala.

El proyecto tiene como objetivo otorgar un indulto general de manera excepcional a quienes fueron detenidos, acusados o encarcelados por haber cometido desórdenes públicos, robo o delitos a la propiedad privada durante el estallido, entre el 19 de octubre de 2019 y el 6 de diciembre de ese mismo año.

La iniciativa legislativa es promovida por los senadores opositores Yasna Provoste (Democracia Cristiana y precandidata presidencial), Isabel Allende (Partido Socialista), Alejandro Navarro (PRO), Adriana Muñoz (Partido Por la Democracia) y Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática).

El proyecto ya contaba con el apoyo general de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos de la Cámara Alta. Para que se apruebe en el pleno del Senado, se requieren 22 votos de los 43 senadores, según la norma. Sin embargo, Piñera ya adelantó que hará todo lo posible para que la iniciativa no se concrete y que la vetará. 

Los cruces entre Piñera y la oposición por el indulto

El mandatario dijo que “en Chile no hay presos políticos, no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas” y recalcó las decisiones de los tribunales. Serían al menos 25 personas las que se beneficiarían con este proceso, según los datos del Ministerio Público acerca de los presos. 

Las palabras de Piñera se diferencian de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), que señalaron en más de una oportunidad que “en Chile hay un abuso en la prisión preventiva”.

Los diputados de la oposición reconocen en la iniciativa que los actos por los que se detuvo a un gran número de personas en 2019 son punibles en la legislación chilena, pero aseguran que los delitos se cometieron en el marco de “una respuesta estatal desproporcionada, seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales”.

Tras la polémica discusión y aprobación en la comisión del Senado, los familiares de los llamados “presos de la revuelta” celebraron el avance del proyecto y llamaron a movilizaciones como forma de presión para que la iniciativa se apruebe en general.

El indulto en la Convención constituyente

El pedido de liberación para los “presos de la revuelta” también surgió de la Convención Constituyente en una declaración que fue aprobada con más de dos tercios (105 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones). La propuesta demanda a “los órganos del poder constituido” a tramitar “con máxima celeridad” un proyecto de ley de indulto general. También pide al Ejecutivo darle el calificativo de “urgente” a la iniciativa, para que se vote rápidamente.

La Convención recibió una carta a nombre de varios “presos de la revuelta”, quienes destacaron que la instancia constituyente nació precisamente gracias a las protestas.

El texto exige la liberación de las y los presos, y destaca que la actual Constitución está “hecha a base de muertes, torturas, violaciones, extractivismo, robos, privatizaciones arbitrarias, sobornos, etc”. “Nos aburrimos de esto, salimos a protestar por malas políticas en manifestaciones, fuimos golpeados, mutilados, gaseados con lacrimógenas, atropellados, hasta lanzados desde un puente”, expresa la carta.

La Convención Constituyente, en tanto, aclaró que emitió el comunicado porque “tiene la responsabilidad política de pronunciarse”, pero no pretende “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”.

Para el organismo, encargado de redactar la nueva Carta Magna chilena en 12 meses como máximo, en el estallido social las personas “fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana”.