El presidente Jair Bolsonaro presentó en el Congreso el proyecto de reforma previsional que obliga a los brasileños a aportar 40 años para ganar la jubilación integral, abre la puerta a un régimen de capitalización como las AFJP y excluye por ahora a los militares, que forman parte de la fuerza política gobernante. Con este proyecto, que reduce las contribuciones previsionales de los asalariados con menores ingresos, Bolsonaro espera reducir el déficit fiscal y disipar la atención de la crisis política pos las denuncias por corrupción del secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno.

En otra provocación a los organismos de derechos humanos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro comunicó que auditará las indemnizaciones que cobran las víctimas de la dictadura que más de una vez reivindicó. La persona a cargo de revisar los pagos del Estado será la polémica ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia, Damares Alves. Según la funcionaria, los beneficios económicos que da la Comisión de Amnistía a personas que fueron presas, exiliadas y torturadas durante los años de plomo forman parte de la “farra de las indemnizaciones”.

La Justicia brasileña abrió una investigación contra el ultraderechista Jair Bolsonaro y su familia para indagar sobre las transferencias de dinero a candidatos locales y regionales “fantasma”, que involucra a uno de sus ministros más importantes, el secretario general de la Presidencia Gustavo Bebbiano. El ministro está acusado de haber desviado más de 100 mil sólares en 2018 cuando fue uno de los responsables de la campaña del Partido Social Liberal (PSL), cuyo candidato presidencial era el capitán retirado del Ejército.