Redadas en barrios populares, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en lugares de encierro… son algunas de las denuncias que elevaron a nivel internacional las organizaciones de derechos humanos. En solo veinte días -y bajo el Régimen de excepción que suspendió derechos y garantías constitucionales- fueron detenidas 15.000 personas; número que el presidente comparte en las redes sociales como un trofeo.   

Los sondeos anticipan un empate técnico. La diferencia, dicen, va a ser por un puñado de votos. A favor o en contra, por el Sí o por el No. Pero el resultado aún es incierto y queda en manos de los uruguayos y uruguayas el destino de una de las leyes centrales del gobierno de Luis Lacalle Pou, que es fuertemente cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos y casi todo el arco de la oposición. Este domingo la sociedad uruguaya definirá mediante un referéndum si se derogan o no 137 artículos de la Ley de Urgente Consideración, más conocida como la LUC.

Las últimas semanas se registraron en la región hechos gravísimos de xenofobia y racismo. En Brasil mataron a golpes a un migrante congoleño luego de que reclamara el pago de su salario. En el exclusivo balneario de Punta del Este, en Uruguay, cinco hombres golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a un chico de 18 años que vestía ropa holgada y usaba gorra y capucha. “Creyeron que se trataba de un ladrón”, dijeron los agresores como si eso justificara la cosa. 

El recuento de estos acontecimientos parece trágico y lo es: la crisis climática está de manifiesto en esta parte del planeta pero las medidas no parecen llegar con la misma urgencia. 

Llegamos al fin de un agitado año electoral para la región, con cinco elecciones presidenciales y cuatro legislativas que, salvo una excepción, resultaron un mal trago para los oficialismos. Los triunfos de Gabriel Boric, en Chile, Xiomara Castro, en Honduras, y de Pedro Castillo, en Perú, reavivaron la esperanza de una segunda ola de gobiernos progresistas -cuando el fenómeno Bolsonaro parecía tener mecha para rato-. En Ecuador, la victoria de Guillermo Lasso fue vista con alivio por el establishment. En Nicaragua, Daniel Ortega renovó el cargo por cuarto mandato, no sin polémica de por medio.

En El Salvador abortar está prohibido. Más que prohibido: cualquier urgencia obstétrica, parto prematuro o aborto espontáneo te convierte en sospechosa de haber incurrido en un delito que la justicia salvadoreña castiga con penas de hasta 30 años de prisión.