Aumentan los asesinatos a líderes sociales: registraron 155 en un año y 25 en los últimos tres meses

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia con 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 homicidios registrados en 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes. Los activistas denunciaron la inacción del gobierno de Iván Duque para frenar los crímenes masivos y advirtieron que el panorama para el año que viene es peor porque desde enero a marzo de este año ya se registraron 245 agresiones y 25 muertes.

Para la ONG, el crecimiento de las agresiones demuestra que 2018 fue “uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia», situación que explicaron por la falta de políticas estatales destinadas a su protección.

De los 155 asesinados que se produjeron en 2018, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y 7 dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI. En todo el año, se registraron 805 agresiones en total, una cifra nunca antes alcanzada.

“A pesar de la evidente crisis de derechos humanos y de la urgente necesidad de intervención para proteger la vida de todos y todas y, en particular, de las personas defensoras de derechos humanos, el actual Gobierno de Iván Duque ha optado por tomar posiciones opuestas a su deber de ofrecer garantías y ha dejado en un segundo nivel la difícil situación que atraviesan los defensores y las defensoras, dedicándose, en su lugar, a poner otros temas en el centro”, señalaron los activistas.

Otra de las causas que identifican como catalizadores del aumento de la violencia es el reordenamiento de los grupos armados en los territorios después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y de la desmovilización de esta guerrilla. «Las acciones por parte del gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva», sostiene el informe.

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).

En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros 9 fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y 7 por la fuerza pública (5 %).

«Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios», detalló el informe, que también cuestionó la labor de los fiscales porque muchas veces ponen énfasis en encontrar al autor material de los hechos de violencia “ cuando detrás de cada agresión o asesinato se pueden encontrar responsabilidades a un nivel más profundo”.

Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.