Argentina se tiñe de verde otra vez: Alberto Fernández envió el proyecto del aborto legal al Congreso

El Presidente cumplió con su compromiso de enviar la iniciativa antes de 2021 para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, un reclamo histórico del movimiento feminista argentino. Al proyecto inicial del aborto legal sumó además otro por el que se se creará un programa para fortalecer la atención integral de la salud en la mujer durante el embarazo. “Que sea ley”, pidió Alberto Fernández en un mensaje por Twitter. 

Ambos proyectos habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.

“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida”, explicó el presidente durante el anuncio.

Así, a partir de ahora la Cámara de Diputados se prepara para debatir la legalización del aborto, un proyecto que desembarca por novena vez en el Congreso Nacional, esta vez impulsada por el Gobierno y luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.

La decisión de Fernández ya había sido anticipada la semana pasada por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, cuando confirmó que el Poder Ejecutivo giraría los proyectos este mes para que fueran tratados en sesiones extraordinarias.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, la Fundación Huésped, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones feministas recibieron con felicidad el anuncio tan esperado. En medio de la pandemia, las redes sociales se llenaron de mensajes verdes a favor de la legalización. 

A partir de la confirmación de Fernández, las diputadas que se identifican como verdes -el color que utiliza la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito- y como celestes, las ligadas a las organizaciones autodenominadas “pro vida”, ya hicieron las primeras proyecciones sobre cómo sería la votación en la cámara baja.

El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).

La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador, aunque está claro que el Frente de Todos tiene mayor cantidad de diputados verdes y Juntos por el Cambio, de celestes.

La intención del oficialismo es, por un lado, “seguir ajustando los números” y, por otro, evitar las confrontaciones que se produjeron en 2018, cuando los legisladores sufrieron escraches por la posición que asumieron con respecto a la iniciativa.

Cómo será el tratamiento del proyecto

Esta vez, el proyecto será analizado -a diferencia del 2018- en las comisiones de Mujeres y Diversidad, creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate; la de Legislación Penal y la de Salud, todas presididas por legisladores del oficialismo que respaldan el texto: Mónica Macha, Carolina Gaillard y Pablo Yedlin, respectivamente. Se tratará en sesiones extraordinarias y se espera un trámite rápido en ambas Cámaras.

Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como ‘verdes’ ya se preparan para el debate y confirmaron que hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.

Esos mismos números manejan los legisladores ‘celestes’ y, por eso, resulta central, para ambos sectores, convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al FdT.

Las características especiales del contexto de la pandemia y la realización de sesiones mixtas, es decir con legisladores presentes y otros conectados virtualmente, tiene un especial condimento en esta oportunidad, ya que la conectividad podría complicar la sesión.

Por eso, los denominados ‘verdes’ necesitan garantizarse el respaldo de algunos indecisos más para no tener dificultades a la hora de la votación del texto.

Qué dice el proyecto de IVE y atención posaborto 

El proyecto enviado por el mandatario establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional”.

Además, el proyecto de ley que tratará primero la Cámara de Diputados habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.

En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si el mismo “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.

Además, se señala que la práctica deberá llevarse a cabo “en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento”, asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.

“El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. Se debe  suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del  embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica”, señala el artículo 5 del proyecto.

A diferencia del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto, el del Ejecutivo incluye la objeción de conciencia particular pero también descarta la objeción institucional. En caso de aprobarse, el  profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero deberá “mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión”.

Además deberá derivar “de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica” y “cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”.

Se aclara expresamente que el personal de salud “no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable” y tampoco “se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto”.

Respecto de las personas menores de 13 años de edad, la solicitud será “mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal” y en los casos de adolescentes de hasta 16 años de edad, “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse  un  procedimiento que implique un riesgo grave para su  salud o su vida”.

El proyecto dedica varios artículos a la modificación del Código Penal, ya sea para la eliminación de las penas para el “aborto realizado con  consentimiento de la persona gestante” hasta la semana estipulada o para colocarlas a quienes provocaran abortos no deseados o para los que dilataran la ejecución del tratamiento. 

“La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”, ratificó Fernández en el mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que lamentó que cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados y 3.000 murieron por esa causa desde 1983.