Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay buscan condicionar las resoluciones de la CIDH

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay enviaron una petición conjunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para marcar ciertos límites a las resoluciones que dicta el Sistema regional de protección de los DD. HH., bajo el pedido de que se tome una mayor consideración del “margen de autonomía” de los países. En la solicitud de reforma, expresan “las inquietudes de los Estados” en relación con el funcionamiento actual del SIDH y recuerdan además que las sentencias que se emitan sólo tienen efecto para las partes en litigio. Las organizaciones de Derechos Humanos advirtieron que se busca socavar la independencia del mecanismo, una maniobra que pone en riesgo los derechos de las víctimas.

La declaración fue entregada el 11 de abril pasado al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao. “El texto busca expresar las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de los derechos humanos”, arranca el texto, que propone ciertas modificaciones esenciales bajo la excusa de que son “acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de cara a los desafíos del siglo XXI”.

De acuerdo a la nota que divulgó el Ministerio de Relaciones exteriores de Chile, a cargo de Roberto Ampuero Espinoza, la declaración considera que los Estados gozan “de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos”.

La definición encendió las alarmas de los defensores de derechos humanos, que alertaron que la declaración limita las atribuciones de los organismos y «debilita la vigencia de los derechos fundamentales» en la región. “La declaración firmada por Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile es un duro golpe para las víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro continente, pues busca mermar la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano”, subrayó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. En consonancia, Human Rights Watch calificó la petición como “un error colosal que pone en entredicho el compromiso de estos gobiernos—y de Prosur— con la vigencia de los DDHH en la región”.

Específicamente, los cinco países señalan “la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema. “Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno”, enfatizan poniendo en duda el margen de acción de la CIDH.

A su vez, la declaración enfatiza la «importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades» de los Estados, sembrando incógnitas también acerca de la capacidad del Sistema para juzgar los casos específicos de cada país.

Para AI, condicionar el actuar del mecanismo a intereses ponen en riesgo los derechos de las víctimas. El organismo resaltó que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han jugado un papel protagónico para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y combatir la impunidad “en tiempos de fuerte represión estatal y conflictos armados internos, y casos de violaciones individuales de derechos humanos”.

“Lo anterior ha garantizado que cuando los Estados no investigan las violaciones de derechos humanos cometidas en sus territorios, las víctimas cuentan con un mecanismo de protección independiente, capaz de garantizar verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición”, indicaron.