Antefirmar la paz

Colombia
Juanita León

El presidente Juan Manuel Santos está analizando hacer una jugada sumamente audaz y riesgosa para adelantar los tiempos y evitar el limbo que se producirá en el tiempo que pase entre la firma del Acuerdo Final y el cese bilateral del fuego y la concentración de las tropas. Es una «promesa de compraventa» que podría acarrear problemas jurídicos, políticos y sociales. 

Juanita León- La Silla Vacía (Colombia)

Aunque nadie duda de que el acuerdo con las Farc se firmará muy pronto, el cronograma para llegar allí es un lío. Sobre todo por el plebiscito. Ante este problema de sincronización, La Silla supo que el presidente Juan Manuel Santos está considerando seriamente una idea audaz pero muy riesgosa: “antefirmar” la paz.

Es decir, hacer el equivalente a la “rúbrica” que hacen los países al acordar un tratado internacional antes de someterlos a la aprobación de los congresos para que se vuelva efectivo.

El problema que tiene el Gobierno es básicamente de secuencia. Las Farc no están dispuestas a comenzar a concentrarse en las zonas de ubicación hasta que no tenga claro que la amnistía “más amplia posible” será una realidad para los guerrilleros que cometieron delitos que no son de lesa humanidad.

Esa amnistía, según el acuerdo de Justicia Especial para la Paz, debe aprobarse mediante una ley. Sacarla mediante el procedimiento ordinario en el Congreso toma como mínimo dos meses, y necesitaría que la aprobaran dos tercios de los miembros por ser una ley estatutaria. Por eso, el camino menos riesgoso es sacarlo mediante el fast track del Acto Legislativo para la Paz.

Pero para que se ‘active’ el fast track, el Acuerdo Final tiene que haber sido refrendado por los colombianos. Y para que exista refrendación, se necesita que la Corte Constitucional apruebe el plebiscito, el Gobierno lo convoque y la Registraduría lo organice. Y la gente vote por el sí.

La Registraduría necesita entre 45 y 50 días para organizar la votación del plebiscito.

» En conclusión, por esta vía, que sería la ortodoxa, tocaría esperar a que las partes firmen el Acuerdo Final, convoquen el plebiscito, pasen 50 días para que haya la votación y, si se refrenda, se active el fast track en el Congreso para comenzar a discutir la amnistía. Solo entonces, que en el mejor de los casos ya sería para fines del año «

En conclusión, por esta vía, que sería la ortodoxa, tocaría esperar a que las partes firmen el Acuerdo Final, convoquen el plebiscito, pasen 50 días para que haya la votación y, si se refrenda, se active el fast track en el Congreso para comenzar a discutir la amnistía. Solo entonces, que en el mejor de los casos ya sería para fines del año, las Farc comenzarían su proceso de moverse a las zonas de ubicación.

Esto significaría que habría un limbo.

Y ese limbo genera un riesgo para el proceso de paz. Por un lado, porque entre más tiempo pase entre la firma del Acuerdo Final y el cese bilateral del fuego y la concentración de las tropas, más riesgo hay de que ocurran hechos como el de Uribe, Meta, del domingo pasado.

También que los más de ocho mil guerrilleros que estarían esperando su amnistía y sin combatir, comiencen a recibir ofertas de bandas criminales o que surjan nuevas disidencias como la del Frente Primero del Guaviare.

Sin contar con el efecto político para el Gobierno de que la votación del plebiscito terminaría coincidiendo con la discusión de la reforma tributaria, algo que muchos en el Gobierno consideran que sería un acto suicida.

Ante este problema de hacer empatar los cronogramas, según confirmó La Silla con tres fuentes de alto nivel, el Presidente le está dando vueltas a la idea de hacer una ‘ante-firma de la paz’. Para los no legos, sería casi como una promesa de compraventa.

Su idea sería ‘antefirmar’ la paz muy pronto, ojalá en julio y definitivamente antes del 15 de agosto.

Adelantar los tiempos

Con esa antefirma, Santos pondría a correr los tiempos del plebiscito para que durante ese interregno, los colombianos refrenden el acuerdo (o no) y las Farc convoquen su Décima Conferencia, con todos los miembros de su Estado Mayor, para llegar a consensos respecto de cómo pasarán de las armas a convertirse en un partido político.

Una vez refrendado el Acuerdo y realizada la conferencia guerrillera, se firmaría ahí sí el Acuerdo Final con todos los bombos y platillos que se merece y los invitados internacionales. A partir de ese día, comenzaría a correr el cronograma anunciado en junio de la ubicación de los guerrilleros y de la discusión de la amnistía en el Congreso mediante el mecanismo fast track.

Es decir, el gobierno se ganaría por lo menos tres meses.

» Con esa antefirma, Santos pondría a correr los tiempos del plebiscito para que durante ese interregno, los colombianos refrenden el acuerdo (o no) y las Farc convoquen su Décima Conferencia, con todos los miembros de su Estado Mayor, para llegar a consensos respecto de cómo pasarán de las armas a convertirse en un partido político «

Es una idea audaz, como otras que ha tenido el Presidente durante el proceso de paz, pero plantea riesgos jurídicos, políticos y de la mera realidad.

Lo primero es que para que todo este esquema funcione como quiere Santos se tendría que “prefirmar” la paz en las próximas semanas, algo que el Presidente quisiera que sucediera “este mes”, según le confirmó a La Silla una persona cercana a él.

Pero como para que la “rúbrica” tenga alguna viabilidad jurídica tendría que estar ya todo pactado, lo que significa que en menos de tres semanas tendrían que acordar en La Habana varios temas difíciles sobre los que todavía no hay acercamientos

Lo que falta

Hay varios temas gruesos que todavía falta pactar en la Mesa de Negociación.

La primera es la misma amnistía, sobre la que ya hay acuerdo sobre lo sustancial aunque hay una discusión sobre “los delitos de hambre”, como contó este fin de semana El Espectador, y sobre otros temas menores.

Básicamente, los guerrilleros quieren que las personas que no han sido de la guerrilla pero que han sido condenadas por la protesta social o por cultivar coca o por llevar un cargamento de coca para darle de comer a sus hijos, también sean cobijados por la amnistía.

Este asunto no parece tan difícil de pactar en la medida en que en el punto uno sobre cultivos ilícitos quedó que el accionar de los cultivadores no se consideraría delictuoso y en el punto dos quedaron varias garantías para la protesta social. Y esas son las dos bases sociales que les interesan más a las Farc.

Sobre el Tribunal de Paz no hay acuerdo todavía. Las entidades que han propuesto los negociadores del gobierno para que escojan a los magistrados que juzgarán a los que cometieron crímenes no amnistiables no han sido acogidos por los negociadores de las Farc y viceversa. Ahí todavía falta que se acerquen.

Está el tema espinoso de las curules para los guerrilleros. Mientras el Gobierno propone que se las ganen en las urnas, garantizándoles un ‘piso’ mínimo, las Farc esperan que les asignen unas curules a dedo. Por lo menos las mismas 14 (9 de ellas en el Senado) que ganó la UP en las elecciones de 1986, antes del genocidio. Falta llegar a un número aceptable para ambos.

» Este asunto no parece tan difícil de pactar en la medida en que en el punto uno sobre cultivos ilícitos quedó que el accionar de los cultivadores no se consideraría delictuoso y en el punto dos quedaron varias garantías para la protesta social. Y esas son las dos bases sociales que les interesan más a las Farc «

Pero, además, eso se
ría claro para el 2018. Y está la discusión de qué pasa de aquí al 2018, pues las Farc no quieren quedarse de brazos cruzados mientras el Gobierno vía el mecanismo de fast track va desarrollando el Acuerdo Final en el Congreso. Ellos quieren estar ahí.

Hay varias fórmulas: como las personas condenadas por delitos no amnistiables (es decir, todo el Secretariado) tendrán que someterse a la Justicia Especial de Paz y pagar penas alternativas de entre cinco a ocho años, está la posibilidad de que tengan presencia en el Congreso vía unos «apoderados» en la legalidad, como Álvaro Leyva u otras personas en las que confíen; está la posibilidad, menos digerible políticamente, de que les suspendan la pena a los delegados del Secretariado mientras van al Congreso y la paguen cuando cumplan su período; y está la posibilidad de que vayan al Capitolio de lunes a miércoles y paguen la condena que les imponga el Tribunal de jueves a domingo. Y seguramente hay otras sobre la mesa, pero no han llegado a una fórmula sobre cuál.

Por último está todo el punto seis del Acuerdo, que tiene que ver principalmente con la implementación de los acuerdos.

Aquí la discusión gira principalmente alrededor del rol que jugarán las Farc en la ejecución de los planes de desarrollo territorial, en los que ellas quisieran tener un papel protagónico en pie de igualdad con el Gobierno manejando presupuestos y demás. El gobierno quiere que participen pero como parte de un programa de gobierno para las comunidades. Esa discusión está lejos de estar saldada.

» Sin embargo, las Farc también parecen interesadas en firmar más pronto que tarde. Su fecha, según supo La Silla, oscilaría entre el 20 y el 25 de agosto. Primero, porque entre más estén en el limbo, más riesgo de disidencias corren. Pero también porque es en su interés firmar la paz antes de que Barack Obama abandone el gobierno «

Además de todo lo que falta discutir, faltaría que las Farc acepten la idea del Presidente de la rúbrica o antefirma del Acuerdo, a la que en principio se oponen porque consideran que al fin y al cabo el tema del plebiscito es un problema que se inventó de manera unilateral Santos.

Sin embargo, las Farc también parecen interesadas en firmar más pronto que tarde. Su fecha, según supo La Silla, oscilaría entre el 20 y el 25 de agosto. Primero, porque entre más estén en el limbo, más riesgo de disidencias corren. Pero también porque es en su interés firmar la paz antes de que Barack Obama abandone el gobierno. Además de la garantía que les ofrece el respaldo del gobierno de Estados Unidos a la negociación, guardan la esperanza de que en su último mes indulte a Simón Trinidad, el negociador de las Farc preso, algo que la guerrilla ha abogado desde que se inauguraron los diálogos.

Además de la luz verde de las Farc, el Presidente tendría que tenerla también de parte de la Corte, porque no es claro que acepte un plebiscito sobre algo que no es el acuerdo firmado sino prefirmado y el fast track solo se activa después del plebiscito.

Esto, sin contar el riesgo político de ir a plebiscito sin que empiece la reubicación y el desarme.

Como dijo una de las fuentes consultadas, para efectos de sincronizar el cronograma, “no hay salida buena. Toca armar la menos mala”. Y en eso están.

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