Áñez tuvo que dar marcha atrás con su decreto contra la libertad de expresión

El Gobierno de facto de Bolivia anuló las tres disposiciones que penalizaban informaciones sobre el coronavirus que el Ejecutivo considerara falsas. La medida había sido duramente criticada dentro y fuera del país por gremios de prensa y organismos internacionales de derechos humanos, al considerar que atentaba contra la libertad de expresión y de información.

La presidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros aprobaron un decreto que anula tres artículos que penalizaban la desinformación o la incitación a incumplir las restricciones impuestas para evitar la covid-19. El nuevo decreto fue aprobado “a efectos de continuar garantizando el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, según se lee en el texto publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.

“A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa”, escribió en Twitter el ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo. “Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia”, agregó.

El Gobierno surgido tras el golpe a Evo Morales comunicó su decisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las instancias internacionales que habían cuestionado esas normas, junto con Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, entre otras.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había instado a las autoridades a modificar este decreto para “no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”.

El decreto más criticado fue uno emitido la semana pasada que modificó un artículo del que decretó la cuarentena en marzo, para establecer medidas penales contra quienes “inciten al incumplimiento” o difundan información de “cualquier índole” que “ponga en riesgo o afecte a la salud pública”, incluso mediante expresiones artísticas.

El Gobierno de Áñez había asegurado que la norma no implicaba una persecución a los medios, sino que buscaba que no se genere tensión en ámbitos como las redes sociales en medio del estado de emergencia sanitaria.