Amnistía Internacional denunció una “epidemia de embarazo infantil” en Paraguay: por día, dos niñas abusadas dan a luz

Un informe de Amnistía Internacional publicó cifras alarmantes de niñas menores de 14 años que son obligadas a ser madres en Paraguay. Esta “epidemia de embarazo infantil”, como lo llamó la organización, está directamente relacionada con el abuso sexual generalizado al que el Estado le da la espalda pero también con las leyes restrictivas del aborto que tiene el país.

Solo en 2019, el Ministerio Público recibió, en promedio, 12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por día. El número, sin embargo, tampoco termina de graficar la crisis de derechos que se está viviendo en el país, dado que las expertas estiman que por cada dos casos que conocen, pueden existir al menos otros 10.

La mayoría tiene lugar en el entorno familiar y, en algunos casos, el abuso resulta en embarazo. De hecho, en Paraguay, una media de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Al menos 1.000 niñas de 14 años o menos, dieron a luz en Paraguay entre 2019 y 2020. Además, en 2019 dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. 

De acuerdo a Amnistía Internacional, muchos de esos embarazos pueden haber sido consecuencia de violencia sexual, falta de educación integral en sexualidad, información adecuada sobre prevención del embarazo precoz o de acceso insuficiente a servicios de salud sexual y reproductiva.

No hay que olvidar que en el país, las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas, y el 13% de muertes maternas causadas por abortos inseguros (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social).

El informe Mitãkuña ndaha’eiva’erã sy (Son niñas, no madres), analiza las fallas del sistema que existe en Paraguay para abordar casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes desde una mirada integral. 

“Por acción y omisión, Paraguay le está dando la espalda a sus niñas y adolescentes cuando enfrentan abusos inimaginables. Aunque en el papel existe un marco legal para apoyar a sobrevivientes de violencia sexual, en la práctica están a la merced de un sistema caótico que no las escucha ni prioriza su bienestar y, al contrario, se enfoca en obligar a niñas a llevar embarazos a término,” advirtió Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Leyes restrictivas, derechos negados 

En Paraguay, país que tiene algunas de las leyes más restrictivas de la región respecto al acceso a un aborto seguro y legal, la interrupción del embarazo es un delito penado con privación de la libertad, con la excepción de los casos cuando la vida de la gestante corre peligro.

El Estado condena a las nenas abusadas a terminar su embarazo y, además, “la mayoría de ellas terminan viviendo con sus abusadores o en hogares infantiles donde a menudo sufren presiones para convertirse en madres, y son sujetas a más abusos, alejadas de toda posibilidad de una educación de calidad y un proyecto de vida digno”, advirtió Amnistía. 

La organización exhortó al Estado a promover la detección temprana, impartir educación integral sexual con enfoque de género y coordinar y agilizar su respuesta para evitar la revictimización secundaria.

“Las niñas tienen el derecho a una vida libre de violencia. Forzar a alguien a continuar con un embarazo, particularmente cuando es el resultado de una violación, es una forma de malos tratos que puede llegar a considerarse tortura,” dijo Erika Guevara Rosas. “A pesar de algunos avances legislativos en los últimos años, Paraguay no ha logrado poner en práctica medidas suficientes para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad”, agregó. 

En 2018, Paraguay adoptó la ley 6202 para prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes. Sin embargo, casi tres años más tarde, su implementación no es aún efectiva. 

Las autoridades también le están dando la espalda a la Educación Integral en Sexualidad, un elemento clave para la prevención de embarazos prematuros. Aunque el Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce su importancia, en el 2011, las autoridades frenaron su implementación. En 2017, el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió “la difusión y utilización de materiales… referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas”.