Amnistía en Ecuador para 268 dirigentes sociales, indígenas y ambientalistas condenados por las protestas de 2019

El Congreso unicameral de Ecuador otorgó una amnistía a 268 políticos, indígenas y ambientalistas juzgados y condenados por participar en las protestas de 2019 contra el paquete económico que incluía altas subas en las tarifas públicas y en defensa de territorios comunitarios.

Con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el Pleno Legislativo, concedió “amnistías a 268 ciudadanos que fueron judicializados por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales”, señaló la Asamblea Nacional a través de su cuenta en Twitter.

“Estos resultados van a reconciliar al país, hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro Ecuador; me siento muy contenta de que nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los Derechos Humanos, del agua y la naturaleza y todas sus familias hoy recuperan su libertad, la justicia en el país y la tan ansiada reconciliación y unidad nacional”, resaltó en Televisión Legislativa la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori Abarca.

El actual presidente, Guillermo Lasso, consideró que la amnistía fue un “acto de injusticia” y que “el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros”.

“Olvidaron Quito en llamas; familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión”, expresó Lasso, apuntando sobre todo a los 60 procesados por la ola de protestas que vivió el país en octubre de 2019 y que tuvo su epicentro en el casco antiguo de la capital.

Estas 60 personas habían sido condenadas por “ejercer el derecho a la resistencia y protesta social” durante las manifestaciones de octubre de 2019 lideradas por indígenas, contra el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) por aumentar los precios de combustibles.

Las protestas dejaron 11 muertos y obligaron al Gobierno a dar marcha atrás con el tarifazo.

También fue alcanzada por la medida la gobernadora de la provincia andina de Pichincha -cuya capital es Quito-, Paola Pabón, y otros políticos afines al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica desde hace cinco años.

Moreno fue vicepresidente de Correa en los primeros seis años de su Gobierno y a partir de 2017 ambos sostuvieron una pugna de poder. El correísmo, opositor a Moreno, es la principal fuerza legislativa con casi 50 bancas, seguido del movimiento indígena, que tiene 25.

Las amnistías también cobijan a defensores de territorios comunitarios y de la naturaleza, así como a administradores de justicia indígena -reconocida por la Constitución-, indicó el Congreso en un comunicado.

“Logramos la amnistía para luchadores sociales y defensores/as de los derechos”, expresó en Twitter la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización de pueblos originarios que encabezó las protestas de octubre de 2019 y participó en revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

El Legislativo tiene la facultad de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, de acuerdo con la Carta Magna.