Alianza para la NO prosperidad

Centroamérica

El primer encuentro de la Alianza para la Prosperidad del que participaron los mandatarios del Triángulo Norte y Estados Unidos dejó en claro que no es más que un proyecto empresarial. Aunque su objetivo supone ser contener la migración masiva y sus causas, lo que en realidad buscan es generar un nuevo proyecto inversionista de caracter privado. Centroamérica lo sufrirá.

Los presidentes Salvador Sánchez Cerén, Otto Pérez Molina, de Guatemala y Juan Orlando Hernández, de Honduras, junto al vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden- Foto: Presidencia El Salvador

Luis Solano- Plaza Pública (Guatemala)

En septiembre de 2014 los presidentes de los países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), elaboraron el documento “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. Este plan presenta las líneas estratégicas de acción que los gobernantes suponen serán la respuesta para contener la masiva migración de indocumentados a Estados Unidos.

Ese plan es la respuesta a la reunión sostenida por los mandatarios centroamericanos con su homólogo estadounidense Barack Obama, tres meses atrás en Washington, tras la crisis desatada por los miles de menores migrantes detenidos en los centros fronterizos de migración estadounidense  en 2013 y 2014.

En ese encuentro se solicitó la cooperación estadounidense para planificar “cómo pueden trabajar juntos con otros miembros de la comunidad internacional para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad en la región; y afrontar los factores que están causando que los ciudadanos centroamericanos emprendan el peligroso viaje a Estados Unidos”, según declaró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

En noviembre de 2014 los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Guatemala, Otto Pérez Molina; y El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentaron el plan en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

” Aunque en el discurso público de las partes interesadas prevalece que el multimillonario plan es para contener la masiva migración y las causas que la provocan, en el fondo este plan no es más que un proyecto empresarial cuyos objetivos últimos son impulsar y consolidar grandes inversiones privadas con la participación de los Estados “

En el financiamiento del plan participarán Estados Unidos, el BID y el Banco Mundial, entre otros actores internacionales, sumados a los recursos que los gobiernos del norte de Centroamérica se comprometen a aportar. Se espera que en los próximos días, el Congreso estadounidense apruebe US$1 mil millones, en el presupuesto del año fiscal que inicia en octubre, con lo que arrancará la participación de Estados Unidos. El plan, con una duración de cinco años, podría llegar a sumar US$15 mil millones para los tres países que integran el Triángulo Norte.

Aunque en el discurso público de las partes interesadas prevalece que el multimillonario plan es para contener la masiva migración y las causas que la provocan, en el fondo este plan no es más que un proyecto empresarial cuyos objetivos últimos son impulsar y consolidar grandes inversiones privadas con la participación de los Estados. La atracción de inversión privada extranjera y la explotación de recursos naturales, entre otros, se observa en los fines de la Alianza para la Prosperidad.

En la reunión de julio de 2014, el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales Moscoso, declaró: “No estamos aquí para pedir dinero. Estamos aquí para hacer una alianza con nuestros socios en Estados Unidos y crear inversiones para nuestros países”.  Y dado que el área de las inversiones que se piensa impulsar, es de interés de los grandes capitales, es fácil entender que el plan nació bajo la batuta del empresariado.

Eso explica, en el caso de Guatemala, que el papel central lo juegue la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), el principal centro de pensamiento (think tank) de la élite empresarial guatemalteca, y principal enlace de los “tanques de pensamiento” estadounidense. FUNDESA es el principal núcleo empresarial desde donde se define y diseñan políticas públicas, implementadas y ejecutadas por instancias estatales controladas por grupos de poder empresariales. Y esto queda reflejado plenamente en el documento presentado por los gobernantes.

El trasfondo empresarial del Plan de la Alianza para la Prosperidad y su contexto histórico, nos regresa cinco décadas atrás, cuando tras la contrarrevolución de 1954 se intentó hacer de Guatemala una vitrina anticomunista con planes inversionistas y reformas de ajuste estructural, que a partir de entonces han moldeado el modelo económico guatemalteco.

” Se puede concluir que el Plan de la Alianza para la Prosperidad tiende a convertirse en un nuevo proyecto inversionista de carácter privado, que consolidará a los grupos económicos más fuertes, y que puede conducir a nuevas oleadas de migrantes, tal como ha ocurriendo de manera creciente en los últimos 40 años “

La Alianza para el Progreso de la década de los 60; el modelo de las exportaciones no tradicionales y la maquila de la década siguiente; los programas de ajuste estructural, de los 80; los procesos de privatización, de la década de los 90, y el modelo de la industria extractiva, agronegocios de exportación y competitividad de la primera década de este siglo, tan sólo ha contribuido a profundizar las desigualdades económicas y sociales, conformar poderosos grupos de poder económico, y lo más paradójico: la expulsión de miles de guatemaltecos bajo la figura del migrante indocumentado hacia Estados Unidos.

Todo lo hecho en las últimas cinco décadas refleja un claro fracaso en términos de mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Pero un éxito para un reducido grupo de la burguesía guatemalteca, que al amparo de políticas públicas diseñadas a su favor y un gran porcentaje de la inversión pública a su servicio, lograron acrecentar sus riquezas y su poder político y económico.

Por lo tanto, se puede concluir que el Plan de la Alianza para la Prosperidad tiende a convertirse en un nuevo proyecto inversionista de carácter privado, que consolidará a los grupos económicos más fuertes, y que puede conducir a nuevas oleadas de migrantes, tal como ha ocurriendo de manera creciente en los últimos 40 años.

Lo que subyace en las líneas estratégicas del plan

El documento firmado por los mandatarios del Triángulo Norte parte de una valoración de la situación de los tres países e identificación de los desafíos que se les presentan. Desde su inicio se pone de manifiesto que todo lo pregonado durante décadas de medidas económicas, planes inversionistas y reformas estructurales no ha cumplido con el discurso social con el que iban arropadas, es decir, mejorar las condiciones de vida de la población.

“Aunque hemos logrado cierto avance en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes nuestros esfuerzos han sido insuficientes para generar un cambio sustancial en la oferta de oportunidades y de progreso para nuestra población y ofrecerles una mejor calidad de vida que permita revertir el patrón demográfico de migración”, señala en su parte introductoria. Las desigualdades sociales se ponen de manifiesto cuando se indica que “el bajo y poco inclusivo crecimiento económico no ha generado el empleo necesario para absorber a nuestra creciente población”.

Luego da paso hacia lo que sustentará el Plan de la Alianza para la Prosperidad: “Los bajos niveles de inversión, los elevados costos de energía eléctrica y de logística, los problemas de conec
tividad son parte de los apremiantes desafíos al desarrollo que afectan nuestra competitividad y las posibilidades de aumentar el ritmo de crecimiento de nuestras economías”. Con esto se replantea el modelo económico, y se anuncia desde ya la base del discurso oficial que supone un modelo inversionista que resolverá la crisis migratoria de menores de edad, y la avalancha de migrantes indocumentados, que en el caso de Guatemala, ha llevado a Estados Unidos al 6% de la población actual, equivalente a casi un millón de personas.

Sin mencionar en absoluto la poca inversión pública en el llamado capital social básico, tan sólo se limita a señalar “la limitada oferta y calidad de servicios de educación, salud, nutrición y desarrollo infantil que está colocando en riesgo a nuestros niños y jóvenes coartando sus posibilidades de prosperar. Esta falta de oportunidades para las generaciones presentes y futuras no ha dejado otras alternativas a nuestra población que migrar, continuar sumidos en los círculos de pobreza o vincularse, en el peor de los casos, a actividades ilícitas”.

” Estas líneas estratégicas, cuatro en total, dado el orden en que se presentan, dejan claro las prioridades y la parte núcleo del plan de la alianza. De las cuatro, la contenida en el inciso A es la parte medular del modelo inversionista a impulsar: Dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas “

El documento traza líneas estratégicas de acción que “guiarán las acciones prioritarias de mediano plazo que acometeremos para crear las condiciones de desarrollo que permitan el arraigo de nuestra población en nuestros países”.

En ella se espera atraer capitales que inviertan a partir de un elemento central: bajos salarios, por debajo del salario mínimo, lo cual es inconstitucional.

Estas líneas estratégicas, cuatro en total, dado el orden en que se presentan, dejan claro las prioridades y la parte núcleo del plan de la alianza. De las cuatro, la contenida en el inciso A es la parte medular del modelo inversionista a impulsar: Dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas.

El documento enfatiza en que un mayor crecimiento de las economías del Triángulo Norte, “requiere atraer la inversión privada, promoviendo sectores y la concentración de actividades en áreas geográficas estratégicas. Esto sólo será posible si al mismo tiempo emprendemos acciones y ejecutamos proyectos para reducir los costos de energía, realizamos las inversiones esenciales para mejorar la infraestructura y la logística y facilitar el comercio de manera más integral y si se concentran y focalizan estas inversiones y acciones en zonas y regiones que puedan convertirse en futuros centros dinamizadores de desarrollo”.

En esencia, el contenido del plan anterior retoma lo que fue el Plan Puebla Panamá (PPP) y que hoy se denomina Plan Mesoamérica, versión reducida del PPP a sus áreas estratégicas: electricidad, telecomunicaciones e infraestructura.

El principal argumento en el documento se basa en que con el fomento inversionista, sumado al fortalecimiento institucional no sólo para lograr la confianza de la población en el Estado, sino para aumentar la capacidad financiera de las arcas nacionales, se podrá disponer de los recursos que requiere el financiamiento de una parte del multimillonario plan.

Según detalló el canciller hondureño, Arturo Corrales, “la iniciativa comprende invertir anualmente US$1 mil millones de dólares a partir de 2016, y por cinco años, para los tres países”. De acuerdo con Corrales, la asistencia de Estados Unidos es de “apenas el 20% de los recursos y el resto lo pondrá el Norte de Centroamérica con fondos propios e inversiones privadas y préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”.

 

Un plan corporativo

Visto de otra manera, el Plan puede ser la continuación de todo lo hecho durante las cinco décadas anteriores. En este período se ha enfatizado en la inversión de miles de millones de dólares que han coadyuvado a concentrar el poder económico en un reducido grupo de corporaciones, gracias a que el crecimiento económico ha sido excluyente y acaparado por las elites empresariales. Mientras tanto, el concepto de desarrollo se ha limitado a buscar altas tasas de crecimiento económico, sin considerar otras alternativas que van más allá de lo numérico y monetario que los pueblos indígenas y excluidos proponen alejado de los modelos occidentales de desarrollo.

La llamada “teoría del derrame” pregonada por quienes preconizan las bondades de la economía de mercado, nunca se ha cumplido en el sentido del discurso oficial que ofrece mejorar las condiciones materiales de vida de las mayorías, repetido incesantemente desde la época contrarrevolucionaria  cargado de ideología neoliberal. Por eso, el “rebalse” quedó en pocas manos.

En el documento de los gobernantes centroamericanos hay un reconocimiento tácito del fracaso de todo lo hecho en esas décadas. Se indica que las causas de la migración no son de corto plazo. “Al contrario, surgen de un entorno que por muchos años no ha provisto las oportunidades económicas y sociales que permita a la población prosperar y aspirar a una vida mejor en nuestros territorios. La carencia de empleos de calidad, la ausencia de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, las altas tasas de desnutrición, la pobreza extrema, la desigualdad, y la creciente inseguridad han llevado a las familias a la búsqueda de un futuro mejor en el exterior”.

Faltó agregar que esa migración igualmente ha sido una válvula de escape para la frágil estabilidad del Estado y los modelos económicos excluyentes que prevalecen en lo que se considera la zona más violenta del planeta: el Triángulo Norte. Es más, en el caso de Guatemala, esa migración representó en 2014, US$5.5 mil millones en remesas, y que según el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, fue determinante para que el crecimiento económico alcanzara una tasa de 4%.

” Y el Plan de la Alianza para la Prosperidad lleva el mismo camino: inversiones público-privadas con objetivos privados, que deparan, contradictoriamente, la continuidad en las migraciones masivas. Este plan, entonces, más que un plan ‘anti migración’ es un plan ‘pro migración’ “

Para los apologetas de la Teoría del Derrame (Trickle Down Theory) esta realidad pone a descubierto lo perverso del modelo económico que han impulsado, basado en la propiedad privada, la privatización de los servicios públicos y la concentración de la riqueza, desde la cual se suponía se irradiaría el progreso para todos. Falacia, no más.

Y el Plan de la Alianza para la Prosperidad lleva el mismo camino: inversiones público-privadas con objetivos privados, que deparan, contradictoriamente, la continuidad en las migraciones masivas. Este plan, entonces, más que un plan “anti migración” es un plan “pro migración”.

Y tal como ocurrió con el programa estadounidense Alianza para el Progreso, para el caso centroamericano, la ayuda económica contribuyó a fortalecer a grupos específicos del poder económico, pero sobre todo, coadyuvó a la masiva penetración de capital estadounidense, uno de los principales factores que dio al traste con el modelo de sustitución de importaciones y el Mercado Común Centroamericano (Mercomun).

Falta mucho más por hacer. Y entre los mínimos requeridos se encuentra redirigir la inversión pública, que ha estado en función de intereses privados más bien que destinarla a las regiones donde se concentra la mayoría de la pobreza y población indígena. Mientras esto no cambie, persistirá como una de las principales causas el abandono del Estado de amplios sectores de la población, que bajo el marco ideológico neoliberal no representan un “activo” para invertir por no “generar” ganancias a futuro.

Un estudio preliminar reciente, que analiza la dinámica de la inversión pública en Guatemala, entre sus principales conclusiones, indica que: “los municipios con los niveles más altos de pobreza son los que reciben menor inversión pública”. Y con razón, ya que son los que más migrantes a Estados Unidos generan. Algo que el documento de los mandatarios del Triángulo Norte, no aborda ni por asomo.

Reformular la calidad y el destino de la inversión pública, necesariamente requiere, al menos, de gobiernos que no respondan exclusivamente a intereses de grupos de poder económico, sean estos reales o paralelos. Ese es uno de los grandes desafíos, que bajos las actuales circunstancias no parecen que se resolverá en el corto ni largo plazos.

Lo que busca Estados Unidos

De la mano del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el principal socio del Triángulo Norte, el Plan Prosperidad busca tomar vuelo. Biden ha tenido la voz cantante de lo que su país persigue y le exige a los gobernantes centroamericanos para aprobar y desembolsar los US$1 mil millones ofrecidos para 2016.

Designado por el mandatario Barack Obama para las reuniones y cumbres oficiales con los homólogos centroamericanos, Biden expuso en una columna opinión en el influyente diario estadounidense The New York Times, las exigencias de la administración de Obama para aportar la millonaria ayuda. En su reciente visita a Guatemala, condicionó el aporte con el que se dé continuidad a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Dice Biden, en referencia al estancamiento de las economías del Triángulo Norte, “una educación deficiente, la corrupción institucional, la delincuencia descontrolada y la falta de inversión hacen que estos países estén estancados”. Y casi de manera dramática, expone lo que ello puede costar, sobre todo para Estados Unidos: “si no encuentran oportunidades en este, todo el hemisferio occidental sufrirá las consecuencias”.

Biden supone que la ayuda del millardo de dólares ofrecido, contribuirá a realizar las “difíciles reformas e inversiones” requeridas para enfrentar la crisis de seguridad y retos económicos en el Triángulo Norte. Esa millonaria ayuda, dice Biden, “es casi tres veces lo que generalmente hemos dado a Centroamérica”. Por cierto, Biden no dice nada del impacto que ha tenido lo que en el pasado se ha otorgado en ayuda económica.

Pero la ayuda no llegará así de fácil. Estados Unidos la ofrece siempre y cuando el Triángulo Norte se haga cargo del problema. “Obama enfatizó este punto cuando los presidentes visitaron Washington en julio”, escribe Biden. Y sin profundizar cómo ocurrió, Biden indica: “Y ellos aceptaron. Honduras firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para combatir la corrupción. Guatemala ha destituido a altos funcionarios sospechosos de corrupción y de ayudar al tráfico de personas. El Salvador aprobó una ley que brinda nueva protección a los inversionistas. Trabajando con el BID, estos tres países crearon un plan conjunto de reformas económicas y políticas, una alianza para la prosperidad”.

” Biden, la voz del gobierno de Estados Unidos, lo que en el fondo solicita es la garantía legal y de seguridad para las inversiones venideras, sobre todo las estadounidenses, de las cuales supone, saldrá el famoso derrame que el crecimiento económico derrochará sobre los desposeídos. La ayuda estadounidense es clave “

El esfuerzo que hay que realizar de manera conjunta, indica Biden, va dirigido a mejorar la seguridad con énfasis en el combate al narcotráfico, trata de personas y delitos financieros; mejorar la recaudación fiscal, combatir la corrupción, modernizar los sistemas judiciales con el fin de atraer inversión internacional.

Biden concluye, tal como se hiciera hace 50 años, que la ayuda estadounidense haría de Guatemala una “vitrina” para el mundo, que “el costo de invertir ahora en una Centroamérica segura y próspera es modesto comparado con los costos de dejar que la violencia y la pobreza se intensifiquen… Es por eso que estamos pidiendo al Congreso que trabaje con nosotros. Juntos podemos ayudar a que Centroamérica se convierta en una manifestación de asombroso surgimiento del hemisferio occidental y no en una excepción de este”.

El escrito de Biden pone el dedo en parte de la llaga. Es ampliamente conocida la crisis de seguridad existente en el Triángulo Norte, que le hace la región más violenta del planeta. El narcotráfico y los grupos que lo controlan, se han entronizado en el poder local y estatal, haciendo alianzas con grupos de poder económico. La corrupción está profundamente arraigada. Persisten bajas tasas de tributación construidas después de años de prevalencia de las medidas y programas de corte neoliberal que han privilegiado subsidios y exenciones fiscales para los grupos de poder que concentran la mayor parte de la riqueza del país.

Biden, la voz del gobierno de Estados Unidos, lo que en el fondo solicita es la garantía legal y de seguridad para las inversiones venideras, sobre todo las estadounidenses, de las cuales supone, saldrá el famoso derrame que el crecimiento económico derrochará sobre los desposeídos. La ayuda estadounidense es clave. Pero no llegará así de fácil si persiste la corrupción y la entronización de los grupos de poder paralelos, que según los críticos, están a la espera de “aprovechar” esa ayuda.

A lo expuesto por Biden se suma lo expresado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien en una audiencia ante el Senado estadounidense para defender la aprobación de la ayuda de US$1 mil millones, reconoció que el dinero “no es la única respuesta” y que es necesario que la ayuda se gestione “de forma cuidadosa y adecuada”.

Sin interpretarlo de esa manera, el “efecto boomerang” de la influencia estadounidense en las economías centroamericanas, se percibe cuando Kerry explicó la situación en la región que hay que enfrentar: “Pero si no hacemos esto, habrá mayores niveles de violencia, mayores niveles de agitación, mayores oportunidades para que los grupos radicales recluten gente, la violencia aumentará. Y Estados Unidos sentirá ese impacto”, advirtió.

” Kerry fue muy claro al exponer el interés tácito de Estados Unidos en ese compromiso de ayudar al Triángulo Norte, en función de los propios intereses estadounidenses: ‘Esto no es sólo una estrategia basada en ayudarles y hacer lo correcto. Esto está en nuestro interés de seguridad, en nuestro interés a largo plazo, y encaja con nuestros valores’ ”

Kerry fue muy claro al exponer el interés tácito de Estados Unidos en ese compromiso de ayudar al Triángulo Norte, en función de los propios intereses estadounidenses: “Esto no es sólo una estrategia basada en ayudarles y hacer lo correcto. Esto está en nuestro interés de seguridad, en nuestro interés a largo plazo, y encaja con nuestros valores”.

En esa misma audiencia, el senador demócrata Patrick Leahy, puso el dedo en otra parte de la llaga, al recordar que “décadas de oligarquías corruptas, guerras civiles, cuadrillas de la muerte” y donde ahora persiste “el crimen organizado y una corrupción profundamente enraizada y extendida”.

Leahy concluyó diciendo: “Doy la bienvenida a un nuevo enfoque en esa región, pero quiero asegurarme de que los miles de millones que hemos solicitado van a gastarse de forma diferente que en el pasado”.

Analistas conservadores han expresado estar en contra de la ayuda de Washington a Centroamérica. Este es el caso de Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute, quien recientemente escribió un artículo en España en relación con el tema. En este expuso la crítica situación en materia de violencia, inseguridad, narcotráfico y corrupción que se experimenta en los países del Triángulo Norte. En ese contexto, afirma que la
ayuda ofrecida por el gobierno de Obama, puede más bien agravar los problemas: “La evidencia empírica muestra que cuando se brinda ayuda externa a países con problemas institucionales, estos pueden agravarse”.  Y concluye planteando dos escenarios: “En el mejor escenario, la propuesta de Washington es un desperdicio de dinero. En el peor, dar mil millones a gobiernos con lúgubres historiales de transparencia y derechos humanos empoderará a políticos corruptos en detrimento de los centroamericanos a los que se pretende ayudar”.

Parece una contradicción que Aspen Institute, con grandes influencias en sectores que en Guatemala mueven los hilos del Plan de la Alianza para la Prosperidad, se oponga a mismo. Pero es de suponer que, el trasfondo del planteamiento, más bien tiene que ver en que esos fondos sólo deben llegar a Centroamérica si son manejados desde el empresariado con nexos a esos centros de pensamiento estadounidense, como el caso de Aspen Institute, aunque esto no se señala en el artículo.

Por eso es importante observar que al Primer Encuentro Alianza para la Prosperidad, celebrado en Honduras el 26 de febrero, asistieron los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras; Otto Pérez Molina, de Guatemala y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz. A ellos se sumó el canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribeña, y la gerente del BID para México, República Dominicana y Centroamérica, Gina Montiel. Entre los participantes sobresalió el representante especial para Asuntos Comerciales y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Scott Nathan, así como directivos del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).[3]

 

 

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