Al frente de un programa popular

Uruguay

A poco de asumir Tabaré Vázquez sufre una ofensiva mediática que trata de deslegitimar sus funciones políticas y en particular el desempeño de las empresas del Estado, que por turno han recibido los ataques de la prensa conservadora. El Frente Amplio muestra divisiones internas y toma decisiones cuestionables, pero cuenta con el respaldo expresado en las urnas.

Tabaré Vázquez el día de su asunción - Foto: Presidencia

Nicolás Ariel Herrera – La República (Uruguay)

Los países latinoamericanos que recuperaron su democracia hace treinta años debieron soportar además diez o quince años de prácticas neoliberales que dejaron en manos del “mercado” la suerte de sus trabajadores y parte de sus empresas públicas en manos de privados.

Tras el colapso económico y social muchos de estos países han conseguido establecer por vía de las urnas algunas formas de gobierno “de izquierda”, con programas socialdemócratas, que se convirtieron en sociedades más justas y con más derechos para los pobres. En su gran mayoría, estos gobiernos llegaron al cumplimiento de aquellos objetivos con el pleno vigor de las garantías constitucionales.

Las conquistas sociales logradas en América Latina en los últimos quince años, con mejores performances económicas, mejores salarios y vigencia de garantías laborales, aumentaron el producto bruto interno y bajaron los niveles de pobreza. Pero han debido hacer frente a la conjunción de los intereses financieros y empresariales sumados a los medios masivos de comunicación.

” A pesar del progreso de las clases populares y de los mejores niveles de vida, la poderosa coalición de los grupos económicos y su gran prensa, entre quienes encontraron su apoyo las dictaduras cívico-militares, están desplegando una constante prédica desestabilizadora en perjuicio de las propias democracias y sus representantes “

A pesar del progreso de las clases populares y de los mejores niveles de vida, la poderosa coalición de los grupos económicos y su gran prensa, entre quienes encontraron su apoyo las dictaduras cívico-militares, están desplegando una constante prédica desestabilizadora en perjuicio de las propias democracias y sus representantes.

En cuanto la ecuación económica y los dividendos financieros insinuaron un enlentecimiento de sus tasas de ganancia, la reacción se ha transformado en grupos de presión contra las instituciones del Estado, los organismos elegidos por sufragio universal, los partidos, el parlamento y los políticos.

Estas recuperadas democracias enfrentan ahora la caída internacional de los precios de las materias primas y deben contemplar, al mismo tiempo, la doble pinza de las crecientes demandas de una población que ha mejorado su poder adquisitivo y reclama salir de la vulnerabilidad sin admitir las limitaciones que plantean a los gobiernos democráticos el respeto al derecho de propiedad, el estrecho alcance de los ingresos fiscales y las reglas del sistema capitalista.

Las nuevas democracias deben caminar por un delgado pretil.

II

A seis meses de asumir y a diez meses de su elección, en comicios con un 90% de participación, donde obtuvo más del 50% de los sufragios, el gobierno democrático de este país vive una ofensiva mediática que procura deslegitimar las funciones políticas y en particular el desempeño de las empresas del Estado como Pluna, Antel, Ancap, OSE, la salud, la policía y la enseñanza pública, que por turno han recibido la munición de la prensa conservadora, desacreditando a sus administradores y degradándolos hasta niveles delictivos.

En coincidencia con el asedio de los grandes grupos de interés, la central sindical decretó un paro general el pasado 6 de agosto, celebrándolo cual si fuera una victoria contra un régimen oligárquico y totalitario, cuando en realidad fue ejercido contra un gobierno integrado por ex dirigentes gremiales de probada militancia en favor de los derechos de los trabajadores y las libertades públicas.

Es cierto que el gobierno no ha venido colmando las expectativas.

Ha mostrado divisiones internas típicas de camarillas, no ha combatido el clientelismo, no ha controlado focos de corrupción y, por si fuera poco, ha demostrado que se deja llevar por decisiones autocráticas que limitan libertades ciudadanas y sindicales.

” A seis meses de asumir y a diez meses de su elección, en comicios con un 90% de participación, donde obtuvo más del 50% de los sufragios, el gobierno democrático de este país vive una ofensiva mediática que procura deslegitimar las funciones políticas y en particular el desempeño de las empresas del Estado como Pluna, Antel, Ancap, OSE, la salud, la policía y la enseñanza pública “

Pero está al frente de un programa popular.

Situándose en la esquina de enfrente, los gremios quieren ignorar que responden a las mismas fuerzas populares que eligieron al partido de gobierno, se comportan como frente a una patronal intransigente, pretenden tirar de la piola presupuestal tanto como se lo pida cada sindicato, y recurren a la huelga en las primeras de cambio.

En una coyuntura estratégica de alto riesgo para la causa democrática, es una torpeza ignorar la fuerza de los grupos de poder que se han situado en formación de combate para oponerse a los trabajadores y a las conquistas sociales.

Gobierno y movimientos populares serán responsables si no terminan de entender que la democracia tampoco es una variable de ajuste.

Porque es la única herramienta que asegura la libertad.

Porque la recuperación de esa libertad y esa democracia costó demasiadas víctimas.

Las que nos recuerdan cada día cómo y quiénes las perdieron.

 

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