Absolvieron a colaboradores pinochetistas por el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva

La Justicia chilena revocó este lunes una sentencia en primera instancia y absolvió a seis represores del pinochetismo condenados por el homicidio del expresidente chileno Eduardo Frei Montalva en 1982, en un sorpresivo fallo que generó indignación entre los chilenos. La Corte de Apelaciones de Santiago basó su decisión en un tecnicismo que no toma en cuenta los antecedentes del caso, de acuerdo a la familia del exmandatario. 

Los tres jueces del tribunal votaron por unanimidad que no aplica el delito de homicidio en su “descripción típica” en este caso, en referencia a la operación que se desplegó en una clínica de Santiago para suministrarle veneno a Frei hasta provocarle la muerte a los 71 años después de una intervención quirúrgica.  

Según el fallo revocatorio, la muerte del expresidente no se debió a un envenenamiento ni a una negligencia médica, sino a una complicación tras la operación a la hernia de hiato a la que fue sometido en una clínica de Santiago y a un cuadro infeccioso posterior.

La familia del exmandatario, a través de sus abogados, indicó que apelará la sentencia ante la Corte Suprema, último recurso posible, para que vuelva a aplicarse el criterio de primera instancia sobre el homicidio. 

“Señalaremos las pruebas que logró acumular el ministro [juez, Alejandro] Madrid en su larga investigación para demostrar que hubo homicidio, que hubo incidencia de elementos tóxicos, que las intervenciones quirúrgicas eran innecesarias y que la actuación de los patólogos de la Universidad Católica fue cuestionable desde todo punto de vista, tanto ético como médico”, afirmaron en un comunicado.

Según esta sentencia de apelación en segunda instancia, los hechos no logran acreditar que la muerte del presidente de Chile entre 1964 y 1970 -ocurrida en la clínica Santa María de Santiago el 22 de enero de 1982, en plena dictadura- “sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros”.

El 30 de enero de 2019, tras más de 15 años de investigación, el juez Madrid decidió condenar a los seis acusados por “homicidio luego de una intervención quirúrgica” a la que se sometió el exmandatario. El magistrado estableció una pena de 10 años de cárcel para el médico Patricio Silva Garín como autor del delito de homicidio, por encabezar la operación para suministrarle veneno a Frei. 

A quiénes beneficia el fallo

Entre los condenados figuraban Luis Becerra Arancibia, chófer personal del expresidente e informante de la inteligencia de la dictadura, y Raúl Lillo Gutiérrez, agente civil de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), como coautores del mismo delito, ambos sentenciados a siete años de cárcel.

El doctor Pedro Valdivia fue condenado a cinco años de presidio como cómplice, y los médicos forenses Helmar Rosenberg y Sergio González a tres años de cárcel en calidad de encubridores, pena que deberían cumplir mediante la remisión condicional.

El tribunal agregó que “la muerte de Eduardo Frei Montalva puede razonablemente explicarse por la sucesión de acontecimientos que, conforme se manifestó, comenzaron con su intervención quirúrgica el 18 de noviembre de 1981 y los diversos trastornos” derivados, según sostiene una explicación médica, precisó el fallo.

El rechazo generalizado de la clase política

Ante la sorpresa por el giro de un caso que parecía cerrado, la senadora Ximena Rincón, candidata a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, al que perteneció el exmandatario, aseguró que “el fallo de la Corte de Apelaciones indigna”. 

Para el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, el fallo es sin embargo “errado” y los hechos están acreditados en la sentencia anterior.

“Sabemos qué ocurrió y sabemos que si existiera colaboración de instituciones involucradas, se tendrían pruebas contundentes. Frei Montalva fue asesinado y esperamos que en la Corte Suprema así se establezca”, añadió de su lado la candidata Rincón en Twitter.

Para el diputado democristiano Gabriel Ascencio, la absolución “es un tropiezo más en la búsqueda de justicia”, pero “no es el fin del camino”.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.