Aborto por violación en Ecuador: colectivos feministas recurrieron a la Corte Constitucional contra el veto de Lasso

Colectivos feministas de Ecuador entregaron este miércoles un recurso a la Corte Constitucional para impugnar el veto parcial del presidente Guillermo Lasso a la ley que despenaliza el aborto por violación.  “Esta acción obstaculiza derechos a las mujeres, niñas y personas gestantes”, cuestionaron, al destacar que el causal de violación ya fue despenalizado por un fallo del mismo tribunal constitucional.

Las organizaciones recurrieron a la misma instancia que hace casi un año despenalizó el aborto en una histórica sentencia, esa que ahora consideran incumplida por Lasso. En el fallo de abril de 2021,  el máximo organismo de control legal del Estado obligó al Legislativo a definir una normativa que garantice la interrupción del embarazo en casos de violación.

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El mandatario, sin embargo, vetó el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto por violación que fue aprobado por la Asamblea, y propuso más de sesenta enmiendas a la iniciativa. 

Entre las sugerencias de Lasso figuran que se unifique el plazo de 12 semanas en casos de aborto por violación y tampoco aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.

Propuso, además, “requisitos” para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.

“El veto es criminal”

Virginia Gómez De la Torre, directora de Fundación Desafío, afirmó que el veto fue “elaborado con el espíritu de obstaculizar el acceso de las mujeres, niñas y personas gestantes a un aborto legal en caso de violación que ya fue despenalizado por sentencia constitucional”.

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Gómez De la Torre calificó el veto de “criminal y antiético”. “Humilla a las mujeres, promueve la muerte, la corrupción y la vulneración de los derechos”, resaltó. 

Por su parte, la abogada Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, aseguró que el veto incumple todos los parámetros establecidos en la sentencia de la Constitucional.

Y como ejemplo, refirió que la resolución impide que a través de la ley se obstaculice el acceso al aborto, medida que cree que el veto presidencial incumple al exigir que la víctima de violación tenga que presentar una denuncia penal o una declaración jurada.

“Las niñas y adolescentes mayoritariamente son violadas en un entorno cercano”, recordó Porras al valorar que exigirles la denuncia o declaración supone impedir que acudan a una interrupción del embarazo seguro, y “se decanten por abortos clandestinos que pongan su vida en peligro”.