El escenario ideal para la paz

Colombia

El abogado de las FARC Enrique Santiago sostiene en este diálogo que el gobierno y la guerrilla podrían llegar a un acuerdo próximamente. Sin embargo, el conflicto entre ambos es complejo y no puede reducirse. Para Santiago, la clave está en no plantear al proceso de paz como un escenario en el que se juzgará a una sola de las partes. Para él, todos deberán sentarse en el banquillo.

Juan Manuel Santos, presidente- Foto: AP

Redacción- Semana (Colombia) 

A Enrique Santiago se le conoce en España de dos maneras. Una como dirigente político del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y otra como abogado del pueblo en causas tan sonadas como el caso Bárcenas, y en litigios de derechos humanos, algunos de ellos al lado de Baltasar Garzón. Desde hace un año se convirtió en el asesor jurídico de las FARC para la Mesa de Conversaciones de La Habana, por invitación y auspicio del gobierno noruego. Actualmente hace parte de la subcomisión jurídica, junto al reconocido político conservador Álvaro Leyva y al abogado defensor de derechos humanos Diego Martínez. Su visión de la justicia transicional y los dilemas que se tratan de resolver en Cuba permite ver qué tanto castigo está dispuesta a aceptar la guerrilla, y cuáles fórmulas de acuerdo hay en discusión. 

¿Entienden las FARC que hoy los procesos de paz requieren una dosis de justicia?

Las FARC entienden perfectamente el derecho internacional. Prueba de ello es que se han aprobado medidas concretas como la Comisión de Verdad, con estándares muy altos. 

¿Aceptan que podrían ir a un tribunal?

Si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que lo van a rechazar. Esa no es una alternativa porque esto no es una derrota ni una rendición.

Habrá alguna dosis de impunidad…

En Colombia hay impunidad pero no son las FARC las que han disfrutado de ella. Ese es un gran equívoco. Según el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano ha perseguido a las guerrillas. Son miles de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos. 

¿Entonces dónde está la impunidad? ¿En las Fuerzas Armadas? 

Tampoco. En casos como los falsos positivos se está avanzando, hay multitud de militares detenidos, por supuesto más tropa que altos oficiales pero no hay absoluta impunidad. Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro. 

Explíquese.

¿Dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia acaba en el palacio presidencial y en el consejo de ministros, y eso está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional.

¿Es decir que las FARC quieren que ministros y presidentes se sienten en el banquillo?

Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político.

¿Quién establece quiénes son estos máximos responsables?

Lo tenía que haber establecido la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. ¿Cómo es posible que haya solo una sentencia, una, sobre financiación del paramilitarismo? En un país donde ganaderos, gremios y empresarios han instigado, organizado, financiado el paramilitarismo para cometer crímenes de lesa humanidad. 

¿La Fiscalía no ha hecho su parte?

La Fiscalía creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso. Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto para los casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo. ¿No es eso un trabajo unidireccional?

Bueno, pero ha habido todo un proceso de Justicia y Paz…

Del que apenas hay 33 sentencias a pesar de que hubo 37.000 desmovilizados. Y esas sentencias afectan exclusivamente a combatientes. Eso es un engaño. 

¿Aspiran las FARC a una amnistía?

Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento. Ahora, todos en La Habana son muy conscientes de que los crímenes internacionales no están cubiertos por ninguna amnistía. Y que se necesita un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad sobre estos hechos, y que se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador. Eso tiene efecto de cosa juzgada en cualquier sistema jurídico. 

¿Para esos delitos fue que se creó el Marco Jurídico para la Paz?

Creo que las FARC nunca aceptarán ese marco porque a pesar de que fue pensado con buena intención tiene dos problemas: el primero
es que lo creó de manera unilateral una de la partes, sin contar con la otra. Y el segundo, más grave, es que inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por crímenes de lesa humanidad o de graves de guerra. Cuando los miembros de una organización como las FARC han pasado 50 años en armas y deciden abandonarlas, lo único que no se les puede prohibir es que participen en política. Eso no tiene ningún sentido ni está contemplado en el derecho internacional. 

Y eso afecta directamente al secretariado de las FARC…

Póngase en los zapatos de los nueve comandantes guerrilleros si quedan excluidos de la participación en política. Eso es una mala estrategia, un error, y un obstáculo muy serio que el Estado tendrá que resolver.

¿Cuál sería entonces el modelo de justicia en versión de las FARC?

La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones. La Constitución colombiana establece en su artículo 66 transitorio un instrumento extrajudicial de investigación y sanción. En derecho, cuando la sanción se cumple, se extingue la responsabilidad penal. 

¿Cómo sería ese mecanismo extrajudicial?

Hay que diseñarlo. Pero puede ser una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas. Y habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial. Este tribunal también tendrá que juzgar a quienes no quieran ofrecer verdad completa y exhaustiva, e imponerles las penas que el sistema ordinario establezca.

¿Qué tipo de penas tendrían entonces los máximos responsables?

Penas alternativas para quienes estén dispuestos a dar verdad, no dar repetición y a reparar. 

Pero la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que algo de privación de la libertad debe haber… 

Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval. 

El presidente, el procurador, los ministros y hasta el fiscal coinciden con la idea de que haya algo de privación de la libertad…

Si alguna autoridad del país cree que debe haber pena de prisión, me imagino que lo estará pensando para todo el mundo y no solo para las FARC. Por tanto tendrán que dirigirse a aquellos a los que la justicia no ha perseguido. 

En la Colombia de hoy no es viable que un presidente termine en un tribunal junto a las FARC.

Esa ya es una consideración política y lo mío es lo jurídico, y en ese terreno está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política. 

¿Lo que quieren las FARC es un trato simétrico con el Estado?

Las FARC no buscan una simetría absoluta. No están diciendo que si Timochenko va a la cárcel, Santos vaya también. Están diciendo que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir. Buscan más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos. 

¿Tendremos acuerdo sobre justicia en cuatro meses?

Perfectamente puede estar cerrado en cuatro meses siempre y cuando no haya posiciones maximalistas como que unos van a la cárcel y los otros no. Si la posición es todos vamos a la cárcel, las FARC no tendrán problema.

Pero la sociedad colombiana es maximalista…

La sociedad colombiana lo que está demandando es que no haya impunidad. El Estado debe cumplir su obligación de investigar, perseguir y sancionar, y sobre eso ya hay acuerdo. Ahora, el Estado tiene que garantizar que no va a haber repetición de esos hechos. 

El expresidente Uribe, como jefe de la oposición, tampoco dejaría pasar una fórmula de cero cárcel… 

De todos los presidentes, Uribe es el que debería estar más preocupado de que este modelo de verdad salga adelante. Insiste mucho en la prisión pero él es el que tiene más papeletas. En España tiene un proceso penal abierto y en condición de imputado. 

 

Salvador González Briceño- Alainet (Ecuador)

Sin pasado no hay presente; tampoco futuro. A Colombia, como al resto de los países de “América”, la maldición le llegó con el conquistador español. La violencia que encarnó la avaricia por el oro, las piedras preciosas y la posesión de tierras vírgenes; además la justificación papal de la Iglesia católica, calada en la espada de los aventureros que “descubrieron” el ensueño de este lado del Atlántico. Primero Colón, luego Cortés, Pizarro, Cabeza de Vaca, punta de lanza, genocidas todos.

El español trajo consigo el sello de la muerte y exterminó cientos y miles de nativos “indígenas”; epidemias aparte. “Muchos
de ellos murieron —escribió el queridísimo Gabriel García Márquez— sin saber de dónde habían venido los invasores. Muchos de éstos murieron sin saber dónde estaban. Cinco siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos”. Identidad arrebatada por el encuentro de “Dos Mundos”, como se define la impostura.

Desde entonces y con el paso de los años, los herederos orquestaran facciones, liberales y conservadores, para disfrazar la continuidad del arrebato de las riquezas, unos antes que otros y viceversa. Todo a costa, primero de los originarios, los indígenas, luego de los campesinos. Los trabajadores de las ciudades, más reciente, cuando llegó la “industrialización” a estas tierras. Ni siquiera los movimientos libertarios, como el de Simón Bolívar, lograron sacudir tamaña herencia denigrante. Hasta aquí, sin fobias ni filias; solo la historia que describe al traidor.

Entrada la época moderna, Colombia ve la luz del siglo XX envuelto en la violencia. Las diferencias entre facciones no cejan. Arrebatos por la riqueza económica, así como por el poder político. Atizan como el fuego a la pólvora que se funden en uno. La “Guerra de los mil días” entre “liberales y conservadores”, 1899-1902, dejó 130,000 muertos. Al final, por una treta doble, el desembarco de marines y un presunto “alzamiento” independentista armado —la construcción del Canal estaba en proyecto con Francia antes de la aparición de los gringos—, Colombia pierde Panamá. Es la época del “gran garrote” de Estados Unidos que llega al relevo español.

» El mismo año de 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos producto de las confrontaciones internas, en su acepción de los años 50 a los 70, como lucha armada contra los gobiernos conservadores, terratenientes y capitalistas «

Entre 1905 y 1920 llega el florecimiento de la plantación y exportación del café. Pero entre 1930 y 1946, los gobiernos liberales que no resuelven el problema de la tenencia de la tierra, generan confrontaciones entre campesinos y terratenientes. En 1948, el famoso bogotazo por el asesinato del líder izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, activa las revueltas que se generalizan por el país. Esta fase terminó en 1964 con 200,000 muertes. La crisis económica de los años 60 por la caída de los precios internacionales del café, y la profundización de los conflictos de tierras dan motivo al surgimiento de la guerrilla.

El mismo año de 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos producto de las confrontaciones internas, en su acepción de los años 50 a los 70, como lucha armada contra los gobiernos conservadores, terratenientes y capitalistas. Para EUA representan una amenaza y un peligro por la posible expansión de la Unión Soviética hacia el “patio trasero”. Son los años recios de la guerra fría.

La tirria de los gobiernos estadounidenses en esas décadas desató la reacción contra los movimientos guerrilleros en América Latina, el asesinato de líderes visibles como Ernesto El Che Guevara (en Cuba el triunfo de 1959), del presidente Salvador Allende a manos de Pinochet y luego la guerra de baja intensidad en Centroamérica. Golpes de Estado, y juicios contra el peligro de sus previamente aliados, como el caso del general Noriega en Panamá; la CIA primero, y la DEA después.

Fueron los años de la política exterior de Henry Kissinger, del activismo de la CIA y los Marines, del espionaje a la antigüita operado desde las embajadas de EUA; los tiempos de la compra de voluntades, la instalación de las bases militares así como de los peores crímenes contra la juventud revolucionaria. Son los años de la Operación Cóndor en el sur del Continente, de las dictaduras militares pero también de la Revolución Cubana que se erigió libre gracias a un puñado de soñadores que derrocó a un dictador, como tantos otros apoyados desde afuera. Sin dislocar la historia.

» El conflicto en Colombia surge y se generaliza en este contexto; una historia no resuelta y con hondas raíces. Por lo mismo, el caso colombiano es complejo y no caben el simplismo ni el reduccionismo. Por ejemplo: Colombia no es solo la confrontación entre FARC y gobierno, pese a los 51 años «

El conflicto en Colombia surge y se generaliza en este contexto; una historia no resuelta y con hondas raíces. Por lo mismo, el caso colombiano es complejo y no caben el simplismo ni el reduccionismo. Por ejemplo: Colombia no es solo la confrontación entre FARC y gobierno, pese a los 51 años. Dejar de lado los estereotipos. Si México no es el Plan Mérida, tampoco Colombia es el Plan Colombia; México no es Joaquín El Chapo Guzmán, ni Colombia es Pablo Escobar; no todos los mexicanos son narcos, tampoco los colombianos. Colombia no es solo Gabo, como México no es solo Paz; es decir, que ni reduccionismo ni estereotipos.

Mejor dicho, ambos países, así como el resto de latinoamericanos, resultan víctimas de un negocio cuyas directrices están en el norte; los principales organizadores y narcotraficantes, los de cuello blanco, del sector financiero internacional son gringos. Aparte, si el negocio es global y el resto de los procesos igualmente, el problema de las drogas es erróneo desde las políticas que parten de Washington en los tiempos de Nixon. El problema no es solo de México o de Colombia. Los implicados son todos. Los lastres no funcionarían sin los políticos y la protección desde arriba.

Incluso los asuntos propios igualmente son herencia, o forman parte del ser de los conflictos. Es el reparto de tierras, de los títulos de propiedad irresuelto así en Colombia como México y el resto de países. Porque en el trasfondo hay un reparto desigual de las riquezas, de recursos o generada. Luego entonces, la complejidad es añeja, nace en la Conquista y llega a nuestros días. Las diferencias son de clase, de poseedores y desposeídos. Se agravan con la violencia generada por el negocio de las drogas y el tráfico de armas. Son las multinacionales, particularmente gringas, que por ajenas explotan a la gente a cambio de pobreza. Colombia y México deben alejarse de la estrategia de Washington para comenzar a resolver el problema.

Durante las décadas de los 80s y 90s, los gobiernos colombianos le apostaron al terror, mezclando narcotráfico con paramilitarismo, para desgastar a las guerrillas. Pronto se dieron cuenta que violencia genera más violencia y en 1991 se creó una nueva Constitución. Ni el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ni el de Álvaro Uribe (dos periodos de cuatro años: de 2002 a 2010) lograron desactivar el conflicto. Las confrontaciones continuaron entre sendos bandos, con secuestros y liberaciones (como el de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt), hasta que en 2010 Juan Manuel Santos es electo Presidente.

» El proceso de negociación que inició en 2012, y sigue, tiene sus ritmos. Y principios: para el gobierno es la terminación del conflicto; para las FARC es paz con justicia social. Los puntos son: Política de desarrollo agrario; Participación política; Fin del conflicto «

El abril de 2011 se dan las movilizaciones sociales más importantes desde 1970, para demandar reformas del sistema educativo. Y en agosto Colombia entra a formar parte de la Unasur. En noviembre de 2012 inician en Cuba —la calidad moral para intermediar; aparte, Fidel Castro estuvo durante el bogotazo en el 48 y se había entrevistado con Gaitán— las pláticas para la paz entre las partes. Las negociaciones siguen a la fecha, sin saber cuándo termina un conflicto más viejo de América Latina, que ha desangrado a un país hermano. Hay avance en algunos puntos, faltan otros que están sobre la mesa. Atender los orígenes es buscar la salida.

El proceso de negociació
n que inició en 2012, y sigue, tiene sus ritmos. Y principios: para el gobierno es la terminación del conflicto; para las FARC es paz con justicia social. Los puntos son: Política de desarrollo agrario; Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Determinar quiénes son víctimas del conflicto armado. Hay avance, más no soluciones todavía.

No obstante, tres factores deben estar presentes cuando las partes logren limar las asperezas: a) responder a las necesidades de la gente, la población que ha sido la principal víctima; b) que el proceso culmine sin ventajas para las partes sino para el país en su conjunto; c) cuidarse del entrometimiento de Washington, que actúa por cuenta propia. Otros como la permanencia de las bases militares del Comando Sur; o las concesiones para la explotación del carbón y el oro, si es para mineras locales o extranjeras, entre otros asuntos.

 

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