La amenaza a la memoria

Argentina 
Pérez Esquivel/ Garzón 

La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad con el beneficio 2×1, en línea con la ideología del gobierno, que desde que asumió sólo impulsó el negacionismo del terrorismo de Estado. Es un ataque a las conquistas históricas de los organismos de DD. HH. con consecuencias alarmantes. Los débiles argumentos de los jueces. 

Adolfo Pérez Esquivel*-Perfil (Argentina)

El gobierno ha iniciado una campaña de desarmar la política de DDHH. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad. ¿Acaso alguien cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado turco.

Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes. ¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos?

La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios. Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios.

Toda persona que cumple una condena por delitos cometidos, debe ser tratado humanitariamente y darle todas las garantías dentro del marco de las leyes vigentes en cada país. Pero eso no significa reconciliación, ni mucho menos que el Estado les brinde beneficios por los peores crímenes cometidos en la historia de nuestra nación.

Ya de por sí se alojan en pabellones “vip” en mejores condiciones que los restantes detenidos, y son tratados de manera preferencial con regímenes permisivos, acceso a visitas especiales, computadoras y celulares. Gran cantidad de jueces les otorgan arrestos domiciliarios ante enfermedades leves o afectaciones menores, mientras que pocas veces otorgan la domiciliaria a presos comunes que padecen gravísimas enfermedades y mueren en la cárcel. La desigualdad ante la ley es muy clara.

La cúpula de la Iglesia Católica argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores, como la llamada “Ley del Olvido”, señalando que el pasado fue doloroso, pero hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación. Hoy vuelve a plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, no tiene otro sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad y resulta altamente funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado durante años.

” No hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas, arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni impunidad. El derecho es a la Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto saber, dónde están y que hicieron con los desaparecido “

Pero no basta con decir a la sociedad que todo es un hecho doloroso y que hay que mirar hacia adelante. Lo que se siembra se recoge, no hay otra alternativa. Todos y todas queremos cerrar las heridas pero no de cualquier forma y a cualquier precio. No hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas, arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni impunidad. El derecho es a la Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto saber, dónde están y que hicieron con los desaparecidos o sea, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, rompan su pacto de silencio, esa suspensión de conciencia que los lleva a la complicidad colectiva.

El Papa Francisco está colaborando con la desclasificación de archivos del Vaticano sobre lo ocurrido en la dictadura, porque sabe que no existe reconciliación, no existe paz sin justicia. Queda mucho camino por delante, y desde que asumió el gobierno de Cambiemos sólo ha crecido el negacionismo del terrorismo de Estado, el fortalecimiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de los organismos de inteligencia, la violencia institucional, la persecución política, así como también han empeorado todas las áreas vinculadas a la justicia social que nos permiten pensar a los Derechos Humanos desde una perspectiva integral y no sólo acotados a un período histórico determinado. No es casualidad que los dos jueces que propuso este gobierno para la Corte Suprema hayan votado a favor de estos beneficios a los represores, de esta afrenta al pueblo argentino, equivalente a los indultos de Menem en los años 90’s. No es casualidad que esta misma nota haya primero solicitada y luego explícitamente rechazada por la agencia de noticias oficial de la República Argentina con el argumento de que “la agencia decidió no sacar opiniones sobre el tema del 2×1”. Los grandes medios de comunicación, de antes y de ahora, siguen jugando un papel central en legitimar u ocultar estas injusticias.

Frente a estas provocaciones hay que ser claros, responderemos como siempre lo hemos hecho con la movilización no violenta de nuestro pueblo, reclamaremos la vigencia vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH como instancia internacional, pese al rechazo de esta Corte Suprema dependiente del poder ejecutivo.

(*) Presidente del Servicio Paz y Justicia y de la Comisión Provincial por la Memoria y Premio Nobel de la Paz.

Baltasar Garzón- Página/12 (Argentina)

El polémico fallo del 2×1, emitido en ajustada mayoría el tres de mayo por la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco contra Lorenzetti y Maqueda) en relación al cómputo de la pena del represor de la dictadura, Luis Muíña, supone una amenaza a las históricas conquistas que en materia de derechos humanos ha alcanzado Argentina en las últimas décadas.

Las consecuencias de esta sentencia son alarmantes. Aproximadamente unos 300 represores, es decir, prácticamente la mitad de los condenados de la dictadura, podrían ser beneficiados con esta desacertada interpretación jurisprudencial. Nombres vinculados a los más aberrantes crímenes que ha conocido la sociedad argentina, como Astiz, Radice o Cavallo podrían acogerse a los efectos extensivos de este fallo y quedar libres.

El argumento jurisprudencial expuesto por la Corte Suprema entiende aplicable al represor Luis Muíña, condenado en 2011 a trece años de cárcel, la Ley 24.390 (conocida comúnmente como ley del 2×1), vigen
te entre los años 1994 y 2001. En dicha ley se estipulaba, en su artículo 7, que “transcurrido el plazo de dos años […] se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”.

Según la Corte Suprema, la Ley 24.390 debe ser aplicada al caso ya que de lo contrario se vulneraría el principio de legalidad, al quedar afectada la regla de la ley penal más benigna. Además, la Corte Suprema entiende que la Ley 24.390 no hace excepción alguna, por lo que puede ser aplicada también a los crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, el controvertido fallo de la Corte Suprema no tiene en cuenta relevantes aspectos jurídicos que cuestionan severamente sus argumentos.

En primer lugar, es necesario recordar que el poder judicial argentino, al disponer de crímenes internacionales como la lesa humanidad, no puede resolver de manera atomizada, en un estanco aislado, atendiendo exclusivamente a criterios de su ordenamiento interno. Al conocer de este tipo de crímenes los órganos judiciales deben respetar el derecho internacional de los derechos humanos, configurado por normas imperativas de obligado cumplimiento para toda la comunidad internacional en su conjunto.

En este sentido, los instrumentos internacionales ratificados por Argentina, así como la normas de ius cogens en materia de lucha contra la impunidad, obligan a los Estados a “sancionar adecuadamente” y con arreglo a los “estándares internacionales” a los responsables de crímenes internacionales. Es por ello que las amnistías, indultos, reglas de prescripción, la cosa juzgada fraudulenta o las penas irrisorias han sido anuladas en múltiples ocasiones por instancias internacionales, al considerar que los Estados vulneraban normas internacionales imperativas, de superioridad jerárquica, que les obligaban a establecer una sanción acorde con lo esperado por la comunidad internacional. Por ello, el enjuiciamiento y condena de estos crímenes por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales debe hacerse siempre respetando las exigencias recogidas en los estándares internacionales.

” Las consecuencias de esta sentencia son alarmantes. Aproximadamente unos 300 represores, es decir, prácticamente la mitad de los condenados de la dictadura, podrían ser beneficiados con esta desacertada interpretación jurisprudencial. Nombres vinculados a los más aberrantes crímenes que ha conocido la sociedad argentina “

De esta forma, la ejecución de la pena en sede nacional está revestida de características imperativas que vienen desde el derecho internacional y de las cuales no pueden disponer las legislaciones nacionales. Aplicar este tipo de beneficios lleva peligrosamente al Estado argentino al terreno de las amnistías parciales, los indultos encubiertos o cuando menos las penas no acordes a estándares internacionales, por lo que obvia todo el acervo internacional construido en la última mitad del siglo pasado que obliga a los poderes argentinos a responder con condenas adecuadas al daño causado.

La controvertida decisión librada por la Corte Suprema no muere en el sistema judicial argentino, aunque haya sido dictada por la cúspide de su poder judicial. Al tratarse de conceptos jurídicos internacionales, como es la lesa humanidad, será con total seguridad revisada en instancias internacionales que podrían determinar que Argentina ha vulnerado principios imperativos.

Y es que este fallo afecta de lleno a la política penal de persecución de crímenes internacionales. La sentencia desplegará efectos casi exclusivamente en lo referente a criminales de la dictadura, ya que pocos condenados por delitos comunes están en las cárceles por hechos ocurridos antes de 2001, momento de la derogación de la ley. Por lo tanto, no es consecuente desempolvar esta ley derogada y afirmar que lo que se pretende es aplicar un mismo beneficio para todos, cuando se sabe, y esa es una de las perversiones del fallo, que los únicos beneficiarios serán los represores de la dictadura.

En segundo lugar, es necesario recordar que la Ley 24.390 del 2×1 tenía como ámbito de aplicación las personas que se encontraran privadas de libertad en el momento en que se aprobó, siendo aplicable sólo durante el tiempo que estuvo en vigor. Sin embargo, en el caso resuelto por la Corte Suprema el encarcelamiento de Luis Muiña fue posterior, una vez ya había sido  derogada la ley.

Por lo tanto, la Ley 24.390 no puede afectar a personas que fueron privadas de libertad por condenas posteriores, cuando ya no estaba en vigor. Se trata de una norma procesal destinada a regular la prisión preventiva, limitándola a las causas que estaban en curso en aquel momento, en un contexto en el que la prisión preventiva se había convertido en un problema en las cárceles argentinas. Una vez que el legislador entendió que el problema de la lentitud de los procesos judiciales y la prisión preventiva excesiva se había superado, se derogó la norma aprobándose la Ley 25.430 en 2001. 

Junto a los dos argumentos anteriores, es inevitable hacer referencia a la inasumible interpretación de la ley penal más benigna que hace la mayoría de la Corte. El principio jurídico penal de la aplicación de las normas sancionadoras más favorables al reo está recogido en los ordenamientos de la práctica totalidad de los Estados democráticos. Eso no se discute. Sin embargo, es necesario recordar que este principio no opera en todo tipo de normas, sino exclusivamente en el ámbito de las leyes penales.

De hecho, el Código Penal argentino recoge este principio en su Título I, denominado “Aplicación de la Ley Penal”, por lo que es evidente que rige exclusivamente en los casos de normativa penal. No obstante, la Ley 24.390 lleva la rúbrica de “Plazos de prisión preventiva”. Por lo tanto, es evidente que no estamos ante una norma penal sustantiva, donde se configura un tipo penal mediante un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica aparejada. Es decir, no son normas materiales, ya que no establecen penas en abstracto para supuestos de hecho genéricos. La Ley 24.390 es una mera norma procesal aplicable en un ámbito temporal determinado, el de su concreta vigencia, y cuya teleología era simplemente regular las dilatadas prisiones preventivas que existían en aquel momento.

” Lo que es incuestionable es que se constituye en una peligrosa amenaza a conquistas históricas de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad argentina en su conjunto. La pregunta que surge entonces es evidente a la vez que perturbadora: ¿qué ha guiado a estos ministros de la Corte a realizar este uso torcido del derecho? “

Por lo tanto, una norma que no tiene contenido penal sustantivo, y que surgió con la única finalidad de acelerar los procesos penales, en momentos en que pesaban críticas a la situación de las cárceles argentinas, no puede ser considerada una norma penal informada por el principio de aplicación de ley penal más favorable.

Unido a lo anterior es necesario recordar que los delitos de desaparición forzada de personas son delitos continuados, permanentes en el tiempo, por lo que no cesan en su comisión hasta dar con el paradero de la víctima. En este caso, Luis Muíñas fue condenado por participar en el secuestro de 22 personas en el Hospital Posadas, seis de las cuales siguen desaparecidas al día de hoy. Por lo tanto, durante el tiempo de comisión del delito rigieron dos leyes distintas, la Ley 24.390 (del 2×1) y la Ley 25.430 (que derogó la anterior en 2001) debiendo aplicarse la última de ellas, correspondiente al momento en que se termina el ciclo delictivo continuado.

En este concreto punto es llamativo el cambio de postura de la juez Highton de Nolasco ya que en decisiones anteriores, en relación al secuestro de menores, había argumentado el carácter de delito continuado hasta recuperarse su identidad, curiosamente a los efectos de determinar la ley penal más benigna. S
in embargo, en esta sentencia, dictada en un clima político distinto, el criterio ha mutado radicalmente, en lo que podría calificarse de un grosero uso alternativo del derecho en prejuicio de las víctimas.

Pero por si los anteriores argumentos no hubieran tenido peso suficiente, es necesario recordar un trascendental elemento que no puede ser obviado a la hora de aproximarnos a esta desafortunada sentencia. Durante los años que estuvo en vigor la polémica Ley 24.390, entre 1994 y 2001, existía un esquema de impunidad que impedía el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad. En Argentina durante los años 1987 a 2005 rigieron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que los órganos judiciales no podían perseguir esos crímenes. Desde el ámbito de la cooperación jurídica internacional, así mismo Argentina, a través de dos decretos presidenciales de Menen y De la Rúa, impidió cualquier cooperación con países como España, que en ese momento actuaban al amparo de la Jurisdicción Universal contra los responsables del Terrorismo de Estado. Y en aquel momento no existía una Corte Penal Internacional que pudiera conocer de esos hechos. Por lo tanto, esos crímenes de lesa humanidad gozaban de absoluta impunidad en los años en que estuvo vigente la Ley 24.390.

De esta forma, es un absurdo jurídico aplicar una ley de beneficio penal a un responsable de crímenes de lesa humanidad por un período en el que esos delitos no podían ser perseguidos. La lógica es aplastante a la vez que simple: como el mecanismo punitivo no podía ejercerse, el mecanismo de beneficio no podía desplegarse.

Por lo tanto, aplicar la Ley 24.390 como ha dispuesto la Corte Suprema supone afirmar que los años de prisión preventiva le serán beneficiados en una regla de 2×1 vigente en un momento donde Luis Muiña jamás podría haber sido sometido a esa prisión preventiva. Evidentemente carece de toda lógica jurídica. 

Así mismo, esta decisión abre el camino apenas subrepticiamente a la posibilidad de adoptar una interpretación similar respecto a las leyes de impunidad que, obviamente, son “más benignas para los responsables” que las actuales.

Como vemos la sentencia es cuestionable en múltiples aspectos jurídicos, pero lo que es incuestionable es que se constituye en una peligrosa amenaza a conquistas históricas de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad argentina en su conjunto. La pregunta que surge entonces es evidente a la vez que perturbadora: ¿qué ha guiado a estos ministros de la Corte a realizar este uso torcido del derecho? La respuesta la deben dar no solo los juristas en las publicaciones especializadas, sino quienes han cometido este atropello y hacerlo a través del proceso correspondiente frente al pueblo al que estan sustrayendo sus derechos y su seguridad.

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