La campaña contra el Estado

Ecuador

Pagar impuestos, desde el punto de vista del 1 % de la población, es ser extorsionado por el Estado, entregarle una parte de lo que uno conquistó. Cada vez que un gobierno intenta acabar con las brechas existentes entre los ricos y los pobres, se enfrenta a a una campaña política encabezada por el gran empresariado. Una estructura tributaria más justa representa una amenaza para este sector. 

Foto: La Prensa (hn)

Emir Sader- El Telégrafo (Ecuador) 

En la era neoliberal, como parte de los intentos de descalificación del Estado, se ha desatado una sistemática campaña en contra de pagar impuestos. Total, el Estado despilfarra, alimenta a burócratas inútiles para la sociedad, es fuente de corrupción, no devuelve a la gente lo que recauda. Pagar impuestos, de ese punto de vista, es ser extorsionado por el Estado, es entregarle una parte de lo que uno conquista con su propio trabajo.

Además de que el Estado haría mal uso de los recursos que extrae de las personas, incentivando que la gente no trabaje y viva de los beneficios de políticas públicas. Subsidiando el consumo de personas en lugar de impulsarlas a ganarse la vida con el sudor de su propio rostro.

Generado y fortalecido ese razonamiento, la gente reacciona mecánicamente frente a cualquier impuesto: rechazarlo, con bronca, con odio, reforzando los mecanismos de defensa frente a una nueva ofensiva del monstruo Leviatán. Sin embargo, la forma del Estado para obtener recursos para sus políticas es mediante la recaudación. Un mecanismo que, en lugar de desconcentrar renta, contribuye para concentrarla más. Porque las estructuras tributarias son socialmente injustas: el que gana más, paga menos; el que gana menos, paga más.

Gran parte de los impuestos es indirecta, es decir, el pobre y el rico pagan lo mismo. Mientras que las grandes empresas gozan de subsidios y exenciones tributarias de parte del Estado, se valen de la ley tributaria para burlar los impuestos, envían plata para paraísos fiscales (de que el HSBC de Suiza es solo un ejemplo). Como resultado, en vez de redistribuir renta, la estructura tributaria concentra todavía más la renta en nuestros países.

” Pero cada vez que un gobierno -a nivel nacional, provincial o de las ciudades- intenta corregir esas deformaciones, se enfrenta a una brutal campaña mediática y política, llevada a cabo por el gran empresariado -el más grande beneficiario de la estructura tributaria actual-, el monopolio de los medios de comunicación, los partidos de derecha y fuerzas que, aun bajo el manto de intereses populares -ONG y otras-, se oponen al Estado y a la búsqueda de recursos de los sectores más pudientes para sus políticas “

Pero cada vez que un gobierno -a nivel nacional, provincial o de las ciudades- intenta corregir esas deformaciones, se enfrenta a una brutal campaña mediática y política, llevada a cabo por el gran empresariado -el más grande beneficiario de la estructura tributaria actual-, el monopolio de los medios de comunicación, los partidos de derecha y fuerzas que, aun bajo el manto de intereses populares -ONG y otras-, se oponen al Estado y a la búsqueda de recursos de los sectores más pudientes para sus políticas.

Las experiencias de intentos de hacer aprobar reformas tributarias socialmente justas, donde la gran mayoría de la poblacion es beneficiaria -sea porque deja de pagar, sea porque passa a pagar menos- suelen frustrarse. Ello se da no solo porque los congresos suelen estar dominados por distintos lobbies vinculados a empresas, a las que no gusta nunca una justicia tributaria, sino también porque el gran empresariado -al cual le tocaría ser el único sector que pagaría más-, aliado a los medios monopolistas, logra movilizar a sectores de clase media, así como incluso de sectores populares, en contra de esas iniciativas. Es decir, sectores que serían beneficiados directamente por una reforma tributaria socialmente justa, terminan siendo dirigidos por los grupos que tendrían que pagar más impuestos, para oponerse a una iniciativa que va en la dirección de sus intereses.

Ello ha pasado en varios gobiernos, en distintos niveles y circunstancias, en muchos países, en que los medios de comunicación lideran campañas para defender a los más ricos.

El caso de Ecuador es solamente el más reciente.  Dos proyectos de ley del Gobierno, uno de elevación de los impuestos a las herencias, otro a la plusvalía, que afectarán apenas a 2% de la población -los más ricos-, encuentran resistencia en sectores medios y hasta populares, llevados por el engaño y la mentira. Increíble el milagro -o, mejor, la alienación- de sectores medios, que van a pagar menos con la nueva estructura tributaria, que va a recaer sobre los más ricos, salir a defenderlos.

Es un mecanismo alienado que reposa en el prejuicio general de que el Estado actúa contra la gente, contra las personas, contra los individuos. Como si el Estado no fuera responsable por toda la estructura pública de educación y de salud, de que puede disfrutar toa la población. Como si el Estado no fuera el encargado de atender a los sectores perjudicados por los mecanismos de concentración de renta, con políticas sociales, que benefician a los sectores más marginados y frágiles.

” Es un mecanismo alienado que reposa en el prejuicio general de que el Estado actúa contra la gente, contra las personas, contra los individuos. Como si el Estado no fuera responsable por toda la estructura pública de educación y de salud, de que puede disfrutar toa la población. Como si el Estado no fuera el encargado de atender a los sectores perjudicados “

Pero la ideología individualista y egoísta, que se pregunta siempre: ¿Cuánto gano yo? ¿Cuánto voy a perder?, impide a esos sectores darse cuenta de que van a ser beneficiarios de una estructura tributaria más justa.

Se alían, entonces, sectores del gran empresariado -donde el sector financiero tiene un rol importante-, de partidos de derecha, de los monopolios privados de los medios de comunicación, que arrastran a sectores de clase media y de algunos sectores populares, así como a grupos de ultraizquierda, para oponerse a reformas tributarias socialmente justas. Se trata de un frente político que por distintos intereses se enfrenta a gobiernos populares. Se valen del sentimiento contra impuestos, forjado cotidianamente por los monopolios privados de los medios de comunicación, en su campaña de criminalización del Estado, para movilizar a sectores diferenciados en una pelea en la que buscan obstaculizar las políticas gubernamentales.

 

Alfredo Serrano Mancilla- Miradas al Sur (Argentina)

El ruido que ocasiona una minoría muy minoritaria es habitualmente inversamente proporcional al porcentaje que representa en la sociedad. El 1% de la población ecuatoriana ha sido capaz de acaparar en las últimas semanas un excesivo protagonismo en la vida política del país.

Ese 1%, afectado esta vez por el proyecto de reforma de los impuestos sobre la herencia y sobre la plusvalía inmobiliaria,ha puesto el grito en el cielo por tener que aportar tributariamente un poco más respecto al exiguo importe con el que venía contribuyendo por estos conceptos desde hace décadas. Ese mismo 1% es el que siempre defendió un sector público corporativizado a favor de sus intereses privados que les garantizara un trato tributario beneficioso y muchos subsidios en detrimento del 99% restante. Por eso, cualquier intento de democratizar la economía les resulta totalmente intolerable.

Ciertamente, la minoría en democracia ha de ser respetada y tenida en cuenta, pero no en la forma que esta misma minoría lo exige. La esencia democrática reside precisamente en evitar que un porcentaje muy reducido logre continuamente ensombrecer cualquierdebate de
política económica que busque beneficiar al resto de la población, esto es, al 99% de la ciudadanía en Ecuador. Cuando sucede esto, cuando una minoría tiene capacidad para eclipsar a la mayoría, entonces, es preciso cuestionarse por el sentido democrático del pacto social que algunos desean para el país. Esto es lo que se llama un intento de restauración conservadora en toda regla: volver a la democracia para unos pocos, excluyente para las familias mayoritarias, esas que no heredan nada, o más bien, para esas familias que fueron desheredadas a lo largo de la historia ecuatoriana, esas mismas familias que no han visto de cerca jamás la mínima plusvalía por operaciones inmobiliarias.

” Cada vez que una propuesta económica, esta vez la llamada Ley de Redistribución de Riqueza, aboga por un cambio en el reparto del pastel con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del vivir bien de toda la ciudadanía, entonces, a laminoría del 1%“no gustar esta democracia”. La oposición conservadora en Ecuador, como representantes legítimos de unas élites, se lanza a las calles no para pedir que se mejore la salud o la educación, sino que lo hacen para defenderse a sí mismos “

En Ecuador, la nueva Constitución fijóre novadas reglas de convivencia, que permitieron iniciar un cambio de época caracterizado principalmente por una ampliación efectiva de derechos sociales para todos, sin excepciones. Este consenso ha sido ratificado cada vez que el pueblo ecuatoriano ha acudido a las urnas. Pero este gran acuerdo social no sale gratis, ni mucho menos. Lograr que en 8 años la Revolución Ciudadana haya sacado a un millón y medio de ecuatorianos de la pobreza; ser uno de los países que más invierte en educación de América Latina (5,3% del PIB); o que la tasa de desempleo esté por debajo del 5% no es resultado de ningún milagro, sino más bien de mucho esfuerzo, de voluntad política, de gran eficacia en las políticas públicas.Y, lo que no se puede olvidar, es también gracias a una decidida y virtuosa política tributaria que ha recaudado más que nunca, siempre respetando los principios de la justicia social. El que “más tiene, más paga” es, desde la ley reformatoria para la equidad tributaria del año 2007,una premisa básica para sintonizar con el nuevo paradigma económico en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Este cambio de época tributario, con un nuevo sentido común anclado en dicha premisa irrenunciable, es el resultado de otra forma de concebir el espíritu democrático de un nuevo pacto político, social y económico avalado por la mayoría social desde hace casi una década, en la que la minoría tiene cabida pero sin que ello signifique que pueda gozar del poder monopólico para imponer sus tesis y propuestas.

Cada vez que una propuesta económica, esta vez la llamada Ley de Redistribución de Riqueza, aboga por un cambio en el reparto del pastel con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del vivir bien de toda la ciudadanía, entonces, a laminoría del 1%“no gustar esta democracia”. La oposición conservadora en Ecuador, como representantes legítimos de unas élites, se lanza a las calles no para pedir que se mejore la salud o la educación, sino que lo hacen para defenderse a sí mismos, con una demanda muy clara: evadir la responsabilidad de afrontar el impuesto correspondiente a un incremento patrimonial, por ejemplo por encima de 35.400 dólares en el caso de las herencias.

Esta medida no está atentando contra el derecho a disfrutar de las herencias tal como se ha venido falazmente repitiendo, sino que esta operación económica, como tal, ha de estar sujeta a una contribución impositiva como así lo están tantas y tantas actividades económicas que se realizan diariamente. ¿Por qué ha de tener privilegios de exención esta operación económica a diferencia del pago del IVA o de otros impuestos derivados de cualquier actividad económica? ¿No es acaso la herencia una forma de permitir un determinado patrón de acumulación tal como ha demostrado Piketty recientemente en su libro El Capital del siglo XXI? La economía hegemónica es así de descarada: no quieren que la herencia sea objeto de discusión económica, ni de políticas públicas que la regulen. Esto es la imposición de  una suerte de liberalismo para gente VIP aunque sea a costa de la mayoría ciudadana.

 

Boyanovsky Bazán- Tiempo Argentino (Argentina) 

En medio de una crisis generada por el rechazo de los sectores más acomodados a dos proyectos de leyes redistributivas, entre ellas una que grava la herencia, la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, realizó un viaje institucional para discutir políticas sociales y sumar coincidencias en la región. “No se trata solo de discutir leyes de coyuntura sino de todas las políticas que queremos para nuestro pueblo”, afirmó Rivadeneira a Tiempo, luego de su visita a Montevideo y en su breve paso por Buenos Aires, antes de su regreso a Quito. La parlamentaria de la Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa, explicó que las recientes marchas opositoras en Quito y Guayaquil se dan en un contexto de “deslegitimación de nuestros gobiernos” orquestado por “la derecha”, un proceso que tiene destellos en otros países de la región.

-¿Cómo fue su reunión en Uruguay?

-Tuvimos una buena jornada de trabajo. Muy buena, excelente, tuvimos reuniones institucionales, con mis pares presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores y pudimos tener una entrevista con el ex presidente Pepe Mujica, para debatir sobre temas políticos, sobre la discusión de la redistribución de la riqueza, y con el Frente Amplio, también, compartiendo la agenda política.

-¿Qué habló con Mujica?

-Se reafirmó en el tema de la búsqueda de políticas públicas de los estados para ayudar en la redistribución de la riqueza en el continente, donde persiste la desigualdad y hay brechas enormes entre ricos y pobres, y habló sobre la responsabilidad de mirarnos como hermanos que compartimos una comunidad. También hizo un llamado a quienes han acumulado la riqueza en nuestros países.

-Tras las manifestaciones del miércoles en Quito y Guayaquil, ¿cómo está el clima?

-Ya desde algún tiempo los actores de la oposición, especialmente de la derecha, venían articulándose para generar esto que se observa en los llamados golpes blandos, que es el calentamiento de calles, la deslegitimación de los gobiernos, incluso antes de la discusión de la ley del impuesto a la herencia. Después de la última posesión de Correa en 2013, cuando propusimos desde nuestro partido, Alianza País, la enmienda constitucional para abrir el candado para la reelección, eso fue un detonante para que la oposición reaccione. Empezó esta serie de actitudes, con el apoyo de los medios monopólicos, la banca privada, y ahora continúan como reacción a estas dos leyes, que afectan a los más poderosos, ese 2% que concentra la riqueza en Ecuador.

-¿Cuáles son los lineamientos básicos de las leyes cuestionadas?

-El impuesto a la herencia se llama Impuesto para la Redistribución de la riqueza. Entre sus puntos plantea el impuesto a la herencia y para los fideicomisos fuera del país y anclados en paraísos fiscales. Establece una tabla progresiva de aportes con una base de U$S70 mil en adelante, que podría ampliarse a U$S200 mil o U$S300 mil, estamos dispuestos a debatirlo. Y se debe recalcar que en los últimos cinco años de los 16 millones de ecuatorianos únicamente 31 mil declararon tener patrimonio de herencia, así que parece que somos unos desheredados. El fin no es recaudatorio, sino más bien redistributivo. Además, las empresas que sobrepasan la herencia del millón de dólares no necesariamente deben pagar el impuesto en efectivo al Estado, la opción es que puedan repartirlo en acciones a sus trabajadores.

-¿Esos
31 mil declarantes constituyen una cifra real o ustedes consideran que hay más? 

-Los 31 mil son de un patrimonio mayor a U$S500 mil, pero se evidencia que puede haber un número mayor de quienes no declararon y quienes tienen fideicomisos en el extranjero. Es una cifra a verificar. La ley obliga a establecer un registro real del patrimonio, por lo tanto instrumenta la posibilidad de llegar a una estadística precisa.

-¿Ven que lo que ocurre en Ecuador es reflejo de situaciones en otros países de la región?

-A estas alturas, después de ocho años de haber vivido una oposición permanente al gobierno de Correa, vemos cómo estos procesos se anclan en la realidad de los países de la región y lo queremos debatir con los gobiernos y partidos de los países del bloque. Es muy claro el proceso de calentamiento de las calles, la deslegitimación de nuestros gobiernos, por eso queremos llamar a los países para fortalecer estrategias conjuntas.

-¿Cómo sigue ahora el proceso de las leyes?

-Como Asamblea hemos definido una hoja de ruta para llevar adelante el debate de la ley del impuesto a la herencia y a la plusvalía. Se trata de analizar y debatir no solo estas leyes sino el tipo de país que queremos: el país de la acumulación del capital o el que construye políticas para la justicia social. Las leyes fueron retiradas por el presidente luego de haber ingresado a la Asamblea a raíz del conflicto generado, y serán eventualmente reingresadas. Pero no se trata solo de discutir leyes de coyuntura sino de todas las políticas que queremos para nuestro pueblo.

-¿Cómo ven la próxima llegada del Papa a Ecuador programada para el 5 de julio, en este escenario?

-Con mucha alegría de saber que viene el primer Papa latinoamericano. Haciendo un llamado al pueblo de Ecuador a mantener calma y el diálogo, sabemos que hay sectores que quieren incendiar el país para evitar la llegada del Papa, y es indispensable garantizar la paz. Queremos que el Papa pueda conocer la situación en Ecuador. Va a estar en Quito y en Guayaquil con una agenda y debemos garantizar la seguridad para el cumplimiento de esa agenda. Que en su visita pueda implementar lo relacionado con las políticas de redistribución de la riqueza, que ya mencionó hace un año como llamado a los estados del mundo. Nos interesa conocer la última encíclica sobre el medio ambiente, ya que el presidente Correa fue el único convocado para dar una charla en el Vaticano por esos temas, sobre los cuales se ha pronunciado.

 

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