Dom 24 Jun 2018
El nuevo Presidente Moreno, en legítimo afán de marcar estilo propio y condiciones de gobernabilidad, optó por el extraño camino de desacreditar a su antecesor y su legado, de distanciarse del movimiento Alianza País y su programa de gobierno. En cambio, para diversificar su entorno, generó diálogos con sectores empresariales, políticos y otros, concediendo igual estatus a intereses y derechos. En este ambiente, tan distinto de aquel de refundación constitucional del Estado ecuatoriano, se ha convocado una Consulta Popular y se ha llegado a hablar también de una nueva Asamblea Constituyente.
Tras el paso de los devastadores huracanes Irma y María, se devela el padecimiento de los puertorriqueños. Su condición colonial se enfatiza como un boomerang de desalientos e imposibilidades, cuando la gente desesperada clama auxilio. Pero el huracán neoliberal llegó hace rato. Quiebra, más de US$70.000 millones de deuda. Privatización, venta del país y éxodo. Es un pueblo hermano, herido, desesperado.
Considerando el proceso histórico y el escenario actual, la política de Trump hacia Cuba puede interpretarse como un intento de marcar distancias con la administración precedente, así como una concesión al sector ultra del exilio cubanoamericano que ayudó a Trump a ganar la Presidencia desde Florida. Por más retórica de Guerra Fría que utilice el presidente Trump, al final se encontrará en la disyuntiva de elegir entre una política exterior pragmática, adecuada a la actual geopolítica latinoamericano-caribeña, así como a un sistema internacional en creciente multipolarización; o el regreso a una política exterior que se ha demostrado anacrónica.
El país está en un momento crucial, la relación del pueblo con la democracia se resquebrajó y se muestra como una farsa porque las principales medidas las toma el poder ejecutivo sin discutir con la sociedad civil, ni siquiera escuchando a los movimientos sociales ni a los cuerpos de saber especializados. Es un gobierno que gobierna sin el pueblo y contra él, que ha abandonado el estatuto de la democracia y ha instado claramente a una dictadura civil. El objetivo final de los golpistas es crear las condiciones políticas para traspasar gran parte de la riqueza nacional a un pequeño, aunque poderoso, grupo de empresas.
En medio de la emergencia generada a consecuencia de los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre, en México se cumple un año más en el que el dolor y el sufrimiento generado por los trágicos sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, todavía no encuentra las respuestas que las víctimas han estado buscando desde hace tres años. La contingencia que enfrentamos no puede ser óbice para que la sociedad recuerde y reitere su exigencia de verdad, justicia y reparación ante estos hechos, respecto de los cuales, debe reiterarse, no puede haber olvido ni impunidad.
Uno de los mitos más arraigados en las economías contemporáneas, es aquel según el cual la iniciativa privada es el motor del desarrollo económico. Es un mito que se reitera tanto en períodos de auge como de crisis, pero que resulta especialmente problemático y peligroso en tiempos de declive. Ya en el siglo XXI, los ejemplos de que el desarrollo económico y social es un asunto de Estados intervencionistas, más que de emprendedores individuales, siguen multiplicándose. Sólo el Estado es capaz de imponer la cordura, de crear las coordenadas bajo las cuales los comportamientos individualistas y egoístas sean reemplazados por procesos que propendan al bienestar común.
El ascenso de la extrema derecha no se logra solamente por la conquista de sectores de la derecha, sino sobretodo por el debilitamiento de la socialdemocracia. La derecha sigue hegemónica en Alemania, en España, en Francia, en Gran Bretaña. La ultraderecha defendió el empleo a través de diagnósticos discriminatorios y racistas, como si fuera la culpa de los inmigrantes –africanos, musulmanes, mexicanos, en el caso de EE. UU. Pero donde la izquierda mantiene perspectivas antineoliberales, defiende políticas sociales, entre ellas las del empleo –como en Brasil y Argentina–, la perspectiva del crecimiento de la ultraderecha queda limitada a temas ideológicos y políticos, sin reivindicaciones sociales importantes.
Trump fue a la Asamblea General de la ONU a amenazar a estados soberanos. El imperio estadunidense necesita que los gobernantes de los 193 países integrantes de la ONU actúen como compradores de armas, obedientes a las órdenes de Washington, reproductores de sus entendederas sobre la paz mundial, la democracia, la libertad y el libre comercio. De todas formas, ¿está en condiciones Trump de convertir sus enésimas amenazas en políticas oficiales?
La derecha no tiene nada distinto que proponer. Lo que cambian son las formas de acción. Ahora, forjan alianzas explícitas entre sectores del Poder Judicial – y de la policía – con los medios, para la espectacularizacion de procesos judiciales y acciones policiales y para hacer efectiva la judicialización de la política. Aunque los objetivos siguen siendo los mismos: acaparar el poder político en manos de la banca privada, destruir el patrimonio público, los derechos de los trabajadores y los programas sociales, así como la soberanía en la política externa de nuestros países.
El sismo revivió la memoria de la tragedia. Como hace 32 años, la sociedad civil se ha organizado de una forma mucho más dinámica que las propias autoridades. Ese surgimiento de la solidaridad que cambió para siempre el tejido social de los habitantes de la Ciudad de México en el 85 se activó en este 2017. Muchos jóvenes y colonos han aprendido que lo importante son los miles de brazos, cubetas, palas, picos, agua para rescatar a los suyos.
Entre 2006 y 2015, los países de América Latina en los que se encontró acaparamiento de tierras destinado a cultivos alimentarios, abarcaron una superficie de 3 927 450 hectáreas, mediante 59 adquisiciones. Se trata exclusivamente de inversiones extranjera. Los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder, y se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI). No sólo acaparan tierra para la industria alimentaria, también para la minería, agrocombustibles y reservas acuíferas.
Kuczynski decidió confrontar con el Congreso en un pésimo momento, ya que actualmente su gestión alcanza un 77% de desaprobación. Tal y como marca la ley, luego de que el Congreso niega la confianza al gabinete ministerial, éste debe renovarse en su totalidad. Por su parte, los nuevos ministros deberán comparecer ante el Parlamento para ser ratificados. En el caso de que el Legislativo los vuelva a rechazar, el presidente está facultado para cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Quiénes llegarán a concluir su mandato en 2021 se erige como el gran interrogante.
Según las primeras informaciones, la movilización de campesinos sin tierra y militantes del Partido de los Trabajadores fue muy superior a la convocada por los adictos al juez Sergio Moro. A su paso por Curitiba, Lula tenía la voz afónica después de 20 días de caravana en colectivo por la región nordeste donde constató que su popularidad está viva, una aprobación que se repite en otras regiones del país por lo que su nombre aparece primero en todas las encuestas de opinión sobre las elecciones del año que viene. Ya avisó que no dejará de recorrer el país para garantizar a sus derechos políticos amenazados por facciones del poder judicial, del cual Moro es la figura descollante.
El sismo se abatió sobre una zona del país que ha padecido con particular intensidad los efectos de la política económica en curso y los vicios del sistema institucional: desdén oficial al campo y a los pueblos indígenas; desempleo, marginación, servicios insuficientes –los de salud y educación, en primer lugar–; cacicazgos; corrupción; carencia de mecanismos de justicia, y prácticas antidemocráticas. Los mismos habitantes se han organizado para ayudarse unos a otros, remover escombros e improvisar albergues. Es probable que la reconstrucción también parta de ellos, teniendo en cuenta las débiles acciones del gobierno nacional.
No hay ninguna crisis institucional, ni ningún escándalo de corrupción como titularon diarios argentinos. En esencia, el problema es de no presentar los comprobantes de gastos efectuados con las tarjetas corporativas de Ancap. A ello, se agregan errores de Sendic y declaraciones que no atenuaban o profundizaban los mismos. Institucionalmente y normalmente asumirá su cargo Lucía Topolansky. Es momento de aprovechar la nueva situación para generar un nuevo acuerdo político entre sectores y bases, para asegurar una verdadera dirección de la fuerza política, para tener mayor acercamiento con la sociedad.
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