Vie 23 Jun 2017
Colombia

La paz, 180 días después

Javier Calderón Castillo

Los últimos seis meses han demostrado que implementar el acuerdo de paz resulta un desafío más arduo que la negociación. Además, la paz se enfrenta a la corrupción, a la tradición amañada de interpretar las leyes, al duro contubernio de la violencia paramilitar con el statu quo en algunos municipios y departamentos, y a la desesperanza social, producto de tantos años de guerra.  

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Javier Calderón Castillo- Celag 

Llegado el día 180 desde el inicio del proceso de implementación del acuerdo de paz, marcado por múltiples obstáculos y polémicas, resulta importante realizar una síntesis crítica del estado de situación de lo pactado entre las partes (Estado-FARC-EP), cuyos hitos más importantes son: la destrucción del armamento guerrillero, que se encuentra en proceso de almacenado y custodia por la ONU, y la reglamentación de todo el andamiaje institucional, jurídico y presupuestal para el cumplimiento de los cientos de compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

Los últimos seis meses han demostrado que implementar el acuerdo de paz resulta un desafío más arduo que la negociación: durante 53 años de guerra los funcionarios públicos se adoctrinaron en el combate al “enemigo interno” y les viene costando cambiar su mentalidad burocrática y guerrerista, más cuando desde el gobierno no se trazan directrices prontas y claras para el cumplimiento de los acuerdos. Pero, además, la paz se enfrenta a la corrupción, a la tradición amañada de interpretar las leyes, al duro contubernio de la violencia paramilitar con el statu quo en algunos municipios y departamentos, y a la desesperanza social por la crítica situación económica-laboral que viven las mayorías, una dura realidad que no encuentra alivio en el proceso de paz.

Estos seis meses de implementación del acuerdo de paz demuestran que la esfera política en Colombia está herida por la guerra, y una parte significativa de los políticos, empresarios y medios de comunicación no quieren que se cure, porque encontraron en ella una turbia forma de manipular sentimientos y pasiones de la ciudadanía para ganar votos, dinero y puntos de raiting.

1. Avances a cuentagotas

El último día de vigencia de las facultades presidenciales especiales otorgadas por el Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos firmó 34 Decretos Ley que llenan de oxígeno la implementación del acuerdo de paz -empantanada hasta el momento por múltiples obstáculos legislativos, institucionales y judiciales-, y prometen generar las condiciones para culminar la transformación de las FARC-EP en un partido con plenas garantías constitucionales que empiece a competir con su programa e ideario en el escenario político y cultural. Se espera que esos decretos empiecen a encaminar la reforma rural integral, la reforma al sistema político y a la concreción definitiva de la Justicia Especial para la Paz, hoy en peligro por cuenta de los laberintos jurídicos en que los opositores pretenden hundir los acuerdos.

Para concretar la paz se necesita, entre otras cosas, una nueva arquitectura institucional, porque la estructura de la nación se amoldó a la economía de guerra y depende, en muchos territorios, de poderes fácticos respaldados por el paramilitarismo. Con esos 34 decretos, el gobierno avanza en decisiones clave sobre los seis puntos en que está subdividido el acuerdo –Reforma Rural, Participación Política, Cultivos Ilícitos, Víctimas-Verdad, Reintegración y dejación de armas e implementación-. En el punto referido a la reforma rural integral-RRI, se expidieron importantes decretos (No. 882, 884, 890, 893, 902, mayo 29 de 2017), que abren el camino para desarrollar la reforma rural[1], como el de servicio educativo estatal rural, que permite contratar más docentes  los fondos de hectáreas de tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET encargados del fomento financiero y técnico agropecuario, y otras necesidades de infraestructura rural como la electricidad.

En el punto de participación, mediante el decreto 895 se crea el “sistema de seguridad para el ejercicio de la política”, que incluye medidas de seguridad para las personas que integren el nuevo partido de las FARC-EP, y de los miembros de otros movimientos sociales y populares, que estén siendo víctimas de amenazas y asesinatos[2], y reconoce las condiciones para dignificar el ejercicio de la política y brindar garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de los opositores al gobierno. En consonancia con el anterior decreto, se reestructura la Fiscalía General de la Nación a través del decreto Decreto 898[3], que crea la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Falta en esta materia que el Congreso de la República apruebe el texto del nuevo sistema político y electoral que concrete la apertura democrática.

" Estos seis meses de implementación del acuerdo de paz demuestran que la esfera política en Colombia está herida por la guerra, y una parte significativa de los políticos, empresarios y medios de comunicación no quieren que se cure, porque encontraron en ella una turbia forma de manipular sentimientos y pasiones de la ciudadanía "

Se reafirmó con el decreto 896 (29 de mayo) la voluntad estatal de cambiar su política represiva sobre el campesinado respecto de la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Esta disposición crea, a cargo de la consejería para el posconflicto, el “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”, con el objetivo de promover la sustitución voluntaria de dichos cultivos, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan de ellos su subsistencia.

Respecto de la reincorporación y dejación de armas de los exguerrilleros, se expidieron varios decretos: el 897 del 29 de mayo, que cambia el nombre y algunas funciones de la entidad encargada de la reincorporación de alzados en armas por “Agencia de Reincorporación y Normalización”. Tendrá en adelante las facultades para desarrollar y gestionar, coordinada con presidencia y otras instancias, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP; el decreto 899 que permite la creación y el financiamiento estatal de Ecoomun, una empresa cooperativa destinada a la reintegración económica de los exguerrilleros. En este paquete de disipaciones se incluye el decreto 900 para la suspensión de ordenes de captura y seguridad jurídica de los exguerrilleros[4], un paso fundamental para el desarrollo de la implementación, ya que su definición tardía ha generado varios impases  tales como la captura de guerrilleros que estaban siendo atendidos en hospitales o cumpliendo actividades del propio proceso de paz.

A estos importantes decretos, se sumó el que permite la prórroga, hasta el 31 de julio de 2017, de las Zonas Transitorias de Normalización, donde están ubicados los más de siete mil excombatientes, y genera las condiciones para desarrollar, en esas instalaciones transitorias, los programas económicos, educativos y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la reincorporación. Igualmente se establece un calendario adicional de 20 días para culminar el trabajo de dejación de armas de la guerrilla, cuyo retraso tiene como principal responsable a la burocratización de la primera etapa de la implementación y los retrasos en las obras necesarias para el almacenamiento y registro de las armas.

Con todo y esas disposiciones presidenciales, la implementación tiene varios obstáculos por delante, quizás igual o más difíciles que hasta el momento. El gran segmento de la población que está a favor de la paz, tiene el rol fundamental de contribuir a la construcción de un clima en favor del proceso que sensibilice al Poder Judicial, obligue a los funcionarios públicos, y que movilice a la sociedad para impulsar el proceso.

2. Obstáculos, oportunidades y aprendizajes de estos 180 días de paz

El retraso burocrático-gubernamental para implementar los acuerdos no ha sido el único obstáculo de este proceso. La bancada parlamentaria de la ultraderecha y un sector del Poder Judicial han desarrollado una estrategia de boicot a la paz, apuntando a los nodos más importantes del acuerdo: la seguridad jurídica y las condiciones políticas y económicas para la reincorporación a la vida civil de la guerrilla.

El pasado 17 de mayo, la Corte Constitucional emitió sentencia de inconstitucionalidad de dos artículos del Acto Legislativo para la Paz, que permitía al ejecutivo tramitar leyes en el Congreso de forma rápida (Fast-track) para que fueran votadas sin la discusión punto por punto del articulado de las leyes, y obligaba a ser votadas en bloque y completas. Ello garantizaba que los acuerdos fueran expresados correctamente en los textos de las leyes que les dan viabilidad, sin trampas o renegociaciones. De igual manera, la Corte le quitó al Poder Ejecutivo la potestad de avalar las modificaciones a los proyectos de ley, lo cual abre la posibilidad de que el Acuerdo de Paz sea cambiado en el Congreso, después de la entrega de armas de la guerrilla y sin participación de las FARC-EP[5]. Se puede decir, que la Corte Constitucional ayudo a los enemigos de la paz a tenderle una emboscada al acuerdo[6].

Ese era el propósito del ultraderechista Centro Democrático al interponer la demanda de inconstitucionalidad del Acto Legislativo para la Paz que finalmente fue considerada por la Corte Constitucional. Hoy aspiran a imponer sus puntos de vista sectarios y guerreristas en las leyes tramitadas en el Congreso para transgredir el pacto de paz, en específico la Justicia Especial para la Paz, que les obliga a algunos empresarios y militares afines a ese ultraderechista partido, a presentarse a responder y explicar ante el tribunal de la verdad por sus vínculos con las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. El Congreso puede favorecer la pretensión del uribismo de impedir la participación política de la guerrilla, dejarlos sin recursos para la reintegración, impedir la verdad para la reparación de las víctimas y lograr impunidad para los financiadores y promotores del paramilitarismo y las violaciones estatales a los derechos ciudadanos[7].

" El retraso burocrático-gubernamental para implementar los acuerdos no ha sido el único obstáculo de este proceso. La bancada parlamentaria de la ultraderecha y un sector del Poder Judicial han desarrollado una estrategia de boicot a la paz, apuntando a los nodos más importantes del acuerdo: la seguridad jurídica y las condiciones políticas y económicas "

En los próximos días se viene otro round para la implementación de la paz, porque la Corte Constitucional deberá emitir concepto sobre la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, clave para la seguridad jurídica de las partes. Se espera que la Corte se expida de forma favorable para continuar con la construcción de la paz, de lo contrario, el acuerdo estará herido de muerte y pasaría a ser prácticamente inexistente[8].

Un mensaje del poder judicial que debe estar acompañado por acciones positivas del gobierno, de la guerrilla y de los medios de comunicación, orientados a cambiar el escepticismo ciudadano sobre la paz, como, por ejemplo, cumplir con la ley de Amnistía e Indulto y con la conformación del partido político de las exguerrillas. Según varios sondeos de opinión, la tendencia es de escepticismo respecto de la confiabilidad en los acuerdos, el 62% no cree que se vayan a cumplir los acuerdos, el 55% no le cree al gobierno y el 68% no le cree a la guerrilla, un enojo que sólo se revierte anunciando cambios en el rumbo de la política económica. El país está cansado de los efectos empobrecedores del modelo neoliberal profundizado por el uribismo y el santismo, como lo demuestran las movilizaciones populares en Buenaventura, en el Chocó y de los docentes en todo el país.

Uno de los grandes aprendizajes de estos 180 días es que solo con la movilización social y un compromiso real de los factores de poder será posible avanzar hacia una paz estable y duradera para Colombia. Una oportunidad en esa dirección puede estar en el “pacto nacional por la paz”, acordado en la negociación, que puede incluir a todos los sectores del país, en especial a los dueños de los medios de comunicación, y a los periodistas para que contribuyan en ese propósito y desistan de seguir abriendo y profundizando las heridas de la guerra. Esta vuelta a la paz en 180 días no ha sido fácil, sin embargo y por ahora, la firma de decretos del presidente Santos alivia la tensión reinante, y conmina a los demás poderes públicos a expedirse positivamente. Ojalá entiendan las Cortes, los militares, los congresistas, los jueces y los fiscales que la paz es un derecho del pueblo colombiano.

Notas

[1]http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20902%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

[2] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/04/27/colombia-42-lideres-sociales-asesinados-en-el-transcurso-de-2017/

[3]http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20898%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

[4]http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20900%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

[5] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-pone-temblar-el-fast-track-articulo-694334

[6] http://www.celag.org/la-paz-procesada/

[7] http://www.pares.com.co/columnistas/a-colombia-la-gobierna-el-miedo-al-uribismo

[8] http://www.semana.com/nacion/articulo/claves-para-entender-la-jep/526869

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